Diario de Navarra

El departamento de Educación del Gobierno de Navarra destituyó ayer al máximo responsable de sus servicios jurídicos 147 días después de nombrarlo para el cargo. Fermín Casado Leoz se convierte así en el tercer secretario general técnico al que el consejero Mendoza cesa en su puesto en apenas 16 meses. La decisión llega tras múltiples denuncias de “inseguridad jurídica” por parte de sindicatos y partidos de la oposición y de “errores técnicos” reconocidos por el propio Gobierno en recursos, redacción de normativa o el sistema de admisión de alumnos para el modelo D en la zona no vascófona, del que el Consejo de Navarra ha dicho que vulnera la ley. El puesto para el que ahora se busca sustituta (ayer sonaba una técnica de otro departamento) se ha convertido en una verdadera silla caliente para Educación. En agosto de 2015, Tres semanas después de su toma de posesión, José Luis Mendoza firmó el cese de Ignacio Iriarte Aristu, que se había mantenido al frente de la Secretaría General Técnica con los gobiernos de UPN durante 8 años. En su lugar nombró a Javier Lacarra Albizu, técnico formado en el Gobierno que, sin embargo, fue destituido por Mendoza justo un año después. El consejero adujo entonces razones de “mejora de la gestión” en unos días en los que descabezó el departamento con decenas de salidas. A Fermín Casado lo nombró el 21 de septiembre y lo relevó ayer. La Secretaría General Técnica es la responsable de dar asistencia jurídica al resto de unidades del departamento, tanto en la elaboración de normas como en la resolución de recursos administrativos interpuestos frente a sus actos y disposiciones. Y es precisamente aquí donde apuntaban errores en informaciones que se han conocido en los últimos meses. Primero fue un recurso no contestado a tiempo el que paralizó parte de las oposiciones de maestro, después se ha tenido que rectificar a golpe de publicación en el BON varias resoluciones de las direcciones generales (como cuando pidieron título EGA para directores de colegios de zona no vascófona), recursos de alzada contra las listas de interinos (ayer mismo el propio Casado firmaba tres en el Boletín) o la última: el nuevo proceso de admisión para los alumnos que quieran elegir modelo D en la zona no vascófona y del que el máximo órgano consultivo en materia legal de Navarra acaba de dictaminar que “vulnera el principio de jerarquía jurídica”. Busca solución para “adecuar la normativa de admisión” El director general de Educación del Gobierno foral, Roberto Pérez Elorza, aseguró ayer que se está estudiando el dictamen del Consejo de Navarra sobre los criterios para la admisión del alumnado en el curso 2017-18 y que se están “buscando las soluciones para adecuar la normativa”. Pérez Elorza explicó que el departamento recibió el lunes el dictamen del Consejo de Navarra, un informe que, aseguró, “se está estudiando”. “Cuando hay un dictamen se respeta y se buscan las soluciones para que la normativa se adecue, que esté adecuada a ese dictamen”, expuso el director general. Para el PSN, Barkos es la “responsable del desastre” La secretaria general del PSN, María Chivite, alertó ayer de la “deriva nacionalista en materia educativa” que está llevando a cabo el Gobierno foral y también criticó “la inseguridad jurídica” que está generando “cada día más” el departamento dirigido por Mendoza a la comunidad educativa y a la ciudadanía “tomando decisiones que incluso están rechazadas por los tribunales o los órganos consultivos, como el Consejo de Navarra”. Chivite afirmó que “la responsabilidad última del desastre que están siendo tanto las políticas educativas como la gestión de las mismas es de la presidenta del Gobierno”, puesto que “asume y suscribe” todo lo que está haciendo su consejero. Añadió que las políticas del Gobierno están siendo “una amenaza para la educación pública, y así lo reflejan los datos”, puesto que el curso pasado se incrementó la matriculación en la concertada y eso “es consecuencia de las políticas del departamento, como la amenaza para el PAI o la decisión unilateral de establecer centros de referencia del Modelo D en zona no vascófona”. Las familias, dijo, “ante la incertidumbre optaron por irse a la concertada”. Por su parte, el portavoz socialista de Educación, Carlos Gimeno, relató alguna de las cuestiones que tiene en su haber el Gobierno, “como el trato que da al PAI, la no paralización de la LOMCE, la OPE mal hecha, supresión de unidades en la Escuela Rural, dejación respecto a la inspección de los libros de texto, cambios en los criterios para las becas o la campaña de difusión de la prematrícula centrada en el Modelo D”, de la que dijo que tiene “muy poco de ética y mucho de patética” al dejar “a los pies de los caballos” la escuela pública. UPN PREGUNTA POR ERRORES EN LA OPE El portavoz parlamentario de UPN para Educación, Alberto Catalán, registró ayer una pregunta para saber cuál es la situación generada en las oposiciones de maestros celebradas en 2016 tras conocerse que “ha podido haber errores” en las puntuaciones. “Según parece, se han detectado errores en las puntuaciones definitivas en algunas especialidades y se han presentado en el departamento diferentes recursos para revisar las plicas”, afirmó Catalán. Por ello Alberto Catalán quiere saber “si desde Educación se va a realizar alguna comprobación general y cómo puede afectar esta circunstancia a los opositores que obtuvieron plaza y a la lista de contrataciones”.

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Educación destituye a su tercer secretario general en 16 meses

El máximo responsable de los servicios jurídicos del departamento ha permanecido en el cargo apenas 147 días

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