El fenómeno de la ocupación ilegal de viviendas sigue generando controversia tanto en España como en Estados Unidos. Mientras las denuncias por okupas aumentan y, solo en 2024, Madrid registró 1.451 casos y Cataluña acumuló el 43% del total nacional, en ciudades como Chicago afloran historias que revelan la complejidad de afrontar esta problemática. Así lo ha relatado al medio ABC 7 Chicago Marco Velázquez, propietario de una vivienda en el sur de Chicago, se enfrentó a un caso insólito cuando, al intentar vender su inmueble, su agente inmobiliario descubrió que una pareja lo había ocupado y aseguraba ser dueña legítima.

Según narra Velázquez, tras constatar la presencia de Shermaine Powell y Codarro Dorsey en la vivienda, acudió a la policía. Sin embargo, al exhibir los supuestos papeles de compra —que resultaron no estar registrados oficialmente—, las autoridades trasladaron la responsabilidad a los tribunales. "Fue frustrante. Sabía que eran impostores, pero la ley no me daba herramientas rápidas". La situación evidenció que, en Illinois, al igual que en España, los dueños pueden encontrarse atados de manos ante documentos fraudulentos y una respuesta institucional lenta.

UNA ESTRATEGIA POCO HABITUAL ANTE LOS OKUPAS

Conscientes de que el proceso judicial podría demorarse durante meses y tras sopesar los costes asociados a abogados y la paralización de la venta, Velázquez y su esposa optaron por mudarse a la casa junto a los ocupantes. "Queríamos dejarles claro que no cederíamos", afirma. La convivencia subió la tensión, hasta que los ocupantes demandaron 8.000 dólares (unos 7.000 euros) para abandonar la vivienda, alegando supuestas reformas como justificación.

ACUERDO ECONÓMICO Y REFLEXIÓN SOBRE EL MARCO LEGAL

Tras calcular que proseguir legalmente le supondría mucho más, Velázquez optó por ofrecerles 4.300 dólares (alrededor de 3.700 euros) a cambio de un desistimiento escrito de cualquier reclamación futura y la devolución de las llaves. Los ocupantes aceptaron el acuerdo y abandonaron el inmueble, permitiendo al propietario ahorrar más de 3.200 euros respecto a lo inicialmente exigido.

En España, la estrategia de Velázquez encuentra eco en una situación igualmente compleja: la lentitud de los procesos y la distinción legal entre usurpación y allanamiento amparan a menudo a los ocupantes. Organizaciones como el Instituto de Estudios Económicos y plataformas de afectados abogan por desahucios en 72 horas y eliminación de trámites que puedan alargar la resolución. Solo el pasado año, 228 propietarios en Madrid recibieron compensaciones debido a la suspensión de desahucios por casos de vulnerabilidad.

DESAFÍOS Y PETICIONES DE REFORMA LEGAL

Expertos y asociaciones subrayan que acuerdos como el alcanzado en Chicago, aunque pragmáticos, pueden alimentar prácticas de extorsión y perpetuar el problema. En España se reclama la supresión del "derecho a la inviolabilidad del domicilio" en contextos de okupación y la puesta en marcha de desalojos exprés, junto a incentivos fiscales para propietarios afectados.

Mientras tanto, Marco Velázquez advierte: "Nadie cree que le pasará hasta que ocurre. Y entonces, las opciones son todas malas". Su caso, lejos de ser una excepción, pone de relieve cómo la realidad va por delante de la normativa tanto en EE.UU. como en España, obligando a los dueños a elegir entre pérdidas económicas o largos procesos judiciales.