Diario de Navarra

Padres de familias de acogida navarras comparecerán próximamente en el Parlamento foral para criticar el actual modelo de protección al menor en Navarra en situaciones de conflicto, y en particular, relatar las dificultades con las que se encuentran cuando cumplen los 18 años. El número de menores en “conflicto social” que fueron atendidos en 2015 en el régimen de acogimiento residencial fue de 122. Son menores que pueden presentar problemas de conducta, emocionales o de adaptación social. Estos padres critican duplicidades en el sistema, que hacen que aumente el coste para la Administración, descoordinación entre los recursos que existen, falta de medios y de personal adecuado y sobre todo, la ineficacia del modelo para conseguir “que las actuaciones tengan un fin educativo que les ayuden a reinsertarse en la sociedad”. El acogimiento no equivale a la adopción. Los menores continúan teniendo relación con sus padres biológicos mediante un régimen de visitas. Cuando estos menores tienen problemas de conducta -han cometido delitos, muestran una conducta agresiva o consumen drogas - el Juzgado de Familia puede decretar el internamiento de estos adolescentes en regímenes que van desde el internamiento cerrado pasando por el terapéutico hasta la permanencia de fin de semana en un centro. El fin es “abordar su problema de una manera intensa y personalizada para volver al recurso de origen”, tal y como explican desde el Departamento de Derechos Sociales. “No es una vía muerta”. Estos centros de internamiento son gestionados por entidades privadas con las que el Gobierno de Navarra ha establecido un concierto. En Navarra existen varios. Están gestionados por la Fundación Ilundáin-Haritz Berri; otro lo gestiona la Fundación Xilema (Argaray), y otro, por ejemplo, la Asociación Sin Fronteras. En Navarra el Centro Educativo Aranguren es la institución de referencia para el cumplimiento de medidas de internamiento exclusivamente judiciales. Cada equipo de cada centro está formado por, al menos, un psicólogo, un trabajador social, un coordinador, además del equipo educativo y un técnico superior de integración social. “Cada vez que mi hijo de acogida le cambian de centro por diferentes motivos, ha de empezar de nuevo con un nuevo equipo con la inestabilidad que eso conlleva”, explica uno de los padres. “La valoración de estos menores y el personal de los centros no deberían ser subcontratados”, dice un padre. Como ejemplo de la “ineficacia” de estos centros como herramientas educativas, relatan que los jóvenes son trasladados cuando han de acudir al médico o al juzgado por agentes de Policía Foral uniformados y con vehículos oficiales. Creen que se trata a menores como delincuentes. “En otras comunidades autónomas, en cambio, los menores son trasladados por agentes de paisano en coches sin ningún tipo de identificación policial”. En esta misma línea, aseguran que los castigos que reciben no son ajustados a Derecho. Relatan que a alguno de ellos lo han llegado a aislar durante varios días. La legislación establece que la separación del grupo como medida disciplinaria está expresamente prohibida y se limita a seis horas. La contención debe estar motivada por comportamientos violentos. Otro de los ataques a la Administración foral tiene que ver con las medidas de seguridad de estos centros y con el personal que desempeña estas funciones, “sin la preparación adecuada”, según los padres. Es más. Señalan que “las fugas son una constante en estos centros”, con lo que “se pone la vida de los menores en continuo riesgo durante los días que se encuentran en paradero desconocido”. DE 414 EUROS A 6.000 Las familias que acogen a un menor reciben una ayuda mensual del Gobierno de Navarra de 414 euros al mes. Si el menor pasa a un acogimiento residencial, la Administración foral desembolsa entre 4.000 y 5.000 euros al mes por menor, que pueden llegar hasta los 6.000 cuando es internado. Los padres de acogida de estos menores reprochan que estas cantidades de dinero son cobradas por las respectivas fundaciones “incluso cuando los menores se han fugado” y ni tan siquiera pernoctan en el centro. Uno de los momentos delicados de este tipo de jóvenes tiene que ver cuando cumplen 18 años. En aquellos casos en los que se sabe de antemano que el menor no va a regresar con su familia biológica, la Administración foral inicia cuando el menor tiene 16 años un programa de preparación para la vida autónoma. El objetivo es que el menor continúe con sus estudios. Este programa consiste en enseñarles a gestionar su propio dinero. Con 17 años, pasan a un piso compartido fuera de la residencia. Al cumplir los 18 años, los menores que proceden del sistema de protección pueden percibir la renta garantizada. En estos momentos, la Administración “acompaña” a los menores hasta los 21 años, siempre y cuando ellos quieran. Se reducirá el ámbito residencial para potenciar el acogimiento El sistema de protección se encuentra en un proceso del cambio, según explican desde el departamento de Derechos Sociales. El Gobierno foral quiere reducir el ámbito residencial para potenciar el acogimiento familiar como espacio fundamental de referencia En esta línea el Gobierno de Navarra va a poner en marcha un nuevo modelo de acogimiento destinado a aquellos menores en situación de desprotección. Para estos casos buscan familias en las que al menos uno de los miembros cuente con formación específica en áreas relacionadas con la psicología, la pedagogía, la educación social o el trabajo social, así como experiencia en la atención de menores. Esta persona deberá dedicarse exclusivamente a la atención del menor y, a cambio, recibirá una compensación económica por parte del Gobierno de Navarra. Ahora bien, no existe una relación laboral. La persona que esté a cargo del menor deberá pagar la Seguridad Social. Desde la Subdirección de Familia y Menores calculan que actualmente, unos diez menores, en situación de desprotección, con edades comprendidas entre 8 y 17 años, pueden necesitan un acogimiento familiar especializado. Este programa de acogimiento especializado, cuya gestión será licitada próximamente, comenzará durante los primeros meses de 2017 como un piloto con el objetivo de que a finales del próximo año se encuentre operativo. Para financiarlo el Gobierno de Navarra destinará 200.000 euros, según explicó recientemente. 233 MENORES ACOGIDOS Las estadísticas del Departamento de Derechos Sociales indican que 233 menores están acogidos en familias que no son la suya. De ellos, 150 se encuentran con parientes próximos (abuelos, tíos, etc.) y 83 en otras familias. Las familias interesadas en acoger temporalmente en sus hogares a un menor en situación de desprotección pueden contactar con la Subdirección de Familia y Menores del Gobierno de Navarra a través del teléfono 848 42 12 10 o del correo electrónico familiasdeacogida@navarra.es

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Padres de familias de acogida critican el modelo de protección

Señalan que existen duplicidades, y sobre todo, que es “ineficaz” para lograr reinsertarlos

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