Diario de Navarra

La nueva ley foral que regula el impuesto municipal de la plusvalía, la que aprobó el Parlamento de Navarra antes de Navidad para dar acomodo a la sentencia del Tribunal Constitucional, pide a los jueces que cierren los procedimientos judiciales que están pendientes de resolución y los remitan a los Ayuntamientos para que sean estos los que practiquen una nueva liquidación de acuerdo a la nueva ley: si la venta del inmueble se realizó en pérdidas, no se puede cobrar el impuesto de plusvalía. La redacción de este apartado, por el hecho de inmiscuirse en la decisión que deben adoptar los juzgados con procedimientos pendientes de juicio (en Navarra se presentaban unos 60 recursos al año), ha generado diferentes opiniones entre los abogados especializados en derecho contencioso-administrativo. Por un lado, hay quien califica la disposición de “nada habitual y sorprendente”, y otros van más allá y lo califican de “barbaridad”, porque se pronuncia sobre una cuestión procesal, que es competencia exclusiva del Estado. “Lo que hace es blindar a los Ayuntamientos. Por ejemplo, impide una condena en costas”, dice un abogado que también cuestiona que los jueces tengan que resolver de acuerdo a la nueva ley, de 2018, recursos presentados antes de junio de 2017. Otro letrado discrepa y entiende que si la ley sobre la que se fundamentaba el recurso ha quedado vacía de contenido, los jueces no tienen base legal sobre la que resolver y por tanto lo que procede es devolver el asunto a los ayuntamientos. No obstante, la nueva ley dice que los jueces enviarán a los Ayuntamientos “aquellos casos en los que resulte procedente”, una coletilla que según otros juristas deja la decisión en manos de la Justicia. En junio del año pasado, el Tribunal Constitucional anuló la ley de la plusvalía municipal de Navarra, el impuesto que había que pagar siempre que se realizaba la compraventa de un inmueble. Los magistrados consideraron que en casos en los que la compraventa se había realizado en pérdidas -prácticamente todas las realizadas durante la crisis económica- no tenía sentido cobrar un impuesto por el incremento del valor. Lo consideraban “ficticio” porque gravaba “una riqueza inexistente”, y por tanto inconstitucional. El Gobierno de Navarra, que ya intuía el fallo del Tribunal Constitucional por otras sentencias anteriores, ya trabajaba en una nueva redacción de la ley. Fue aprobada el 21 de diciembre del año pasado y excluía del pago de este impuesto a todos aquellos que compraron una vivienda en pérdidas a partir del 15 de junio, cuando falló el Constitucional. A su vez, cerraba la puerta a todos aquellos que pagaron el impuesto con anterioridad. LO QUE DICE LA LEY El apartado 4 de la disposición transitoria de la nueva ley foral sobre las plusvalías municipales establece los criterios para resolver los recursos administrativos o judiciales pendientes: 1. Los recursos de reposición contra liquidaciones a las que sea de aplicación esta disposición transitoria, que se encuentren pendientes de resolución, se resolverán con arreglo a lo dispuesto en ella. 2. Los recursos contra liquidaciones a las que sea de aplicación esta disposición transitoria, que se encuentren pendientes de resolución en el Tribunal Administrativo de Navarra o en los órganos jurisdiccionales, se resolverán con arreglo a lo dispuesto en ella. A estos efectos, en los casos en que resulte procedente, el Tribunal Administrativo de Navarra y los órganos jurisdiccionales remitirán a los Ayuntamientos correspondientes los expedientes pendientes de resolución para que estos últimos practiquen, en su caso, las nuevas liquidaciones que resulten pertinentes con arreglo a lo dispuesto en esta disposición transitoria. En estos supuestos declararán conclusos los procedimientos, sin perjuicio de los nuevos recursos que puedan interponer los interesados contra las liquidaciones que se dicten por parte de los Ayuntamientos.

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La ley foral de plusvalías obliga a los jueces a cerrar casos pendientes

Pide que envíen los expedientes recurridos a los Ayuntamientos para que estos decidan; algunos abogados creen que la nueva ley sobre este impuesto invade competencias del Estado

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