El intento de la consejera de Interior María José Beaumont para la elaboración de una nueva Ley de Policías ha encallado ante el rechazo sindical a su propuesta “definitiva”.

Los afiliados del sindicato profesional APF, mayoritario en la Policía Foral, rechazaron ayer el último planteamiento que Interior ha puesto sobre la mesa. La central celebró por la mañana en las instalaciones del Cuerpo autonómico en Beloso una asamblea en la que informó a su afiliación de cómo ha discurrido el proceso negociador, expuso la oferta del departamento que encabeza Beaumont y se reiteró en la posición contraria que ya hizo pública el pasado sábado al entender la propuesta como “insuficiente”. A continuación, los afiliados votaron tomando como base la pregunta ‘¿estoy de acuerdo con la propuesta de la consejería de Interior sobre la Ley de Policías de Navarra?’. De un total de 163 votos, el 65,6% optó por el ‘no’, un 32,5% votó a favor y se registró una abstención del 1,8%.

“Estos datos avalan nuestra posición sindical de decir ‘no’ a la propuesta de acuerdo por considerarla insuficiente y, sobre todo, nos ratifican en nuestro parecer de que el período de negociación, cerrado unilateralmente por la consejera, puede dar más de sí”, manifestó tras su asamblea APF, que hizo un “llamamiento al Gobierno de Navarra y a su presidenta” para que se pueda seguir negociando. “Estamos perdiendo una oportunidad de conseguir un acuerdo que revitalice a la Policía Foral”, apostilló.

APF y CSI-F/SPF, sindicatos profesionales que suman la mayoría en la Comisión de Personal, con las únicas centrales de la Policía Foral que han aceptado negociar con la consejera Beaumont su ley policial. El pasado día 1, la cúpula de Interior les remitió lo que presentó como “la propuesta definitiva de la administración, que contempla, entre otros puntos, la compra de las 126 horas menos de trabajo que los agentes disfrutan por preparación y superación de pruebas físicas, a cambio de un 17% del sueldo base de nivel; la posibilidad de solicitar una reducción de jornada de un doceavo; una recuperación salarial para agentes que vieron menguada su nómina con la ley vigente, aprobada en 2015, “con medidas de incremento en complemento de puesto de trabajo, jefatura y especial disponibilidad”; el establecimiento de jornadas de horario partido dentro de medidas de “flexibilidad” en algunas unidades; o la fijación de la jornada anual para los escoltas en 155 días, con una bolsa añadida de 100 horas de disponibilidad. Pero APF rechaza el planteamiento por “insuficiente”, exigiendo a Interior que establezca términos y plazos para iniciar el expediente que posibilite la jubilación anticipada en Policía Foral; concrete las nuevas tablas retributivas, así como jornadas y horarios en los regímenes flexibles y de cómputo en días; y una convocatoria de OPE para una planificación 2019-2020.

I-E NO DARÁ SU APOYO ASÍ

La propuesta “definitiva” de Beaumont también cuenta con la negativa de su otro sindicato interlocutor, CSI-F/SPF, que la expresa después de “sondear” a “buena parte” de su afiliación. “La consejera ha faltado a su palabra y ha actuado con deslealtad, imponiendo una negociación parcial, únicamente sobre las cuestiones que ella ha considerado y finiquitando la misma en dos ocasiones”, censura la central, que carga también contra la “nefasta gestión” de Beaumont “en materia de seguridad pública, que en un hecho sin precedentes va a tener enfrente a la mayoría del colectivo de la Policía Foral, así como de la representación social de la misma”.

CSI-F/SPF se reunió ayer por la tarde con Izquierda-Ezkerra, miembro del cuatripartito que sustenta al Ejecutivo. “Si Interior no llega a un acuerdo con la mayoría sindical que forman APF y SPF sobre los aspectos sociolaborales, nosotros no vamos a apoyar la ley en el Parlamento”, manifestó después de la cita el portavoz de I-E, José Miguel Nuin, a este periódico.

Sin el respaldo de I-E, Beaumont no tendría mayoría para sacar adelante su norma. “Que se haya negociado con los sindicatos no es suficiente para aprobar la ley”, reforzó Nuin, quien sin embargo no cerró la puerta a una nueva prórroga a partir del día 30 en la tramitación de la ley, después de las dos que ya impulsó el cuatripartito para darle tiempo a la consejera.