Diario de Navarra

A las puertas del penúltimo curso político de la legislatura, el Gobierno de Uxue Barkos y los cuatro partidos que le respaldan se están viendo envueltos en un verano de tensiones internas que se han sumado a otras que ya arrastraban. El más sonoro de los nuevos enfrentamientos lo protagoniza el proyecto urbanístico de Salesianos, al que el Ejecutivo ha dado su plácet y contra lo que se han arremolinado EH Bildu, Podemos, Izquierda-Ezkerra y el ayuntamiento pamplonés de Joseba Asiron. La otra colisión entre socios que ha traído agosto se centra en la educación concertada, por el aumento del número de alumnos en aulas de dos centros de dicha categoría. Un par de nuevas grietas en la cohesión del cuatripartito, que ya se encontraba dañada por el TAV, el proyecto de Aroztegia o la Ley de Policías. TAV: LA APUESTA DE UN GOBIERNO AMENAZADO Las posturas del Ejecutivo y Geroa Bai, por un lado, y de Bildu, Podemos e I-E, por otro, parecen ya irreconciliables en relación con el Tren de Alta Velocidad. La entrega el pasado mayo de una propuesta de nuevo convenio por parte del ministro Íñigo de la Serna al vicepresidente foral Manu Ayerdi supuso la apertura de una crisis entre los socios políticos navarros que se ha ido agrandando conforme Ayerdi, avalado por la presidenta Uxue Barkos ante las críticas, ha avanzado con el objetivo de llegar a un acuerdo con el Estado y que el TAV sea una realidad en Navarra para 2023. El convenio planteado por Fomento calcula 890 millones de euros para la construcción de una nueva plataforma con doble vía de ancho internacional para pasajeros y mercancías entre Castejón y Esquíroz. El plan del Estado es que las conexiones con Zaragoza y la Y vasca estén finalizadas también para dentro de seis años. El Gobierno foral quiere mejorar el convenio de De la Serna, de tal forma que albergue todo el corredor (conexiones incluidas) y que la devolución del pago de las obras que adelantaría Navarra se haga a través del Convenio Económico y no, como desea Fomento, mediante el abono por parte de Adif al año siguiente. Al respecto, el Estado pagó hace dos semanas a Navarra los 44,5 millones de euros que le adeudaba por obras adelantadas, lo que elimina un obstáculo para la firma del nuevo convenio. El Gobierno foral, sin embargo, trabaja en su apuesta por la alta velocidad con la espada de Damocles que sus socios le han puesto encima. Hasta el punto de que, según le han avisado, barajan no apoyar los próximos Presupuestos si incluyen dinero para el TAV. SALESIANOS: GUERRA CON EL AYUNTAMIENTO El TAV ejercía como terreno principal de pugna entre las siglas del cuatripartito, cuando entre ellas se ha desatado otro conflicto de manera virulenta. La decisión del Gobierno foral de llevar adelante el proyecto urbanístico de Salesianos ha ocasionado un enfrentamiento entre Geroa Bai y sus tres socios (EH Bildu, Podemos e I-E), pero también entre las dos instituciones estrella dentro del cambio político de 2015: el Ejecutivo de Uxue Barkos y el Ayuntamiento pamplonés de Joseba Asiron. La empresa pública Nasuvinsa ha dado luz verde a la construcción de cuatro torres, con un total de 400 viviendas, en el solar del Ensanche pamplonés que hoy ocupa Salesianos, centro de Formación Profesional que quiere con la operación sufragar su traslado a Sarriguren para ampliar y modernizar sus instalaciones. El Plan de Salesianos echó a andar con UPN en el Ejecutivo y las parcelas en las que se crearán los pisos se acaban de ofertar con el de Barkos, a la que se le han amotinado sus socios. La altura prevista de las torres (18 pisos) se ha mantenido, a pesar de que el grupo municipal de Bildu, con el alcalde Asiron al frente, insistió en rebajarlas. El actual Ejecutivo ha respetado la tramitación del PSIS aprobado en 2012 y el Plan Especial de abril de 2015 “al considerar que cualquier modificación sustancial resultaba inviable desde el punto de vista jurídico y exponía a la Hacienda Foral a riesgos económicos que resultaban del todo inasumibles”. Pero desde EH Bildu, Podemos e I-E no dan validez a la excusa de la posible penalización económica y afean al Gobierno por no haber tenido “valentía” para paralizar un proyecto que tildan de “especulativo”. Lo más grave, asumen en las tres formaciones, es que supone continuar con “políticas de UPN”. - “No es verdad que hubiera que pagar 44 millones de euros, ya que el ayuntamiento proponía mantener el mismo aprovechamiento urbanístico” -expone en Twitter el portavoz parlamentario de EH Bildu, Adolfo Araiz. - “Modificar el Plan Especial, como poco 13 meses más de retraso para Salesianos, y la posibilidad de tener que pagarles cerca de 35 millones” -le replica su homólogo de Geroa Bai, Koldo Martínez. - “No es cierto” -prosigue Araiz. - “Tu palabra contra los informes de los técnicos del Gobierno de Navarra” -cierra Martínez. Y es que la red social ha escenificado este mes las colisiones entre los socios, con Martínez en el rol de principal defensor del Gobierno, frente a las críticas de Laura Pérez (Podemos); Armando Cuenca y Laura Berro (ediles de Aranzadi); o el alcalde Asiron. - “Malas noticias sobre Salesianos. El Ayuntamiento exigió la modificación de este despropósito y pediremos explicaciones” -tuiteó el primer edil. - “¿A quién? ¿O no teníais nada que ver?” -le rebatió el dirigente de Geroa Bai. EDUCACIÓN CONCERTADA: RATIOS Y ALGO MÁS El acuerdo programático por el que Uxue Barkos gobierna Navarra tiene a los conciertos educativos en su apartado de Temas a desarrollar pendientes de consenso. La discrepancia saltó a la palestra la semana pasada. El permiso concedido por Educación a dos centros concertados, el religioso de la Compañía de María de Tudela y la Ikastola Paz Ziganda de Villava, para que amplíen su ratio por aula en 1º de Infantil de 25 a 28 alumnos, posibilitando que puedan acceder niños que habían quedado en lista de espera, ha creado una separación dentro del cuatripartito: I-E, Podemos y Bildu como contrarios a la medida, y Geroa Bai como único respaldo. La coalición de la presidenta emplea para su defensa sendas resoluciones del Defensor del Pueblo que han dado la razón a los padres afectados. Para el resto de siglas del cuatripartito, el aumento de alumnos por clase va en contra del acuerdo programático y de “revertir los recortes de UPN y PP”. En el rechazo de I-E y Podemos, no obstante, hay algo más. I-E ha amenazado con romper relaciones con Educación argumentando que la elección de un centro religioso por las familias “no es un derecho”. “La elección de una enseñanza religiosa no puede ser óbice para la admisión en un centro y menos para aumentar la ratio porque se estaría poniendo las motivaciones religiosas por encima de las pedagógicas”, afirma por su parte Podemos. I-E y Podemos tienen posado su objetivo en la educación concertada. Lo dejaron claro sus parlamentarias Marisa de Simón y Laura Pérez, respectivamente, durante una rueda de prensa el último noviembre. “Hay que avanzar hacia la reversión de los conciertos educativos, empezando por las enseñanzas no obligatorias”, conminó De Simón. “Hay un par de líneas que correspondería renovar este año y se van a prorrogar, y queremos evitar que esa relación contractual pueda hurtarnos el debate. Queremos que de aquí a septiembre se haga un calendario para evitar esa prórroga y , en el caso de que no sea posible, sea sólo por un año”, aseguró entonces Pérez, para acentuar que “se valore la necesidad de no seguir financiando la concertada que segrega por sexos”. Desde ambas enarbolaron un compromiso con vistas a los Presupuestos de 2018, “de cara a la restricción y supresión de conciertos y su asunción por la enseñanza pública”. Pero Geroa Bai es reticente. Después de las palabras de Pérez y De Simón, la presidenta Barkos ha replicado que “no es objetivo del Gobierno” acabar con la educación concertada, y ha defendido que la convivencia de las redes educativas pública y concertada “ha dado un magnífico resultado en el conjunto”. De ahí que la propia presidenta haya reconocido discrepancias entre los socios. AROZTEGIA DE LEKAROZ: BILDU CONTRA GEROA BAI El Plan Sectorial de Incidencia Supramunicipal (PSIS) de Aroztegia también figura en el acuerdo programático como motivo de desentendimiento. El paso del tiempo reafirma que de manera acertada. El proyecto está impulsado por empresarios vinculados a Baztan y consiste en la promoción de un hotel, un campo de golf y un área residencial sobre 448.000 metros cuadrados de Lekaroz. El anterior Gobierno de UPN aprobó el plan en la fase final de la pasada legislatura y el Ejecutivo presente lo está manteniendo frente a las críticas de su socio EH Bildu. El enfrentamiento entre la coalición abertzale y Geroa Bai es todavía más crudo en Baztan, cuyo ayuntamiento, comandado por Bildu, se opone frontalmente a Aroztegia. El pasado junio, la exalcaldesa del valle y parlamentaria de Geroa Bai Virginia Aleman fue víctima de un escrache frente a su vivienda baztanesa por parte de personas contrarias al respaldo del Ejecutivo al proyecto. Así mismo, un edil de Geroa Bai, Rubén Ziganda, sufrió la colocación de pancartas ante su domicilio. Todos los grupos municipales condenaron las acciones menos Bildu, que se abstuvo. Aroztegia tampoco está bien visto por I-E y Podemos, que lo valoran como “sobredimensionado”. Bildu lo afea como “pelotazo urbanístico”. Y Geroa Bai lo ensalza como “una oportunidad para el desarrollo socioeconómico del valle” y porque “cumple con el objetivo del Gobierno de posicionar Navarra en el mercado internacional”. Con todo, el Ejecutivo acaba de dar un paso clave para el inicio de las obras, con la aprobación definitiva del proyecto de reparcelación. LEY DE POLICÍAS Y LA INCÓGNITA DE PODEMOS La consejera de Interior, María José Beaumont, tiene de tiempo hasta finales de septiembre para tratar de alcanzar algo para lo que hasta el momento se ha demostrado incapaz: un entendimiento con sindicatos de la Policía Foral y todos los integrantes del cuatripartito que le permita sacar adelante su nueva Ley de Policías. La propuesta de Interior acumula ya un recorrido muy azaroso, después de que centenares de agentes, convocados por los cinco sindicatos de Policía Foral -APF, CSI-F/SPF, ELA, CC OO y UGT- y centrales de policía local y auxiliares, salieron a la calle para protestar por una norma que ataca sus derechos, según entienden. Entre otros puntos, el Gobierno quiere que los policías del Cuerpo autonómico trabajen más horas, para lo que busca eliminar la compensación de 18 días (126 horas) menos de trabajo al año de la que los policías pueden disfrutar por pruebas físicas. Ante el alejamiento de Beaumont con las centrales, Podemos se ha negado a secundarle a la consejera con su proyecto legislativo si no logra antes un consenso sindical. La formación morada no ha descartado apoyar junto a la oposición una enmienda a la totalidad que tumbe la nueva norma. El cuatripartito posibilitó dos prórrogas en el Parlamento. Es decir, más tiempo para Beaumont, ante quien finalmente se sentaron a negociar los sindicatos APF y CSI-F/SPF, mayoría en la comisión de personal de Policía Foral. Pero a día de hoy sigue sin haber acuerdo y ya hay quienes dentro de los sindicatos interlocutores abogan por abandonar la mesa si Interior no cambia su posición. La otra incógnita apunta a Podemos, tal y como expresan desde el cuatripartito, en el sentido de comprobar si mantendrá la postura contraria que hasta el momento han verbalizado los parlamentarios Carlos Couso, Rubén Velasco y Laura Pérez, o si por el contrario puede suavizarla en favor del Gobierno a raíz del cambio en la dirección del partido, de la que Pérez fue descabalgada por Eduardo Santos y Ainhoa Aznárez (presidenta de la Cámara) por únicamente 28 votos. Fuentes del cuatripartito no descartan que la fractura interna que vive Podemos pueda tener traslación en éste y otros asuntos a su grupo parlamentario, de cuya portavocía también ha sido apartada Laura Pérez en favor de Mikel Buil.

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5 grietas en el cuatripartito

El Gobierno y las siglas que lo sustentan viven un agosto ‘caliente’ que, a sus conflictos internos ya conocidos del TAV, Aroztegia o la ley policial, ha sumado tensión por Salesianos y la concertada

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