Diario de Navarra

El 5 de agosto de 2015 por la mañana, el consejero de Hacienda, Mikel Aranburu, escribió un e-mail a Maite Domínguez, responsable del servicio de Convenio Económico de su departamento. Acababa de leer en la prensa que el Gobierno central había calculado en 616 millones de euros la aportación que Navarra debía pagar al Estado en 2016 y quería saber si sus técnicos estaban de acuerdo. Tres horas después, recibió la respuesta de Domínguez. Ésta le contestó que no tenían los datos detallados al cien por cien, pero que podían estimar con bastante aproximación la aportación y que ésta no distaba mucho de lo calculado por el Estado. Su servicio consideraba que la aportación debía ser de 613 millones. Pese a la estimación de sus técnicos, el Gobierno de Uxue Barkos decidió presupuestar 515 millones de euros para la aportación. Aranburu reconoció en una respuesta a UPN que para calcular esa cifra no habían elaborado ningún informe ex profeso. Eran 100 millones menos de los que presupuestó el Gobierno central. El conflicto con el Estado era por tanto más que previsible y es ya una realidad. El Ejecutivo foral ha decidido pagar 520 millones de euros y Estado reclama 613, es decir, 93 millones más. El Gobierno de Mariano Rajoy comunicará formalmente al gabinete de Uxue Barkos su discrepancia y espera que éste reconsidere su postura. En caso contrario, podría adoptar medidas, advierte. APORTACIÓN PROVISIONAL Los ejecutivos de Navarra y España deben actualizar la aportación de la Comunidad foral para el quinquenio 2015-2019. Hasta que ese acuerdo no se produzca, la Comunidad foral abona de modo provisional una cantidad que se calcula con una prórroga de lo pactado en el último quinquenio acordado, el de 2010-2014. Consiste en aplicar a la aportación que se fijó para 2010 (año base) una actualización provisional. Así lo regula la Disposición Transitoria Segunda de la ley que regula el Convenio Económico. Con ese sistema calcularon tanto el Estado como los técnicos del servicio navarro del Convenio Económico los 613 millones de 2016. De hecho, en los tres primeros pagos trimestrales el Ejecutivo navarro se ciñó a esa cifra. Fueron en total 460,2 millones los que dio en tres abonos de 153,4 millones cada uno. El Gobierno foral ha reiterado en los últimos meses que Navarra estaba pagando de más y que esperaban cerrar un acuerdo que permitiera actualizar el Convenio y no tener que pagar los 613 millones presupuestados por el Estado. Sin embargo, era evidente la dificultad de ese acuerdo en semanas, dada la interinidad que durante meses ha afectado al Gobierno de Mariano Rajoy, y los cambios que se han producido en el organigrama de los altos cargos de la Administración central. La incógnita sobre qué pasaría con el 4º pago, si Navarra abonaría de nuevo o no los 153,4 millones como pedía la Administración central, o si reduciría esta cifra como defendía el Gobierno foral, se resolvió la semana pasada. El 30 de diciembre, Aranburu anunció que habían decidido pagar el último mes 60 millones. La aportación anual en 2016 quedaba así en 520 millones. El consejero se acogió al artículo 63 de la ley del Convenio que, tras afirmar que Navarra pagará la aportación anual en cuatro plazos de igual importe, señala en su punto 2 (al que aludió Aranburu), que si al cumplirse alguno de los plazos no hubiese sido posible establecer la aportación provisional, se ingresará la última aportación líquida provisional fijada. El consejero sólo habló de la oposición del Estado a esta decisión cuando le preguntaron los periodistas. El responsable de la Hacienda navarra redujo este conflicto a un asunto de “interpretación” o de “discrepancias en la metodología” entre ambas administraciones. Para el Estado, el Gobierno de Navarra ha decidido “incumplir unilateralmente” la ley del Convenio Económico. La secretaria general de Financiación Autonómica y Local ya lo advirtió a Aranburu a mediados de diciembre, según desveló el secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya. Éste declaró que él mismo avisó por escrito la semana pasada al consejero navarro, por lo que sostuvo que el Ejecutivo foral ha actuado con “pleno conocimiento y voluntad”. NO ES LA ÚNICA DIFERENCIA Como se indicaba, la aportación de Navarra desde 2015 es provisional. Cuando el acuerdo de actualización del Convenio sea una realidad, se hará el ajuste y liquidación que resulte. 2015 es el año base del actual quinquenio. Una vez acordada la aportación para ese año, se aplicará un índice de actualización anual que determinará los pagos hasta 2019. Luego se deberá volver a actualizar la aportación para el siguiente quinquenio. El Ejecutivo navarro asegura que la Comunidad está pagando de más. Aranburu presentó en octubre un informe de la Hacienda Foral que concluye que en 2015 Navarra debió abonar entre 341 y 494 millones, cuando aportó 590. Según ese trabajo, Navarra pagó entre 100 y 250 millones de más. El Ministerio de Hacienda no tardó en descalificar ese análisis. “Lamentablemente, simplifica el debate en torno a cifras dibujadas con escaso fundamento técnico”, señaló en una nota. Esa “supuesta pérdida de recursos de 100 millones” “ni es real ni está justificada”, afirmó. Mientras no haya acuerdo, será también provisional la aportación que se abonará en este 2017. El Gobierno de Navarra la ha cifrado en 470 millones. El Estado todavía no se ha pronunciado públicamente sobre si está de acuerdo o no con esta cifra. En noviembre, el consejero de Hacienda ya advirtió que el déficit con el que Navarra cerraría 2016 iba a depender “en gran medida” de la negociación del Convenio. Es uno de los motivos que ha podido influir en la decisión del Gobierno foral de ajustar la aportación a lo que presupuestó.

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La aportación de Navarra al Estado, un conflicto que se veía venir

El Gobierno navarro presupuestó para 2016 100 millones menos de lo que fijó el Estado

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