Diario de Navarra

La juez de Instrucción nº 5 ha ratificado el archivo de la denuncia que el Gobierno de Navarra presentó a principios del año pasado sobre posibles malos tratos de algunos monitores a usuarios en El Molino, un centro ocupacional para personas con discapacidad en Pamplona. La magistrada argumenta que si bien algunos testimonios manifiestan “prácticas inadecuadas que denotan una muy escasa sensibilidad hacia la minusvalía psíquica”, no se han acreditado la existencia de delito, por lo que desestima los recursos interpuestos por la Administración foral y algunas familias. Para la juez, las “prácticas inadecuadas” denunciadas podrían tener sanción en la vía administrativa No obstante, al igual que en su día expuso el fiscal, la juez indica que los hechos pueden tramitarse por la vía administrativa para, en caso de constatarse las infracciones, imponer sanciones. El auto de la magistrada, que es recurrible, confirma ahora el archivo que ya decretó hace 17 meses. Explica que todas los hechos denunciados por algunos padres, trabajadores y extrabajadores del centro (otros testimonios los han negado) tienen lugar en relación a las actividades del taller, el cumplimiento de indicaciones y problemas de comportamiento o actitud. Pero en dichas prácticas, añade la magistrada, “sin perjuicio de que sean inadecuadas por la forma de actuación con personas que necesitan que se sigan unas pautas de trato o forma de dar instrucciones (...) y que incluso se adopten medidas disciplinarias de forma inadecuada”, no existen indicios del dolo (intencionalidad) que exigen el delito de coacciones y otros. El contexto de lo denunciado En este sentido, la magistrada destaca el contexto en el que se produjeron las actuaciones de los tres monitores denunciados y las explicaciones dadas por el monitor que más quejas recibió: “Que tienen que hacerse las cosas en la forma que indica y que tienen que cumplir lo que se ordena”. Otros testigos, añade el auto, destacaron en su día que lo que existía en el centro era “falta de recursos para manejar situaciones o a personas con determinados problemas”. Y añadían que las actuaciones inadecuadas se producían en el contexto del cumplimiento de actividades o en relación a problemas de comportamiento de los usuarios, y que se producían en relación a los usuarios con mayores problemas de conducta. Entre los hechos denunciados por algunos padres, se incluyen acusaciones de insultos, gritos y empujones, y hasta comentarios de carácter sexual a uno de los monitores; otro afirma que el comportamiento de sus hijos empeoró a raíz de su paso por el centro; una profesora apunta que los tres monitores, en lugar de adaptarse a cada usuario pretendían que el usuario se adaptara al centro, recurriendo a “gritos, humillaciones y malos tratos” y castigos como sacarlos al patio a correr; otra profesional relataba castigos y gritos por parte de estos monitores... Otros testigos, por contra, negaron haber presenciado todas estas prácticas.

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La juez ratifica el archivo de la denuncia del Gobierno a El Molino

Reitera que no existen indicios de delito y rechaza los recursos de Gobierno y familias

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