La Comisión nacional de Justicia y Paz, dependiente de la Conferencia Episcopal, se adhería públicamente a un documento enviado por la organización internacional Pax Christi a los procuradores en Cortes, referente al proyecto de ley sobre negativa a la prestación del servicio militar. Decía que era una cuestión favorablemente abordada en varios países de Europa, en los que se aceptaba la posibilidad de que los objetores de conciencia prestaran servicios civiles. La Comisión nacional de Justicia y Paz solicitaba de las Cortes españolas que se suprimiera del actual proyecto toda medida penal contra el objetor de conciencia y se le diera la posibilidad de realizar un servicio civil por un tiempo equivalente o parecido al militar. De lo contrario, se podía hablar de la “muerte civil” del objetor, decía la Comisión.