Diario de Navarra

Al menos 1.200 empleados de banca en Navarra, prácticamente la mitad de la plantilla con la que cuenta el sector financiero en la Comunidad foral, están ya acreditados para comercializar productos de inversión, prestar servicios de asesoramiento y gestionar carteras. El pasado 3 de enero entró en vigor la segunda parte de la Markets in Financial Instruments Directive (MiFID II) que entre otros muchos criterios y matices obliga a los empleados de banca a acreditar formación específica para poder informar y asesorar a sus clientes sobre productos de inversión detallándoles de forma clara, explícita y por escrito lo que cobran por sus servicios. De lo que se trata es de que los clientes tomen sus decisiones de inversión tras haber entendido correctamente tanto la rentabilidad potencial como los riesgos que en cada momento puedan asumir. Una información que hasta ahora no era del todo transparente. Para dar mayor seguridad a las operaciones que realizan, las entidades han empezado también a grabar las conversaciones telefónicas y a guardar los correos electrónicos y mensajes que traten sobre inversiones. Grabaciones que, según detallan en entidades como el BBVA, podrán ser solicitadas por el cliente y estarán a su disposición al menos durante un plazo de cinco años”. A la luz de la información facilitada por las principales entidades financieras que operan en Navarra -hablan de “arranque sin contratiempos”- el sector parece haberse adaptado en tiempo y forma a los nuevos requerimientos de Europa, al menos en lo que respecta a la cualificación de sus empleados. Caixabank, Caja Rural de Navarra, Laboral Kutxa y Bankia aseguran disponer ya de 1.173 empleados habilitados para asesorar, una cifra a la que habría que sumar la que aportan entidades como Santander, BBVA y Sabadell que no detallan cifras concretas pero hablan de porcentajes próximos al 100% de certificaciones en red comercial. En BBVA aseguran que llevan ya diez años ofreciendo a sus empleados la posibilidad de formarse para obtener un certificado EFPA que fue validado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores en su primera relación de certificaciones a exigir por MiFID II. FORMACIÓN "VOLUNTARIA" Las entidades consultadas coinciden en destacar el “compromiso” de sus empleados que en muchos casos han optado por realizar la formación “de manera totalmente voluntaria” -no estaban obligadas por la directiva al no comercializar productos financieros- o han optado por certificar un conocimiento superior al que les correspondía por el puesto de trabajo que desempeñan. Desde Caixabank aseguran que de los 805 empleados asignados a la dirección territorial en Navarra, 344 han obtenido un certificado, o lo obtendrán en un breve espacio de tiempo, que acreditan un nivel de exigencia muy superior a los mínimos marcados por MiFID II. Se trata del DAF-CISI (Diploma en Asesoramiento Financiero de la Universidad Pompeu Fabra-Certificate in Wealth Management), destinado especialmente a los directores de oficina, gestores de Banca Premier y otras posiciones directivas y de Banca Privada. Otros 113 empleados, fundamentalmente de la red comercial, se han quedado en un escalón inferior aunque suficiente para cubrir las exigencias de la directiva. Cuentan -o lo harán en breve- con el Certificado en Información y Asesoramiento Financiero de la Universidad Pompeu Fabra. Son, en conjunto, 457, el 56,77% de la plantilla navarra. Una cifra que seguirá aumentando ya que en pocas semanas empezará a impartirse un nuevo curso de CIAF. En Laboral Kutxa, el 87% de los trabajadores dedicados en Navarra a informar han optado por obtener el título de asesoramiento. La entidad cuenta, en concreto, con 157 trabajadores acreditados, el 97% del personal relevante (el que informa o asesora en productos de inversión). El 3% restante se espera que obtenga en breve la cualificación correspondiente. Desde Caja Rural de Navarra aseguran que “más del 70% de los empleados de la red -con 760 trabajadores directos- disponen de habilitación para asesorar”. MÁS TRANSPARENCIA La directiva surgió como respuesta a los problemas que fueron determinantes en la crisis de 2008, entre ellos la falta de transparencia y profesionalización en la comercialización de los productos financieros que posibilitaron que miles de usuarios salieran de su banco con preferentes y depósitos estructurados sin que nadie les hubiera explicado ni sus condiciones ni los riesgos a los que se exponían. Pero con la llegada del nuevo año, sólo el personal acreditado puede ya asesorar a los clientes -los que no lo están solo están autorizados para hacerlo bajo supervisión directa de un trabajador que sí disponga de la preceptiva formación- debiendo dejar claro en todo momento si lo hacen de forma independiente o no independiente. Los primeros no podrán cobrar incentivos por la venta de fondos. Hasta ahora, las gestoras cedían a los comercializadores de sus fondos más del 60% de las comisiones en concepto de incentivos, lo que se conoce como retrocesiones en el sector. MiFID II ha entendido que hay un conflicto de intereses en esos incentivos, por lo que para prestar un servicio independiente se exige renunciar a las retrocesiones y cobrar al inversor por ello, pero de forma directa y no de tapadillo como ocurría hasta ahora en muchas ocasiones con las comisiones de venta. Y de ahí que la mayoría de las entidades se hayan inclinado en un principio por declararse no independientes. Así, podrán seguir cobrando incentivos aunque sólo si demuestran que mejoran la calidad del servicio ofreciendo, al menos, un 25% de fondos de terceras gestoras en las propuestas a los inversores. Toda una revolución para el sector ya que en la mayoría de las oficinas bancarias apenas se ofrecían hasta ahora productos que no fueran del propio grupo financiero. NUEVOS SERVICIOS La relación de las entidades con sus clientes, sobre todo del negocio de banca privada, se ha puesto bajo la lupa introduciendo más exigencias y desafíos al sector. La figura del asesor es ahora crucial y las entidades se han lanzado contrarreloj a ofrecer nuevos servicios de asesoramiento. Santander ha tratado con el programa Orienta de adaptarse a la supernorma europea. Un servicio, abierto a todos sus clientes, que carece de fondos de terceras firmas y con una oferta que se ciñe a los productos diseñados por la propia gestora del grupo. También bajo la nueva regulación MiFIDII, Caixabank acaba de poner en marcha un nuevo servicio de asesoramiento, Caixabank Wealth, para atender el negocio de Banca Privada de la entidad. “Se realizará un cobro explícito del servicio de asesoramiento de forma que el cliente pueda conocer de antemano el coste asociado con la máxima transparencia”, aseguran desde la entidad. En Bankia han elaborado nuevos documentos que facilitan la información sobre productos MiFID a los inversores. La entidad, según explica Julio Martín, director corporativo de la Territorial Norte, dispone, por ejemplo, de un nuevo contrato de Prestación de Servicios de Inversión (CPSI), que sirve de contrato marco y aporta una mayor transparencia, sencillez e identificación. Sabadell, por su parte, ha optado por ampliar sus servicios de asesoramiento en la venta de productos de ahorro-inversión a los clientes de banca retail lo que implica que los cerca de siete millones de clientes que el banco tiene en España deberán cumplimentar un test de idoneidad y se les preguntará por sus objetivos y necesidades cuando contraten dichos productos. “Es el modo que aporta una mayor protección al cliente”, razón Xabier Blanquet, director de Estrategia de Producto y Asset Allocation del banco. Toda la oferta financiera, salvo los depósitos a plazo y las cuentas corrientes, están sujetos a la nueva directiva europea cuya transposición aún no está culminada. Así, como explican desde Laboral Kutxa, “aunque los productos cuya finalidad sea el ahorro para la pensión quedan excluidos de los nuevos requerimientos, otros como los seguros de ahorro se verán afectados siempre que el cliente asuma el riesgo de la inversión, es decir, cuando el resultado de su inversión dependa del valor de mercado de los activos en los que invierta su póliza de seguro”. Las voces más críticas con MiFID II afirman que poco cambiará en la venta de fondos y que más que una arquitectura abierta (con acceso pleno a fondos de terceros) habrá una arquitectura guiada. Otras hablan de la inseguridad jurídica que se ha creado tras la transposición parcial de la directiva. Solo 11 de los 28 países de la UE han cumplido totalmente con los plazos de transposición y entre ellos no está España.

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La banca acredita en Navarra a 1.200 empleados para asesorar a sus clientes

Desde enero, ha redoblado la transparencia sobre productos de inversión

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