El 'negocio' de vender a tu hija por 2.000-4.000 euros

Uno de los clanes asentados en Pamplona concertaba matrimonios forzados entre menores, en algunos casos ofertando a sus propias hijas

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Carmen Remírez

Publicado el 18/10/2017 a las 07:49

Distinguir entre verdugo y víctima en estos casos supone afinar muy bien las acusaciones, siendo siempre los menores los más vulnerables. Muchas veces, reconocen los investigadores, el lucro económico de concertar la 'venta' de una hija supone seguir una tradición milenaria por la que una hija 'vale' lo que pueda obtenerse por ella, sin la conciencia de delito que sí pueden tener otras actuaciones como cometer un robo o agredir. Ocurrió con la abuela, con la madre y entienden que lo lógico es que ahora, aunque residan en Pamplona, pase lo mismo con la hija. A los 11-12-13 años, se arregla un intercambio económico con la familia del futuro esposo y la niña es entregada a su nuevo 'dueño'. Con el dinero que se obtiene, a su vez, la familia busca esposa a otro hijo varón. Por supuesto, no es ni mucho menos una práctica habitual entre los ciudadanos de origen rumano, y cada vez se trabaja más en su erradicación. Sin embargo, en la investigación hecha pública ayer por la Policía Nacional todavía se reconocen varias de estas prácticas, con un 'precio' orientativo de entre 2.000 y 4.000 euros por niña. “Miembros del clan asentados en Pamplona se dedicaban a arreglar matrimonios forzados entre menores de edad, a cambio de dinero, negociando para ello la venta de sus propios hijos. Por otra parte, otras tres víctimas fueron identificadas en Segovia, tratadas de la misma forma para su introducción en locales de alterne o para convenir matrimonios forzados de menores mediante contraprestación económica”, señalaban en el comunicado de prensa. Como consecuencia de las actuaciones policiales, se han liberado tres menores de 13,16 y 17 años. Han sido reubicadas con familiares y se les efectúa un seguimiento por parte de las entidades sociales, indicaron en la Policía. “Nuestra obligación es poner a esas chicas a disposición de las autoridades competentes para su tutela en cada comunidad autónoma. En el caso de Navarra, el Gobierno cuenta con recursos para realizar un análisis de cada caso y estudiar qué es lo mejor para cada menor”.

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