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Congreso de los Diputados

Unidos Podemos insta al Gobierno a detener las obras de la presa de Yesa

El coste de las actuaciones es ya más del doble del adjudicado y su conclusión estaba prevista hace 12 años

Comparativa entre la actual presa, de 76 metros de altura, y la futura del recrecimiento, que llega ya a 104 metros sobre cimientos.

Comparativa entre la actual presa, de 76 metros de altura, y la futura del recrecimiento, que llega ya a 104 metros sobre cimientos.

ANDER LUQUIN / J.A. GOÑI
Actualizada 01/07/2018 a las 12:02
  • europa press. madrid

El Grupo Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea registró este jueves en el Congreso una moción consecuencia de interpelación en la que insta al Gobierno a detener las actuaciones relativas a la presa de Yesa (Navarra), en torno a Sigüés (Zaragoza), hasta que se realice un estudio que garantice su seguridad.


El diputado de Podemos Pedro Arrojo defendió este miércoles una interpelación al respecto ante el Pleno de la Cámara Baja, en la que cuestionaba el sobrecoste de las obras de recrecimiento de la presa, así como la seguridad para los ciudadanos que viven en municipios cercanos.


Por su parte, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, que dijo esperar "positiva" la moción del grupo parlamentario morado porque "en materia de agua hay mucho por hacer", garantizó, eso sí, que la actuación en la presa era "lo suficientemente estable y segura".


No obstante, en la moción registrada por Unidos Podemos, se pide detener las actuaciones en torno a Sigüés y abrir una moratoria hasta que se estudien los "problemas geotécnicos" de la presa y un grupo de expertos de "reconocido prestigio", con "la confianza de todas las partes", haga "las recomendaciones oportunas".

APERTURA DE UN DIÁLOGO SOCIAL E INSTITUCIONAL

Asimismo, se pide la apertura de un proceso de diálogo social e interinstitucional sobre el recrecimiento de Yesa, con la promoción de una comisión integrada por el Ministerio de Transición Ecológica, la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), los Gobiernos de Aragón y Navarra, los ayuntamientos implicados, las asociaciones de afectados y las comunidades de regantes de Bardenas, en Navarra.


Se pretende con ello corregir "una temeraria estrategia de opacidad y autismo autoritario" encabezada, según la formación morada, por el anterior Ejecutivo. "Desgraciadamente", señala, "ni los deslizamientos habidos, ni la creciente alarma ciudadana, ni las demandas de los ayuntamientos, del Parlamento y del Gobierno navarros, ni los estudios científicos-técnicos publicados, ni los crecientes y desmedidos costes de la obra llevaron en ningún momento a reconsiderar el proyecto".

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En este sentido, la moción hace referencia a los "importantes deslizamientos" que se produjeron en 2013 en la ladera derecha de la falla sobre la que se asienta la presa y que provocaron "la urgente expropiación" de dos urbanizaciones que quedaron "gravemente afectadas". Por ello, solicita también la prevención de los problemas que generarían nuevos deslizamientos y la "necesaria modernización" del sistema de riego en Bardenas, que Podemos considera que se verá "gravemente afectado" en caso de nuevos deslizamientos.


El escrito señala que informes técnicos de los profesores Antonio Casas y Antonio Aretxabala, de las universidades de Zaragoza y de Navarra, respectivamente, ya alertaban de los riesgos que se confirmaron después con los deslizamientos de 2013.

ACTUALIZAR LA LEGISLACIÓN "DESFASADA"

Podemos reclama al Gobierno también reformar la legislación y la normativa vigente en materia de seguridad de presas --"desfasada", según Arrojo, y "digno de toma en consideración", según la ministra Ribera--, y establecer un "factor de seguridad" ante posibles deslizamientos de laderas y taludes de la falla activa en la zona. Con ello, exige que España se ponga al nivel de Estados Unidos, Portugal e Italia, y remarca que en esos países el recrecimiento de Yesa sería "ilegal".

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Por último, Unidos Podemos lamenta el aumento del coste de las obras desde su adjudicación en el año 2000, cuando se presupuestaron 113,5 millones de euros, en un plazo de ejecución de 55 meses. Sin embargo, tal y como recoge el partido morado, transcurridos 12 años desde el final de las obras previsto, el coste es de al menos 253,5 millones y será, según constató el Tribunal de Cuentas con cálculos de la CHE, de un total de 348 millones.

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