José Luis García Villalba, consejero delegado de Obrascón, negó categóricamente en el juicio del ‘caso Urralburu’ que su empresa hubiera pagado comisiones a los políticos para la construcción de la autpvía del norte. El fiscal, por el contrario, sostiene que pagó el equivalente al 5% del presupuesto de la obra, dinero que se disfrazó atribuyéndolo a servicios de contravigilancia puesto que la infraestructura era objetivo de ETA. Su versión contrastó con la de uno de sus empleados, Tomás Arenal Ibáñez, jefe financiero de la empresa, quien reconoció una “actividad extracontable” mediante pagos en cheques bancarios que después se emplearon en costear parte del patrimonio inmobiliario de los imputados. Dijo que desconocía la finalidad última de los talones. “Ni yo preguntaba ni él me lo decía”, declaró.