La decisión de empresas como el Banco Sabadell de trasladar su sede social fuera de Cataluña es analizada de forma desigual por los partidos navarros, que la ven como "lógica" dentro de la situación que se vive, como una señal de que la independencia está muy próxima o una forma de saldar una deuda.

El Banco Sabadell ha acordado trasladar su sede social a Alicante, ante la posibilidad de que el Parlament de Cataluña haga una declaración unilateral de independencia, y entidades con arraigo importante en Navarra como CaixaBank debaten este viernes al respecto.

El portavoz de UPN, Javier Esparza, ha sostenido que esto es lo que sucede "cuando se cometen ilegalidades". "Cuando no se da ninguna seguridad al tejido económico el dinero responde", ya que la economía necesita "estabilidad" y ahora en Cataluña hay de todo menos eso.

Esparza ha considerado que ésta es una "respuesta lógica" que "cada vez va a ocurrir con más empresas", lo que es "una mala noticia para el conjunto de Cataluña y de España, pero es a donde nos han llevado la irresponsabilidad e ilegalidades" de Puigdemont.

El portavoz de Geroa Bai, Koldo Martínez, ha comentado que "cuando todo el mundo mira para otro lado, cuando están sucediendo cosas importante, todo el mundo se ve obligado a tomar decisiones importantes".

Martínez, quien ha reiterado que no quiere para Navarra la situación que se vive en Cataluña, ha reconocido que, en procesos "de tanta incertidumbre como la que se da hoy, la sociedad catalana las personas y las instituciones y, sin duda, el dinero buscan la mayor posibilidad de certeza, certidumbre y seguridad".

En opinión de Adolfo Araiz (EH Bildu) esas decisiones pueden tener una doble interpretación, puede dar "la sensación de que algunos avecinan que la independencia de Cataluña está muy próxima y están huyendo, y por otra una especie de amenaza y presión" para que los sectores independentistas y quienes apoyan la proclamación de la república catalana "se echen para atrás".

Araiz ha dicho que creen que es "más la primera de la lectura", que "sectores económicos que nunca han aprobado el proceso catalán están viendo que puede peligrar su situación", algo que no entienden y que no comparten.

En Podemos, según Mikel Buil, tienen la sensación de que "las elites financieras del país de alguna manera están saldando su deuda con el Gobierno del PP, una deuda generada a través del rescate bancario con dinero público".

Ha añadido que "no hay una responsabilidad social por parte de estas entidades, sino deudas que se corresponden con la forma de funcionar el oligopolio del IBEX donde el PP tiene un papel destacadísimo".

Para la socialista María Chivite era "algo anunciado por mucho que los gobiernos de la Generalitat negaran que fuera a haber fuga de empresas o que incluso Europa les iba a acoger como un nuevo Estado".

"Se están desvelando las mentiras que iba vendiendo el Gobierno catalán. Ante un Gobierno que es inseguro, ante la inseguridades los mercados van hacia otros mercados más seguros", ha aseverado.

La portavoz del PPN, Ana Beltrán, ha opinado que se están viendo "las consecuencias verdaderas de la irresponsabilidad de cometer un golpe al Estado de derecho, de pretender querer ser independientes".

Beltrán ha sostenido que las grandes empresas se van de Cataluña porque "no se fían de ese Gobierno, del futuro de la comunidad" con un presidente al que reprochado su "encabezonamiento" y su querer "hacer daño a Cataluña".

El portavoz de I-E, José Miguel Nuin, ha insistido en que la situación de Cataluña requiere de un "pacto para que el pueblo catalán pueda decidir libremente su futuro en un referéndum pactado, ni la declaración unilateral de independencia es solución", ni el "atrincheramiento del Rey y el PP en el 78 es solución porque no da ninguna salida democrática".