Diario de Navarra

La Fiscalía de Barcelona reclama 10 años y 6 meses de prisión para dos exdirectivos de Caja Navarra por haber participado en una estafa de más de 7 millones de euros a cinco entidades financieras, entre ellas la CAN. Son dos de los 25 acusados de una trama que afecta a cinco cajas por no supervisar pagos en el boom inmobiliario En su escrito de acusación, en el que figuran 25 personas, considera que los dos exmiembros del consejo de administración de CUBICAN (la filial inmobiliaria de CAN), cometieron los delitos de falsedad documental, estafa y apropiación indebida al pagar 997.600 euros a una empresa mediante facturas falsas por servicios que no se prestaron, causando un perjuicio a CAN. Las investigaciones del Juzgado de Instrucción nº 18 de Barcelona tienen su epicentro en la mercantil CIPSA, que para enriquecerse facturó a cinco cajas de ahorros españolas conceptos “mendaces, falsos”. Concretamente, expuso la magistrada en el auto con el que cerró la investigación, los responsables de CIPSA convencían a directivos de estas entidades financieras para que invirtieran en operaciones inmobiliarias entre 2005 y 2007, a través de la creación de participadas. “Fue una época de alegría en el mercado inmobiliario (cuyas devastadoras consecuencias obligaron al rescate con fondos públicos), pero aquella alegría no les eximía de su labor de vigilancia y de velar por los fondos de las entidades”, subrayó la juez. CIPSA se encargaba de la adquisición de los inmuebles, y los gastos asociados eran financiados en su integridad por las cajas de ahorro, “que veían en estas operaciones futuribles y potenciales clientes que contratarían hipotecas con dichas cajas”. Pero aprovechando que los consejos de administración de las cajas “no revisaban ni cuestionaban” los pagos que les giraba CIPSA, subrayó la magistrada, sus responsables se enriquecieron a costa de trabajos irreales. Una de esas operaciones, consistente en la compraventa de dos fincas urbanas situadas en Mataró, es la que afecta a los dos exdirectivos de la entidad navarra. El escrito de la Fiscalía recoge que CUBICAN CIPSA era una entidad creada en 2006 al 50% entre la Corporación Urbanística y Bienes Inmuebles de Caja de Ahorros de Navarra (CUBICAN) y CIPSA. Los representantes de CAN en el consejo de administración eran Jesús Javier M.D. (presidente) y Alejandro D.D.P., (vocal) a los que el fiscal dirige la acusación. En el consejo había otros dos en nombre de CIPSA. El 5 de octubre de 2016, la sociedad compró un terreno situado en Mataró por 21,5 millones de euros. Para ello, según la Fiscalía, CIPSA giró a C UBICAN CIPSA dos facturas falsas, por la prestación “de toda una serie de servicios inexistentes”, por un importe total de 860.000 euros más IVA (997.600 en total) que fueron contabilizados y declarados como ingresos por CIPSA. Gastos y facturas falsas Una de las facturas ascendía de 215.000 (más 34.400 euros de IVA) por el pago de los estudios encargados a un estudio de arquitectura. CIPSA la cobró, pero los 5 pagarés con los que “aparentemente CIPSA pagaba estos servicios inexistentes” no han sido satisfechos. La segunda factura, de 645.000 euros (más 103.200 euros de IVA) la giró CIPSA a CUBICAN CIPSA por “pagos realizados por servicios de gestión e intermediación en la compra de la finca de Mataró” a tres empresas (Latinroble, Inversiones Kurni y Valcar). “Dichas facturas”, expone el fiscal, “no se ajustan a la lógica si se toma en cuenta la situación urbanística en la que se hallaba la mencionada finca en fecha de la compraventa”. Por lo tanto, concluye, los 997.000 se abonaron “por servicios inexistentes y refacturación de gastos no realizados”. El fiscal atribuye el desvío de este casi millón de euros a los dos representantes de CAN y a los dos de CIPSA. Dentro de esta misma operación, la fiscalía también ve un delito fiscal, algo de lo que no acusa a los dos representantes de CAN. El escrito de acusación apunta que para reducir la cuota tributaria derivada de las ganancias de 997.000 euros, CIPSA incluyó como gastos un total de 300.000 euros. Lo hizo a través de facturas “con gastos ficticios” giradas por las tres mismas empresas involucradas en la operación de Mataró. El fiscal resalta que estas tres firmas ((Latinroble, Inversiones Kurni y Valcar) carecían de trabajadores en aquellos años y que dos de ellas tenían como administrador al hijo del asesor fiscal de CIPSA.

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La Fiscalía de Barcelona pide 10,5 años de cárcel a dos exdirectivos de CAN

Les acusa de pagar 997.600 euros de la filial CUBICAN a la empresa CIPSA por trabajos que no se hicieron

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