El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha confirmado este jueves 2 de julio la multa de 4.100 millones a Google impuesta por la Comisión Europea. En su sentencia, el alto tribunal desestima el recurso de casación interpuesto por la tecnológica y su matriz (Alphabet) y avala la sanción impuesta por sus prácticas contrarias a la competencia relacionadas con el abuso de posición dominante del buscador Google Search en el sistema operativo Android.

El Ejecutivo comunitario adoptó una decisión en 2018 en la que concluyó que el gigante tecnológico había abusado de su posición dominante al imponer, mediante acuerdos de preinstalación y condiciones de concesión de licencias de aplicaciones, la preeminencia de su motor de búsqueda Google Search y de su navegador Google Chrome en dispositivos Android. Declaró, por tanto, la existencia de una infracción única y continua e impuso una multa global de 4.343 millones de euros, de los cuales unos 1.922 se imputaban conjuntamente a Alphabet.

El Tribunal General (TGUE) confirmó la infracción, pero anuló parte de la decisión de Bruselas sobre los supuestos acuerdos de reparto de ingresos con los fabricantes y operadores de redes móviles relacionados con la preinstalación de Google Search. De este modo, rebajó la multa a 4,125 millones a Google, de los cuales 1.520 corrían a cargo de su empresa matriz, en concepto de su responsabilidad solidaria.

En su decisión de este jueves, el alto tribunal con sede en Luxemburgo determina que el TGUE no incurrió en error de Derecho al examinar los efectos contrarios a la competencia de las condiciones de preinstalación previstas en los acuerdos con Android. Apunta que los magistrados tuvieron en cuenta todo el contexto económico pertinente, sin que fuera necesario realizar un análisis de contraste para demostrar un incumplimiento de la prohibición de abuso de poder dominante.

La sentencia señala, igualmente, que el TGUE podía estimar que existía un sesgo de 'statu quo' en favor de las aplicaciones preinstaladas y considerar que Google y Alphabet no habían demostrado que las preferencias de los usuarios o la calidad de sus servicios explicaran por sí solas los comportamientos observados.

Tampoco incurrió en error al confirmar la apreciación de la Comisión Europea acerca de las condiciones de preinstalación previstas en los acuerdos con Android. El alto tribunal afirma que "la demostración de un abuso de posición dominante no se supedita en todos los casos a la prueba de la capacidad para expulsar del mercado únicamente a competidores igual de eficaces". Dadas las características propias de los mercados digitales el TGUE "podía concluir, sin recurrir a esa prueba, que dichas prácticas podían restringir la competencia y reforzar las barreras de entrada".

El TJUE subraya que la decisión confirmó, además, los acuerdos contra la fragmentación que "podían limitar las oportunidades comerciales de las versiones de Android no compatibles y reforzar así la posición dominante de Google". Por ello, destaca que no era necesario un análisis de contraste, ya que los efectos contrarios a la competencia del comportamiento en cuestión "habían quedado suficientemente acreditados". Afirma que los abusos restantes apreciados se enmarcaban dentro de "una misma estrategia contraria a la competencia".

Por último, la decisión confirma la competencia del TGUE para fijar el importe de la multa y declara que su fundamentación era suficiente y que se respetaron los principios procesales invocados por Google y Alphabet, en particular el derecho de defensa.

Tras conocer la sentencia, un portavoz de Google ha apuntado que la decisión del TJUE "no reconoce nuestra importante inversión para garantizar que Android siga siendo abierto, interoperable y gratuito. En cualquier caso, adaptamos nuestros acuerdos para cumplir con la decisión inicial ya en 2018 y seguimos centrados en la innovación continua y la apertura para nuestros usuarios, socios y desarrolladores".

Las tecnológicas estadounidenses mantienen una dura batalla judicial contra la Comisión Europea por sus obligaciones bajo a la Ley de Servicios Digitales. En el caso de Google, esta es la segunda sanción millonaria que le impone Bruselas, que en 2017 multó a la compañía con 2.424 millones de euros por favorecer su propio comparador de compras en los resultados de su buscados, una sanción que el TJUE confirmó en 2024.