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Los 12 temas que más quejas suscitan en Navarra, según el Defensor del Pueblo

Enériz advierte sobre el aumento de menores en situación de desprotección y llama a "estabilizar" Educación

Imagen del Defensor del Pueblo de Navarra, Javier Eneriz.

El Defensor del Pueblo de Navarra, Javier Eneriz.

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Actualizada 14/06/2018 a las 12:02
  • europa press. pamplona

El Defensor del Pueblo de Navarra, Javier Enériz, ha presentado este jueves ante el pleno del Parlamento el informe anual correspondiente al ejercicio de 2017, un dossier que contempla 2.412 actuaciones, 447 más que en 2016, lo que supone un aumento del 22,7%.


La labor desplegada en 2017 ha permitido hacer llegar a las administraciones públicas de la Comunidad foral 118 sugerencias (otras 42 de índole normativo), 232 recomendaciones y 122 recordatorios de deberes legales (en total 514 decisiones). Todo ello fruto de los 8.160 ciudadanos que se han dirigido a la institución para, entre otros, realizar 1.231 consultas y presentar 921 quejas (han gestionado 1.121 expedientes), el 85,5% admitidas a trámite y el 71,9% fundadas.


Se han practicado 826 investigaciones, 787 de ellas con motivo de las quejas recibidas, 28 de oficio, nueve a propuestas ciudadanas y dos en razón de los informes elaborados.
Las doce materias en las que más quejas se han recibido han sido, por este orden, educación, función pública, bienestar social, medio ambiente, acceso a un empleo público, sanidad, hacienda, vivienda, urbanismo, tráfico, seguridad ciudadana y trabajo.

Por lo que se refiere a la primera de las materias, educación, se presentaron 156 quejas, entre las que destacan las cuatro relacionadas con situaciones de acoso escolar y aquellas alusivas al baremo de admisión de alumnos en centros públicos y concertados, incluidas las vinculadas a actuaciones fraudulentas en materia de empadronamiento y declaraciones de renta para el ingreso en Infantil.


Las protestas alcanzan también al transporte escolar (Ansoáin, Nuevo Artica, Beriáin), así como a la supresión del nivel A1 de inglés en la EOI de Pamplona y a la inexistencia de grado medio de auxiliar de enfermería en horario nocturno en Tudela.


En segundo lugar, se sitúan las quejas (96) referentes a función pública, entre las que sobresalen las 1.838 firmas que alegan trato discriminatorio y desfavorable en la edad de jubilación del personal sanitario acogido al régimen de Seguridad Social, en comparación con el del sistema de Montepíos, por cuanto este puede retirarse a los 60 años.
Otros 46 ciudadanos cuestionan la interpretación que el Departamento de Educación hace respecto del personal docente con contrato temporal menor a un año, al que "los días no lectivos se le computa como vacaciones". Completan este apartado las cinco quejas de policías municipales y un sindicato por el impago de los complementos específico y de turno rotatorio contemplados en la Ley Foral 15/2015, y la suscrita por diez técnicos de prevención de riesgos laborales referente al carácter "obligatorio y no remunerado de acciones formativas antes voluntarias y retribuidas".

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La tercera posición la ocupan las quejas (86) relativas a bienestar social. De ellas, 19 aluden a cuestiones relacionadas con la protección a la infancia y la adolescencia, entre las que destacan las relativas al desamparo de menores, la custodia entre progenitores separados y el régimen de funcionamiento de los puntos de encuentro familiares.


Asimismo, constan otras 13 conectadas con la Renta Garantizada, tanto en lo que atañe a su denegación, como en lo tocante a la demora en la concesión o renovación. A pesar del carácter inembargable de esta prestación pública, se siguen recibiendo quejas, en este caso dos, de ciudadanos a los que alguna Administración pública les embarga su importe.


También constan tres denuncias de violencia de género hacia mujeres por parte de sus exparejas y seis por inadecuada atención de trabajadores sociales.
En cuarto término, se sitúan las quejas (66) referentes al medio ambiente, donde, al igual que en ejercicios precedentes, dominan las alusivas a los ruidos por actividades de diversa índole y, en especial, las derivadas de la contaminación acústica procedente de bajeras de jóvenes, negocios de hostelería, camiones de la basura y fábricas. Asimismo, se han presentado quejas relativas a la denegación de información ambiental, a la no contestación de denuncias, a la protección de la fauna y la caza, y a licencias de actividades clasificadas.


En quinto lugar, se ubican las quejas (56) de acceso a un empleo público en condiciones de igualdad, mérito y capacidad en los departamentos de Educación, Salud, y Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia. Se cuestiona la gestión de las listas de aspirantes a la contratación temporal y se expresa el desacuerdo con la modificación de la prioridad de las personas con discapacidad en los listados de contratación.

La sexta materia es sanidad, entre cuyas quejas (55) sobresalen las que muestran su disconformidad con la atención clínica recibida, así como con las listas de espera (sobre todo, en el área de traumatología y rehabilitación) y la denegación de prestaciones sanitarias y el reintegro de gastos.


En hacienda siguen predominando las quejas (48) inherentes al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. También constan otras sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (en los casos en los que no ha habido incrementos del valor del terreno) y por la no exención del pago de la contribución urbana, en este caso a cargo de una sociedad concesionaria de una autovía de Navarra, que esgrime disparidad en relación a la normativa estatal.


En octavo lugar, figura vivienda, cuyas quejas (35) se refieren principalmente a la disminución de las ayudas públicas al arrendamiento, a los desperfectos en viviendas protegidas y a las dificultades para acceder a otras VPO que se adecúen mejor a las necesidades familiares.


En noveno lugar, se sitúa urbanismo, donde, como es habitual, se acumulan quejas (33) referentes a la inactividad de algunos municipios en la adopción de medidas de protección de la legalidad ante posibles incumplimientos de la normativa urbanística. A su vez, han llegado algunas reclamaciones relacionadas con la gestión urbanística y la falta de contestación de algunos ayuntamientos a solicitudes de información.

EL 53,9% DE LAS QUEJAS, A LA ADMINISTRACIÓN FORAL

El mayor número de las quejas presentadas en 2017 se formuló en relación con la Administración de la Comunidad foral, incluyendo sus organismos públicos y sus sociedades públicas. Se presentaron 496 quejas, que representan el 53,9% del total.
Dirigidas a las distintas entidades locales y sus entes dependientes, se presentaron 247 quejas, que representan el 26,8% del total. Le siguen las quejas dirigidas a la Administración del Estado, que se elevan a 87, lo que representa un 9,4%.


En cuanto al medio utilizado para presentar las quejas, la principal vía ha sido a través de internet (51,2%). En segundo lugar, están las quejas presenciales (37,7%), seguidas de las dirigidas por correo ordinario (11%).
Tras el estudio de las quejas se han dictado 398 resoluciones, lo cual supone un aumento de 78 respecto a 2016. El grado de aceptación de las decisiones del Defensor alcanza el 61,4%, en la línea del ejercicio anterior, que fue el que mayor rechazos registró.


Del conjunto de la actividad desarrollada el año pasado a partir de quejas, consultas, actuaciones de oficio, propuestas de mejora e informes especiales se puede concluir, según precisa Javier Enériz, Defensor del Pueblo, que los campos que requieren mayor atención son "bienestar social, educación, sanidad y función pública".


A ese respecto, Enériz ha advertido que "convendría hacer una reflexión sobre el aumento de menores en situación de desprotección". También considera que Educación "se ha convertido en un campo de fricciones", por lo que "hay que buscar elementos que doten de estabilidad a este ámbito."

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