El Gobierno foral debía haber solicitado autorización al Parlamento para conceder préstamos de la empresa pública Sodena a Sendaviva y la empresa Dynamobel, pero no lo ha hecho. La ley que fija la obligatoriedad entró en vigor en mayo de 2014 y el vicepresidente de Desarrollo Económico, Manu Ayerdi, aseguró ayer que "los servicios jurídicos de Sodena no han advertido al consejo de administración de esta circunstancia en todo este tiempo". El incumplimiento, según dijo, se ha dado en la legislatura anterior, que finalizó en la primavera de 2015, y en la actual, que ya ha consumido dos años y medio. Se da la circunstancia de que Ayerdi, presidente también del consejo de administración de Sodena, fue como parlamentario de Geroa Bai el autor de la norma que se ha vulnerado.

A raíz de las modificaciones que se introdujeron en 2014, con el apoyo de todos los partidos excepto de UPN, la Ley Foral de la Hacienda Pública de Navarra establece en sus artículos 75 y 82 la necesidad de una autorización expresa de la Cámara foral, en forma de habilitación legal, para que una persona física o jurídica pueda ser beneficiaria de préstamos o avales por cuantía superior al 5% del riesgo vivo máximo establecido en la Ley Foral de Presupuestos. Según detalló ayer Ayerdi durante una comparecencia parlamentaria, a la fecha de entrada en vigor del nuevo contenido de la norma, siete entidades superaban el límite de riesgo vivo: Sendaviva (57,1 millones de préstamos acumulados entonces), Dynamobel (10 millones en préstamos y 11 en avales), Eólica de Suvorovo -Enhol- (15 millones en avales), Comansa (10 millones en avales), Fagor Ederlan (16,6 millones en avales) y el Hospital San Juan de Dios (14,7 millones en avales). El vicepresidente señaló que, con la nueva legislación ya en marcha, su incumplimiento ha afectado operaciones de Sodena con dos de esas entidades: 2 millones de euros concedido a Dynamobel el 21 de marzo de 2017, y un total de 7 millones otorgados a Sendaviva en 2014, 2015, 2016 y 2017. De los 9 millones que suman las operaciones con las que se incumplió la ley, 1,8 millones fueron prestados con UPN en el Gobierno y los 7,2 restantes con el actual Ejecutivo de Uxue Barkos y Manu Ayerdi. Éste asumió incluso la posibilidad de que también hubiese sido necesario el plácet del Parlamento para sustituir aval por préstamo en Dynamobel por 3,9 millones de euros, operación realizada en 2016. "Nos parece importante conocer la opinión de los servicios jurídicos del Parlamento", alegó.

Pese a todo, Ayerdi se aferró a una nota jurídica emitida por el secretario del consejo de administración de Sodena para calificar de "dudosa" la aplicación de lo que fija la ley a operaciones ya concertadas. "Máxime si lo fueron con anterioridad a la entrada en vigor de dicha norma" y porque "pudiera afectar a la seguridad jurídica y los derechos legítimamente adquiridos por los beneficiarios de préstamos o avales". Ayerdi justificó los "nulos efectos" que una denegación ahora "podría tener sobre operaciones mercantiles consolidadas y legalmente convenidas en su día", así como la "inconcreción respecto al momento concreto en que debería efectuarse la solicitud de la habilitación" del Parlamento "para operaciones mercantiles vigentes y consolidadas".

Por otro lado, el responsable de Desarrollo Económico manifestó que, con posterioridad a los cambios en la ley, no se ha realizado operación alguna "que supere los límites indicados" con entidades que no tenían riesgo con Sodena o no era superior al 5%.

"CÓMO PUEDE SER QUE ME PASE ESTO A MÍ"

Ayerdi acudió al Parlamento por propia iniciativa, tras solicitarlo por escrito a la presidenta de la Cámara en una carta donde afirmó que no ha sido "hasta un debate reciente en el consejo de administración de Sodena" cuando los servicios jurídicos han "advertido" del "impacto" de las modificaciones legales de mayo de 2014 en la actividad de la empresa pública. "No es agradable esta comparecencia para mí porque me habría gustado que todo hubiera funcionado o’clock desde el minuto uno", dijo.

El vicepresidente fue especialmente reprendido por la líder del PP, Ana Beltrán. "Le echa la culpa a los servicios jurídicos de Sodena, cuando fue usted quien escribió la ley de 2014 y especialmente las enmiendas para modificar los dos artículos concretos. No me creo que se haya olvidado. Usted no tenía que haber sido advertido por nadie. Es su ley. La responsabilidad es suya y debe tomar alguna medida", le criticó la popular a Ayerdi.

- "El primero que tiene el fastidio soy yo. Cuando uno está gobernando tiene que hacer tantas cosas que confía en que haya unos procedimientos de control que recuerden algunas cosas" -contestó el vicepresidente-. "Cuando se advirtió de la situación, pensé me cagüen la mar, cómo

puede ser que me pase esto a mí. Pero he hecho lo que tenía que hacer: venir aquí, decirles qué es lo que hay y enmendar la ruta para cumplir la ley rigurosamente a partir de ahora".

Las explicaciones de Ayerdi no convencieron del todo al portavoz de Podemos, Carlos Couso. "A la ciudadanía navarra le va a resultar difícil de entender que todo un Gobierno y todo un Parlamento tarden en darse cuenta tres años de que tienen que cumplir una ley que ellos mismos han elaborado y aprobado, sobre todo cuando en este Parlamento e incluso en el Gobierno están quienes fueron sus decididos impulsores", sentenció. Maiorga Ramírez (EH Bildu) declaró que "el cambio implica asumir los principios de transparencia". "Cuando no se hace lo que dice una ley de estas características, hay que poner medidas para que no vuelva a suceder", añadió el abertzale. Por I-E, José Miguel Nuin instó a que "se cumplan las leyes que se aprobaron para elevar el control del Parlamento sobre las operaciones del sector público empresarial". Desde Geroa Bai, coalición de Ayerdi, Virginia Alemán requirió que "no vuelva a pasar algo así", aunque agradeció al vicepresidente que "en cuanto ha tenido conocimiento, ha venido a rendir cuentas".

Carlos García Adanero (UPN) abogó por que el Parlamento establezca una fórmula de control "funcional y rápida para no bloquear las operaciones de Sodena". Mientras que el socialista Guzmán Garmendia propuso que todas las decisiones de Sodena pasen antes por la Cámara. "Es la única empresa pública que juega con el dinero de los navarros para invertir en otras empresas", alegó, para recordar a Davalor.