El convenio de la industria química, suscrito para el periodo 2015-2017, con incrementos salariales que oscilan entre el 1 y el 1,7%, afecta a 190.000 trabajadores a nivel estatal, de los que unos 5.000 desarrollan su actividad en la Comunidad foral.

Los detalles de este acuerdo fueron detallados este viernes 11 de septiembre en Pamplona por el responsable estatal del sector químico de FITAG-UGT, José Carlos Ruiz, quien, en sus declaraciones, destacó que "se ha roto la tendencia a la hora de plantear convenios".

"Para lo bueno y para lo malo este convenio es un escaparate dentro de la negociación colectiva sectorial" y en este caso "se ha dado un mensaje de unos incrementos que van creciendo conforme avanzan los años", afirmó Ruiz, quien insistió en que hay que "ir mejorando las condiciones económicas de los trabajadores".

Reconoció que durante la negociación la patronal intentó que se reflejara parte de la reforma laboral en el convenio, pero ellos mantuvieron el criterio de que "la recuperación no se va a llevar a cabo hasta que haya un incremento de los salarios y el convenio sectorial es el ámbito perfecto para poder regular las condiciones".

De esta forma quiso salir al paso de los comentarios empresariales en el sentido de que los convenios son "un corsé que hacen el efecto contrario a la creación de empleo".

El acuerdo recoge un incremento para el 2015 del 1%, para el 2016 del 1,5 y el 2017 el 1,7%, con una cláusula de revisión salarial que garantizará el poder adquisitivo de los trabajadores, que, según precisó, solo operará al alza, de forma que si el IPC real es inferior al incremento pactado, la plantilla no verá mermada sus tablas salariales.

A eso añadió que se han modificado casi ochenta artículos del convenio, con "una mayor intervención por parte de los comités de empresa para solicitar mayor información en los posibles procesos de crisis, con antelación suficiente y documentación que se puede exigir para tener un conocimiento no solo del presente sino del futuro".

También, según señaló, se han avanzado en cuestiones relacionadas con la salud laboral y la igualdad y en alguna licencia.

El sector perdió durante la crisis casi 30.000 puestos de trabajo repartidos de forma desigual en los diferentes subsectores, según el sindicalista, quien apuntó que respecto al futuro les preocupan cuestiones como la inversión en I+D+i, que "debe ser reforzada".

Además generan inquietud cuestiones como el "desastre del sector energético" y el tema de la interrumpibilidad de las subastas eléctricas.

En los próximos meses, según comentó, estarán también atentos al posible impacto que pueda tener la situación de crisis y las conversaciones sobre el comercio con Estados Unidos.