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Laparra ve una "buena noticia" la sentencia del TC sobre la ley de vivienda y anuncia un nuevo plan

La ley permite al Gobierno foral sancionar y expropiar inmuebles vacíos a personas jurídicas

Edificios de viviendas en el Paseo Sarasate de Pamplona, con el Edificio Singular al fondo.

Edificios de viviendas en el Paseo Sarasate de Pamplona, con el Edificio Singular al fondo.

Actualizada 11/04/2018 a las 08:55

Hasta un máximo de 13.000 viviendas navarras podrían sufrir una penalización en forma de mayor gravamen, sanción o expropiación por encontrarse desocupadas, en cumplimiento de la ley foral de medidas urgentes para garantizar el derecho a la vivienda, aprobada en 2013 y sobre la que el Tribunal Constitucional ha levantado la suspensión que decidió en un primer momento a raíz de un recurso del Estado.


La norma, impulsada por Izquierda-Ezkerra en la pasada legislatura, otorga al Gobierno de Navarra la potestad de sancionar a personas jurídicas (entidades financieras e inmobiliarias fundamentalmente) que posean viviendas vacías durante dos o más años e incluso, si se desatiende una advertencia previa, expropiarles el inmueble. Así mismo, los ayuntamientos van a poder gravar más las viviendas de personas físicas (particulares) y jurídicas que permanezcan sin ocupación durante al menos seis meses. Según la ley foral de haciendas locales, el nuevo impuesto tendrá la misma base imponible que la de la contribución territorial. La cuota a abonar será el resultado de aplicar a dicha base un tipo de gravamen de entre el 0,10% y el 0,50%, del 0,50% al 1% el segundo año, y entre el 1% y el 1,5 % a partir del tercero.


Para tomar sus respectivas medidas, el Ejecutivo y los consistorios se basarán en un registro de viviendas deshabitadas que debe realizar el primero. Según aseguró ayer en el Parlamento el vicepresidente de Derechos Sociales, Miguel Laparra, el decreto foral que lo regulará estará listo para final de año. “A partir de ahí podremos utilizar el registro en concepto de indicios de desocupación, lo que dará origen a procedimientos de sanción o desocupación”, manifestó Laparra, quien remarcó que “el objetivo fundamental de la ley es la movilización de vivienda vacía para lograr vivienda asequible y en buen estado”. “No hay un objetivo sancionador ni expropiatorio, sino que se trata de un instrumento para movilizar viviendas actualmente disponibles”, enfatizó.
La cifra de 13.000 inmuebles vacíos supone una estimación realizada por el Gobierno foral en base al censo de viviendas de 2011 del Instituto Nacional de Estadística y la Encuesta de Vivienda de 2016. No todos esos inmuebles desocupados son susceptibles de sufrir una penalización, ya que hay que excluir las viviendas que no reúnan condiciones de habitabilidad, las que se localicen en puntos sin demanda de vivienda detectada, las que sirvan para esparcimiento o recreo, y las que se destinen al turismo (casas rurales) o se alquilen por temporadas (casas de verano, siempre que su ocupación no sea inferior a 30 días al año). Así mismo, quedan exentas las viviendas cuyos titulares sean funcionarios públicos y trabajadores que desempeñen sus labores fuera de la localidad en la que se enclave la casa. El registro de viviendas deshabitadas servirá para concretar el número de inmuebles candidatos a medidas coercitivas.


“El propietario de una vivienda debe ser consciente de que el destino de su propiedad es la residencia efectiva”, señaló Laparra, para animar a un “proceso de concienciación social sobre la función social de la vivienda”. “La detección de vivienda vacía sólo será posible con el compromiso de los ayuntamientos”, apostilló.


74 PERSONAS JURÍDICAS CON 20 O MÁS VIVIENDAS


Por otro lado, el vicepresidente de Derechos Sociales detalló en su comparecencia parlamentaria de este martes que 11.181 viviendas en la Comunidad foral son propiedad de 1.864 sociedades anónimas o limitadas. 1.120 de éstas son titulares de un inmueble, 283 de dos y 101 de tres; mientras que hay 74 personas jurídicas mercantiles con 20 o más viviendas, a las que el Gobierno ya les hecho un primer requerimiento de información para conocer cuántas de sus viviendas están vacías. “Una gran parte son empresas promotoras de viviendas y esas viviendas están en proceso de venta”, apuntó Laparra, quien anunció una reunión para finales de este mes con entidades financieras y la Asociación de Constructores y Promotores.

 

El Gobierno no podrá expropiar pisos a bancos para evitar desahucios

 


El pasado 22 de febrero, el Tribunal Constitucional avaló la ley foral de 2013 de medidas urgentes para garantizar el derecho a la vivienda, que introdujo la definición de viviendas deshabitadas (aquéllas que no se destinen al uso residencial durante más de seis meses en el curso de un año). El Estado recurrió la norma al considerar, entre otros argumentos, que Navarra invadía sus competencias o que, al regular como infracción grave que personas jurídicas no den ocupación a sus inmuebles, establecía “de forma inconstitucional” una “responsabilidad penal y administrativa sancionadora, al margen del principio de culpabilidad”.


El Constitucional admitió el recurso del Gobierno de Rajoy, lo que ha mantenido suspendida la ley navarra (apoyada en la pasada legislatura por todos los grupos excepto UPN y PP) durante unos cinco años, hasta hace dos meses. Sin embargo, el Alto Tribunal sí ha considerado inconstitucional, y por tanto Navarra no podrá aplicarlo, las disposiciones de la norma que permitían la expropiación forzosa por parte del Gobierno foral a las entidades financieras de viviendas inmersas en procesos de desahucio. “Se ha anulado la parte de la ley referida a las personas más vulnerables ante los desahucios, la que garantizada su permanencia en las viviendas. Con la norma quisimos garantizar que nadie se quede en la calle, pero se ha priorizado lo contrario”, denunció por parte de Bildu Asun Fernández de Garaialde.


UPN APOYA EXPROPIAR


“Todas las medidas para movilizar las viviendas vacías son bienvenidas, otra cosa es que las de esta ley sean las mejores”, declaró Luis Zarraluqui (UPN), quien se manifestó “a favor” de la expropiación. “La ley la contempla para personas jurídica. Pero la expropiación cuesta mucho dinero, ya que se pagan precios de mercado. Creo que no vamos a avanzar demasiado”.


La socialista Ainhoa Unzu preguntó al vicepresidente Laparra sobre qué previsión de viviendas expropiadas maneja el Gobierno. “El dato de expropiaciones es irrelevante e imprevisible. Son instrumentos de último recurso. El objetivo es la movilización de viviendas”, se escudó el consejero.


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