El detenido el domingo por matar de una cuchillada a otro en Pamplona residía en una pensión tutelada de la calle Monte Lakartxela a pesar de que hace diez meses una juez reclamó al Gobierno de Navarra, a través de la Fundación para la Tutela de las Personas Adultas, que realizara “las gestiones necesarias” para ingresarlo en un centro especializado por la esquizofrenia que padece, agravada por el abuso del alcohol y las drogas. El Juzgado de Primera Instancia nº 8 de Pamplona dictó esta medida cautelar, que la Fiscalía calificó de “urgente”, el 2 de noviembre del año pasado, sin que el detenido haya sido ingresado en centro alguno durante este tiempo. Asimismo, la juez designó a esta fundación pública como defensor ‘defensor judicial” de Eneko Echamendi Osés, con la facultad de “velar” por su persona.

El pamplonés, de 47 años, fue enviado ayer a prisión como autor del homicidio de Pedro María López Pastor, natural de Burlada, de 38 años. Ambos, que mantenían una relación conflictiva, se enzarzaron el domingo por la noche en la calle y el detenido le clavó una cuchillada en un pulmón. Cuatro horas después de su detención, el encarcelado arrojó una tasa de alcohol de 0,27 mg/l. En su declaración manifestó que durante el domingo había consumido varias rayas de ketamina, hachís, doce latas de cerveza y casi dos litronas, así como las pastillas para controlar su enfermedad. Según los testigos, la víctima también se encontraba bebida. El juez de Instrucción nº 4 decretó el ingreso en la cárcel de Eneko Echamendi por la gravedad de los hechos y las “elevadas posibilidades” de eludir la acción de la justicia por las penas de cárcel a las que se enfrenta.

UN DISCURSO “DELIRANTE”

Hace un año, cuando el arrestado ya llevaba varios años residiendo en la misma pensión (los hechos ocurrieron junto al portal), la Fiscalía consideró necesario su ingreso en un centro más acorde a sus circunstancias. Por este motivo, solicitó al juzgado que nombrara a la fundación del Gobierno de Navarra como ‘defensor judicial’ del detenido, con el fin de que procediera a ingresarlo en “un recurso institucional adecuado a sus características”. El ‘defensor legal’ es una figura transitoria que otorga un juez a una persona o institución para que asista y represente a una persona que se encuentra incapacitada cuando sus padres no pueden hacerlo, como era el caso.

El fiscal argumentaba en su petición que la enfermedad que sufre el arrestado, “complicada con una dependencia alcohólica y un consumo perjudicial de marihuana”, producía en él “importantes déficits” que le impedían el desarrollo adecuado de los procesos de toma de decisión, “con serias dificultades para gestionar de un modo adecuado los aspectos básicos de la vida cotidiana”. Detallaba al respecto que en la entrevista mantenida con el médico forense el arrestado se mostró “totalmente delirante, relatando viajes imposibles, en fechas coincidentes, por todo el mundo, con un discurso lleno de contradicciones”.

Tras recibir esta petición y los informes, la juez de Primera Instancia nº 8 concluyó que era “evidente” que el detenido no estaba capacitado para decidir sobre su salud, por lo que tampoco se encontraba capacitado para decidir sobre su ingreso en el centro residencial. Por este motivo, adoptó la medida cautelar de designar al Gobierno de Navarra ‘defensor legal’ de Eneko Echandi, para que “velara por su persona” y realizara “cuantas gestiones necesarias fueran necesarias” para ingresarlo en un centro adecuado a sus características.

Asimismo, otorgó a la Fundación Navarra para la Tutela de Personas Adultas la facultad para gestionar su patrimonio, con el fin de que hiciera frente a los gastos que podían generar dicho ingreso. La juez también justificó la adopción de una medida cautelar (una medida provisional) para evitar así “el riesgo en el retraso del procedimiento y por la necesidad de su adopción”.

El domingo, el detenido continuaba viviendo en la pensión de la calle Monte Lakartxela. Se trata de un piso alquilado por el Gobierno de Navarra en el que viven personas con algún tipo de discapacidad mental. Los vecinos criticaban la falta de control y supervisión sobre esa pensión, relatando consumos de droga en las dependencias comunes, orines desde el balcón y hasta la quema de un colchón en el cuarto de la caldera del gas.

El encarcelado por la cuchillada mortal declaró que sentía “miedo” de la víctima, que en los últimos tiempos le atosigaba. “Sé que soy una persona débil, y él estaba abusando de mí”, dijo relatando pequeños incidentes. La víctima, añadió, dormía en los últimos meses en un coche que tenía aparcado en la zona. Pero un día, la grúa se llevó el vehículo. Eneko Echamendi afirmó que el fallecido le acusaba a él de haberse “chivado” a la policía para que se llevara el vehículo y que por eso se refugiaba en casa y lo evitaba, porque sabía que quería agredirle. El domingo por la noche, un amigo le llamó para que bajara a la calle y lo hizo pensando que la víctima no estaría allí. Pero sí se encontraba, en compañía de otro inquilino de la pensión. “Se me abalanzó y le clavé el cuchillo”, declaró. Llevaba el arma blanca, añadió, porque el día anterior un grupo de personas le había agredido (está acreditado que acudió a urgencias) y lo llevaba para defenderse por si se los encontraba. Después de la cuchillada, subió a la pensión “a por la pastilla”.