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tribunales

Una nueva juez de cláusulas suelo también anula los gastos de notaría en la hipoteca

En su primera sentencia condena al banco a pagar el registro, pero no los impuestos, la cuantía más elevada.

Sede del Palacio de Justicia de Pamplona.
Sede del Palacio de Justicia de Pamplona.
Actualizada 27/10/2017 a las 09:54

La nueva juez que se encuentra al frente del juzgado especializado en cláusulas suelo ha dictado su primera sentencia, en la que anula la cláusula suelo y también los gastos de notaría y de registro del contrato de la hipoteca. A diferencia de su antecesor, esta juez sí condena al banco a abonar los gastos de notaría, algo que el anterior había desestimado. El criterio de ambos sí que coincide al eximir al banco de hacerse cargo del Impuesto de Actos Jurídicos Documentado, la parte más elevada de los gastos. La nueva sentencia también avala todos los gastos de la posterior novación de la hipoteca y rechaza la demanda de la cliente. En cuanto a las costas, falla que cada parte abone las suyas.


La cliente reclamaba un total de 9.384,11 euros al BBVA, de los cuales la juez le ha concedido los 5.511,27 de la cláusula suelo, 154,52 de los aranceles de registro y los 604,26 de la notaría. En total, 6.270,05 euros. Con respecto a los 1.722 euros reclamados por el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, la juez rechaza las pretensiones de la cliente.


Sobre los gastos de notaría, la sentencia razona que “si bien el beneficiado del préstamo es el cliente y dicho negocio puede conceptuarse como el principal frente a la constitución de la hipoteca, no puede perderse de vista que la garantía se adopta en beneficio del prestamista”. Parecido razonamiento emplea para condenar al banco a pagar los aranceles de registro, ya que a la vista de la norma y la doctrina legales, dice la juez, “no existen dudas de que el derecho real de hipoteca se inscribe a favor de la entidad prestamista”. En cuanto a la novación del contrato de hipoteca, la sentencia destaca que “todas las modificaciones se realizan en beneficio de la cliente”, y acerca del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados argumenta que el Real Decreto de 1995 afirma que cuando se trata de escrituras de constitución de préstamo con garantía “se considerará adquiriente al prestatario”, y es él quien debe hacer frente a los impuestos.


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