El principal acusado del caso es un exjefe de la Tesorería General de la Seguridad Social de Navarra al que la fiscal reclama 11,5 años de prisión por haber utilizado información reservada para beneficiar o asesorar a empresas y particulares con el fin de que eludieran sus deudas con la Seguridad Social entre 2004 y 2012.

En su defensa, el acusado afirmó que tenía permiso para ejercer de abogado, que solo asesoró a amigos y familiares en casos que no le competían y que no recibió nada a cambio, solo 2.000 euros por un trabajo. Junto a él, se sientan en el banquillo otras cuatro personas.

Las irregularidades fueron detectadas por la Seguridad Social en 2013. A partir de ahí, se inició una investigación que detectó supuestas irregularidades.

La primera, según la fiscal, es que Juan Carlos Riezu Barasoain, jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva de Navarra desde 1998, obtuvo un permiso para actuar como abogado en un caso concreto, pero, “a pesar de conocer los límites de su compatibilidad”, realizó actividades de asesoramiento privado en los que utilizó “información privilegiada” a la que tenía acceso por su cargo.

El acusado afirmó que la compatibilidad que pidió para defender a un compañero era “total” para el ejercicio libre de la abogacía. Reconoció que asesoró a deudores, pero siempre a amigos y familiares, y sin cobrar.

Solo en un caso recibió 2.000 euros, cuando ayudó a reordenar una empresa que tenía “múltiples procedimientos” en el Levante.

La fiscal también le acusa de “facilitar y provocar” que bienes embargados a deudores de la Seguridad Social fueran adjudicados en subastas “a empresas y sociedades vinculados directa o indirectamente consigo mismo”.

Él lo negó: “En los inmuebles de mi unidad me tengo que abstener. Y nunca he participado ni he mandado a nadie en mi nombre a pujar”. Afirmó que la transparencia de las subastas es “máxima” y que las que le imputan no pasan por su unidad, sino que tienen que aprobarse por la dirección general.

Al funcionario también le acusan de usar secretos e información privilegiada con al menos dos empresas, una con un expediente de Trabajo, a las que asesoró con información de la base de datos de la Seguridad Social.

En uno de los casos, el encausado afirmó que solo dio su “opinión” para el “encuadramiento de trabajadores”, y que accedió a la base “en presencia de su administrador para saber de qué hablaba”.

Como pago a sus servicios de asesoramiento, la fiscal relata que los beneficiarios transfirieron al acusado tres fincas en Ayegui y una parte de la Casa Recari de Aoiz (S XVIII), que se quería convertir en un apartahotel.

El acusado dijo que esta última finca era “una ruina” y que formó parte de la devolución de un préstamo que hizo a un conocido.

La fiscal le preguntó por qué otros inmuebles investigados habían acabado en manos de su mujer. Él dijo que no era cosa suya, que que su mujer tenía “autonomía” en sus sociedades.