La Delegación del Gobierno central en Navarra ha recurrido ante la justicia la convocatoria de subvenciones del Ejecutivo foral por la que se han concedido 17.900 euros a la Universidad del País Vasco para hacer en Navarra un informe sobre torturas, y otros 12.090 euros para investigaciones planteadas desde la Universidad Pública de Navarra.

El recurso Contencioso-Administrativo ha sido presentado por la Abogacía del Estado ante el Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN), contra una orden foral de la consejera de Relaciones Institucionales del Gobierno, Ana Ollo.

En ella, Ollo autorizaba un gasto de 30.000 euros para investigaciones de carácter científico y recopilaciones documentales sobre “hechos violentos provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos en Navarra”.

El Gobierno de España considera que con esta convocatoria el Ejecutivo foral estaría “vulnerando” la resolución del Tribunal Constitucional que, tras un recurso del Estado, suspendió parte de la ley foral de 2015 de “reconocimiento y reparación de las víctimas por actos de motivación política provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos”.

El Ejecutivo central considera que las ayudas se conceden ahora para que sean otras instituciones las que realicen lo que el Tribunal Constitucional prohibió al suspender parte de la ley.

El Estado recurrió de la norma de 2015 la comisión que se quería crear para resolver quiénes eran las víctimas que se acogerían a esta ley y tendrían derecho a indemnización. Además, se encargaría de investigar los casos en los que no hubiera una sentencia judicial que aclare la autoría de los hechos.

Comparecer ante esa comisión que elegiría el Parlamento sería “obligatorio”, según fijaba la norma recurrida. El Estado llevó al Constitucional lo relativo a esta comisión y el Alto Tribunal suspendió la aplicación de esa parte de la ley.

El Gobierno central recalcó que no cuestionaba el reconocimiento y reparación a las víctimas que protege esta norma, si se acredita el perjuicio “con arreglo a Derecho”. Pero agregó que esa comisión ejercería una especia de “justicia paralela”, lo que vulneraría el derecho a la tutela judicial efectiva o a la presunción de inocencia de quienes fueran señalados.

La consejera Ollo acude hoy por la mañana al Parlamento para hablar a petición del PP de la orden foral ahora recurrida. A petición de UPN, Ollo hablará del trabajo que con estas ayudas realizará la Universidad del País Vasco sobre la tortura.

Hay que recordar que las mismas personas que dirigieron el controvertido informe sobre torturas en Euskadi, encargado en ese caso por el Gobierno de Iñigo Urkullu, están al frente del trabajo sobre torturas en Navarra que recibirá aquí esa ayuda de 17.900 euros. Ya en el informe realizado en la comunidad vecina citaban que entre los expedientes había 292 casos pertenecientes a Navarra.

1 Ley foral recurrida. El Estado recurrió la ley de 2015 de víctimas por violencia policial o grupos de extrema derecha. No cuestionó la reparación a estas víctimas, sino crear una comisión que resolviese quién era víctima e investigara casos no resueltos

2 La comisión suspendida. El Estado considera que ejercería una especie de “justicia paralela”, vulnerando el derecho a la presunción de inocencia

3 El Constitucional admite el recurso. Suspendió la parte recurrida

4 Ayudas a informes como el de la tortura. El Ejecutivo central las recurre porque cree que se dan para que otras instituciones realicen lo que el Constitucional prohibió hacer al Gobierno foral