El Sindicato Unificado de Policía (SUP) en Navarra ha emitido un comunicado en el que recuerda que la seguridad en los encuentros de fútbol de Primera División corresponde en exclusiva a la Policía Nacional. La organización mayoritaria responde así a las recientes peticiones formuladas por el Gobierno de Navarra, distintos grupos parlamentarios, una organización sindical y el propio Club Atlético Osasuna para que la Policía Foral asuma el orden público en los partidos celebrados en el estadio de El Sadar.

El sindicato subraya que la seguridad en estos eventos no depende de la titularidad del estadio ni de las competencias autonómicas en materia de espectáculos públicos, sino que se trata de una materia de seguridad pública y orden público de carácter supraautonómico. "Esta responsabilidad corresponde al Estado y es ejercida por la Policía Nacional, según establece la normativa vigente. Los incidentes ocurridos el pasado fin de semana en El Sadar, cuando grupos ultras atacaron a miembros de la seguridad privada del club, obligaron a la intervención inmediata de la Unidad de Intervención Policial (UIP)", dice el comunicado.

El SUP destaca que los partidos de Primera División están catalogados como eventos deportivos de alto riesgo conforme a la normativa estatal de prevención de la violencia en el deporte. "Esta catalogación determina directamente el modelo de seguridad aplicable, que va más allá de garantizar el acceso ordinario a un espectáculo público sino de prevenir alteraciones graves del orden público derivadas de desplazamientos masivos de aficionados, rivalidades de alta intensidad y la presencia de grupos violentos organizados", explican.

La normativa establece que la planificación, dirección y ejecución de los dispositivos de seguridad se rige por legislación estatal y por los acuerdos adoptados en las Juntas de Seguridad. "En estos órganos se establece una distribución clara de funciones entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las policías autonómicas, correspondiendo a la Policía Nacional la responsabilidad principal en materia de orden público y seguridad ciudadana en este tipo de eventos. La titularidad del recinto deportivo o las competencias administrativas en espectáculos públicos no alteran esta realidad jurídica ni operativa".

Uno de los elementos que justifica este marco competencial es la existencia de grupos ultras y violentos vinculados al fútbol profesional, cuya actividad trasciende el ámbito territorial de cualquier comunidad autónoma. La Policía Nacional dispone de unidades especializadas en información e inteligencia dedicadas específicamente al seguimiento, prevención y control de estos grupos a nivel nacional, integradas en estructuras de coordinación permanente.

"Estas unidades incluyen bases de datos centralizadas, seguimiento operativo interterritorial, intercambio de información en tiempo real y coordinación con otras plantillas policiales y dispositivos desplegados en todo el territorio nacional. Este trabajo continuo permite anticipar riesgos, identificar desplazamientos organizados y prevenir incidentes antes de que se produzcan, especialmente en encuentros frente a clubes de gran proyección donde confluyen aficionados procedentes de múltiples comunidades autónomas", añade el comunicado.

Desde el SUP no se cuestiona la profesionalidad ni la experiencia de la Policía Foral en dispositivos de seguridad. "Sin embargo, la organización advierte que la disponibilidad de medios o experiencia no implica la atribución automática de competencias que el ordenamiento jurídico reserva al Estado. Confundir cooperación operativa con sustitución competencial supone desdibujar el modelo legal vigente y generar expectativas contrarias al marco normativo actual", afirman.

El sindicato considera preocupante que este debate se presente como una cuestión meramente técnica cuando, en realidad, implica una reinterpretación del reparto competencial establecido por la Constitución y la legislación estatal. "Ni el Gobierno de Navarra ni el propio club pueden redefinir por la vía de los hechos competencias en materia de seguridad pública", añade el comunicado.

El SUP advierte que asumir competencias sin cobertura legal generaría inseguridad jurídica, duplicidades operativas y posibles conflictos de responsabilidad ante incidentes graves. "El modelo actual se fundamenta en la cooperación y coordinación entre cuerpos policiales, no en la sustitución unilateral de funciones", termina.