Solana defiende el cambio a euskera en dos centros de 0-3 años de Pamplona

R.M.

Actualizado el 17/01/2018 a las 08:56

La consejera de Educación, María Solana, compareció este martes ante la comisión de Educación del Parlamento de Navarra para reafirmar la gestión del Gobierno en el cambio forzoso e implantación del euskera frente al castellano como lengua vehícular en dos centros públicos pamploneses de 0-3 años del curso 2016-17. Dos sentencias contra el Ayuntamiento pamplonés -la última del TSJN contra el recurso municipal- consideran al Gobierno de Navarra como único competente en la modificación del modelo lingüístico. Solana, sin embargo, reivindicó la “autonomía pedagógica y de gestión” de los dos centros públicos y el papel del Gobierno foral en este proceso con dos sentencias en contra.

La consejera compareció a petición de UPN, que calificó de “tropelía y atropello inexplicable” el cambio de castellano a euskera por parte del Ayuntamiento en los dos centros públicos infantiles. Para Alberto Catalán, portavoz de los regionalistas, Ayuntamiento y Gobierno actuaron con “premeditación, alevosía y nocturnidad en la vulneración de los derechos de los padres, con 286 familias afectadas y decenas de ellas buscando centros privados” para que tuviesen una educación en castellano. “Los padres hablaron de revanchismo y castigo”, apostilló el portavoz de UPN.

María Solana se ciñó a la ley -con una prolija enumeración de normas y decretos- y concretamente al artículo 20 del Decreto Foral 28/2007, que “establece la autonomía pedagógica y de gestión de los centros, que se concreta en un proyecto educativo y de gestión que excluye cualquier intervención del intervención del departamento de Educación”, más allá del servicio de inspección. Para la consejera, esta ley ampara la actuación de las dos escuelas y avala así la tesis del equipo de Asiron.

"MERA ESTRUCTURACIÓN"

Si para el Ayuntamiento, el cambio forzoso a euskera era una “mera reestructuración” adoptada por los dos centros educativos -dentro de esa autonomía que recoge la ley-, para los tribunales -en sus dos sentencias-, constituye “un cambio en la ordenación y planificación de la oferta educativa” que además “vulnera el régimen competencial establecido al no contar con la autorización de la Administración foral”.

A este respecto, la consejera diferenció entre el procedimiento que se sigue con la gestión de un centro público y de un privado. Este último si necesita de una autorización del Gobierno de Navarra, frente al público, que no lo necesita. Para Solana, la sentencia confunde “unidades con plazas” y considera (el fallo judicial) que se produce la “implantación de un modelo lingüístico”. Según la consejera, en el periodo de 0-3 años, “no existe un modelo como tal”.

Tras las explicaciones de la consejera, el portavoz de UPN pidió a la consejera “acatar la sentencia y cejar en su empeño”. Para Alberto Catalán, la sentencia se basa en tres razonamientos. “El primero, que el Ayuntamiento no es competente en la toma de estas decisiones. Segundo, que no es una mera reestructuración, sino un cambio en la configuración del modelo lingüístico y, tercero, la modificación de la enseñanza en vascuence es competencia exclusiva del Gobierno de Navarra”, enumeró.

El resto de partidos se ajustó al guión. Isabel Aramburu (Geroa Bai) comenzó declarando que su partido acepta la sentencia aunque también quiso mostrar su “disconformidad”. Según la parlamentaria de Geroa Bai, “el euskera en el ciclo 0-3 años era casi testimonial y chocaba con la demanda real de padres y madres”. También pidió “disculpas a las familias afectadas” y consideró que la sentencia se basa “en un mero formalismo”, que se podría haber salvado con el visto bueno de Educación.

La parlamentaria de Bildu, María Esther Korres, también dijo “aceptar la sentencia”, aunque con “vergüenza ajena” por lo que considera “euskarafobia” de la oposición. “Es un castigo a las familias euskaltzales”, declaró. Tere Sáez, de Podemos, manifestó que su partido entendía “el fondo, pero no las formas”. “Hay familias que se han sentido atropelladas”, añadió, para apelar a un sistema en que todos los padres puedan ver cumplida su demanda de una educación tanto en castellano como en euskera.

Para Gimeno, del PSN, la cuestión de fondo es “la igualdad de oportunidades” y consideró que “no se puede romper un equipo docente”. Para el parlamentario socialista, Solana “asume lo que dice Bildu”.