La central sindical chilena y los políticos de izquierda reiteraron las órdenes de alerta máxima a sus militantes para hacer frente a una “aventura golpista” y a los intentos de derrocar al Gobierno. Los trabajadores se mantenían permanentemente en sus centros laborales en contacto directo con la central sindical. El vicepresidente de la CIT, Eduardo Rojas, dijo que existían pruebas para denunciar que se estaba preparando un golpe de Estado. El Partido Socialista declaró que había que mantenerse al pie de guerra para salir al paso de todo intento de golpe de Estado y en medios próximos al Partido Comunista se comentaba que la situación era extremadamente grave. El Cardenal Silva Henríquez no había mediado en el conflicto de los transportistas porque se había convertido “en un movimiento político”.