El Gobierno de Navarra ya está trabajando para conocer de quién son y en qué situación se encuentran las 17.800 viviendas de la comunidad que, según la información que figura en el Catastro, son propiedad de personas jurídicas. O lo que es mismo, que tienen detrás a empresas, bancos o sociedades. El objetivo es establecer cuántas de esas viviendas serían susceptibles de ser expropiadas en un futuro por llevar desocupadas al menos dos años, encontrarse en buen estado y en zonas con demanda de vivienda. Una enajenación que se produciría en todo caso después de que la propiedad hubiera desatendido una advertencia previa en ese sentido.

La información del Catastro concreta aún más el dato y asegura que 11.200 de esas viviendas pertenecen a Sociedades Anónimas o limitadas. Los datos los ofreció ayer el director del Servicio de Vivienda del Gobierno foral, Javier Etayo, quien participó junto al vicepresidente de Derechos Sociales, Miguel Laparra, en una rueda de prensa en la que informaron de la reedición de dos convocatorias de ayudas para subvencionar la cesión de viviendas a la bolsa de alquiler y el acceso a familias monoparentales y que se pusieron en marcha por vez primera en 2017.

Aunque el Gobierno foral ya venía trabajando desde hacía un tiempo en diferentes registros de viviendas deshabitadas, es ahora que el Constitucional acaba de avalar -el fallo se conoció el pasado martes- que Navarra pueda expropiar viviendas que lleven más de dos años desocupadas y estén en manos de personas jurídicas cuando ese trabajo cobra más sentido y es realmente urgente.

CENSO DE GRANDES TENEDORES

La expropiación de viviendas desocupadas era una de las medidas que el Ejecutivo foral incluyó en la Ley Foral de medidas urgentes para garantizar el derecho a la vivienda. La norma concede un plazo de seis meses para redactar el reglamento del Registro de Viviendas Deshabitadas que será preciso aprobar mediante Decreto Foral.

Según explicó este viernes Laparra, ya se ha firmado la Orden Foral para iniciar el procedimiento y a lo largo de los próximos seis meses se irá dando forma a ese futuro registro de vivienda desocupada que, no obstante, todavía tardará un tiempo más en ver la luz. De momento, ya se ha empezado a elaborar el censo de grandes tenedores de vivienda a los que próximamente se les pedirá información sobre sus inmuebles y que identifiquen las que se encuentran sin ocupar.

Aprobado dicho registro, la ley contempla “la posibilidad de aplicar sanciones a las personas jurídicas que tengan viviendas vacías durante dos años (se incurriría en infracción muy grave) e inclusive proceder a su expropiación, previo pago de un justiprecio”. Una enajenación que podría producirse si una vez que la propiedad es advertida, no atiende al requerimiento y no da uso a la casa en cuestión.

También se elaborará un censo de viviendas deshabitadas de personas físicas aunque en este caso el objeto no será una eventual expropiación. El registro que se elabore lo podrán utilizar los ayuntamientos para imponer a los propietarios de esas viviendas un mayor gravamen en la contribución urbana que será mayor cuanto más tiempo permanezcan sin ocupar.

El vicepresidente de Derechos Sociales quiso remarcar ayer que el objetivo de la ley no es la expropiación, ni tampoco la recaudación de más impuestos, sino que las viviendas se pongan en uso. “Lo importante es conseguir que aflore al mercado el mayor número posible de viviendas para destinarlas al alquiler solar”, apostilló tras remarcar la “trascendencia” de la sentencia del Constitucional para “una política social de la vivienda”.

La estimación que maneja el Gobierno autonómico en base a la última encuesta de vivienda habla de alrededor de 12.000 viviendas vacías en toda Navarra que se encontrarían en buen estado y en zonas donde existe demanda de vivienda. Una cifra que el censo que elaboró en 2011 el Instituto Nacional de Estadística se elevó por encima de las 30.000 viviendas. Sólo en Pamplona, con más de 90.000 pisos dados de alta en el Catastro, podría haber más de 5.000 viviendas vacías y otras 4.800 con una ocupación temporal. Entre las dos sumarían el 11% del total.

El Gobierno de Navarra reeditará este 2018 el programa de subvenciones que aplicó por vez primera en 2017 y que busca ampliar el parque de alquiler social, “especialmente para jóvenes, familias con necesidades de vivienda y mitigar las situaciones de hacinamiento”. Se trata, en concreto, de dos convocatorias. La primera destinará 160.000 euros para subvencionar a las personas que decidan poner una vivienda de su propiedad a disposición del parque que gestiona la empresa pública Nasuvinsa. Al igual que en la convocatoria de 2017, los propietarios de la vivienda cedida recibirán en concepto de subvención el importe de tres mensualidades del alquiler en un único pago. Una ayuda que variará en función del tamaño del piso y su localización. Así, la ayuda que puede recibir un propietario que ceda al programa un piso de 90 m2 útiles con garaje y trastero, puede oscilar entre los 945 euros en el caso de un municipio de menos de 5.000 habitantes, hasta los casi 1.600 euros de una vivienda situada en Pamplona y su comarca, Tudela, Estella y Tafalla. El año pasado se concedieron 114 subvenciones lo que permitió ampliar la bolsa de alquiler en 68 nuevas viviendas y ampliar la correspondiente a otras que prorrogaron su permanencia en el programa totalizando 553 unidades.

La segunda convocatoria destinará 200.000 euros para facilitar el alquiler a familias monoparentales con ingresos insuficientes durante 2018. El importe de la ayuda oscilará entre el 60 y el 80% de la renta anual que deban abonar por el alquiler de su vivienda. En 2017 se concedieron ayudas a 17 familias y este año confían en llegar a las 40.