Tribunales
Admitida la querella contra Julio Iglesias por agresión sexual a dos extrabajadoras
El juez considera que los testimonios de las denunciantes y la documentación aportada contienen indicios suficientes para iniciar una investigación sobre unos hechos que habrían ocurrido en las propiedades del artista en Bahamas y República Dominicana.


Publicado el 19/11/2026 a las 09:13
El juez de la Audiencia Nacional, Antonio Piña, ha admitido a trámite la querella presentada por dos antiguas trabajadoras de Julio Iglesias contra el cantante por presuntos delitos contra la libertad sexual, lesiones y trato degradante. El magistrado considera que los testimonios de las denunciantes y la documentación aportada contienen indicios suficientes para iniciar una investigación sobre unos hechos que habrían ocurrido en 2021 en las propiedades del artista en Bahamas y República Dominicana.
La resolución, sin embargo, limita el alcance de la investigación. Piña rechaza admitir la querella por un presunto delito de trata de seres humanos con fines de trabajo forzado y servidumbre, así como por delitos contra los derechos de los trabajadores. Además, restringe la investigación por lesiones y trato degradante a los hechos posteriores al 5 de octubre de 2021, salvo que puedan formar parte de la dinámica de un delito contra la libertad sexual que no haya prescrito. La investigación por los delitos sexuales queda abierta, sin que el juez haya establecido todavía una calificación definitiva.
El magistrado fundamenta la admisión en el relato de las dos querellantes y en los elementos de prueba que acompañan al escrito. Entre ellos figura una fotografía de una de las mujeres en la que se aprecia un hematoma en uno de los brazos, que podría ser compatible con un agarre fuerte, y dos marcas en uno de los muslos que podrían corresponderse con mordeduras. Según la querella, estas lesiones estarían relacionadas con episodios de violencia física durante actos de contenido sexual a los que, presuntamente, se la obligaba a participar.
El juez considera que estos elementos constituyen un principio de prueba suficiente para abrir el procedimiento, aunque advierte expresamente de que su decisión "no supone un juicio valorativo sobre su credibilidad".
Las dos extrabajadoras, identificadas públicamente con los nombres ficticios de Rebeca y Laura, sitúan los hechos entre enero y octubre de 2021, cuando trabajaban en las residencias de Iglesias en República Dominicana y Bahamas.