La directora del Conservatorio Superior de Música de Navarra, Arantza Lorenzo de Reizábal, ha calificado de “sesgado, parcial y tendencioso” el informe de evaluación de factores psicosociales elaborado por el servicio de Prevención de Riesgos Laborales (PRL), al que se refirieron el miércoles varios profesores en su comparecencia parlamentaria. Considera que presenta deficiencias metodológicas y conclusiones que no reflejan de forma objetiva la realidad del centro.

La directora subraya que el informe “nunca ha estado oculto en un cajón” y explica que “exactamente tres días después de recibirlo redacté y envié al Departamento de Educación y a la Sección de PRL un escrito de alegaciones en el que solicitaba su anulación”. Tras recibir respuesta, afirma que procedió “al envío del informe a todo el personal del centro”.

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Lorenzo de Reizábal detalla que la presentación ante el claustro fue realizada por responsables de PRL porque “las psicólogas que lo elaboraron se negaron a hacerlo”. Según indica, en esa sesión se reconoció que el documento “recogía tan solo el sentir del profesorado —y no de todos— y que no reflejaba datos objetivos”, y añade que hubo docentes que protestaron porque “sus opiniones, expresadas en las entrevistas, no estaban recogidas en el informe”.

La directora cuestiona la representatividad de la encuesta y recuerda que, aunque se envió a 110 docentes, “solo respondieron 50”. En su opinión, “el porcentaje de respuestas y la manera en que se ha constituido la muestra estudiada no permiten extrapolar los resultados a toda la organización”, y sostiene que se ha comprobado “una distribución desequilibrada” en el personal entrevistado, lo que “pone en duda la fiabilidad y representatividad” del informe.

El escrito señala también contradicciones internas, como la conclusión de que “en el factor carga de trabajo, el personal funcionario se sitúa en riesgo elevado y el personal interino en situación adecuada”, pese a que “todos los docentes realizan el mismo tipo de trabajo”. De igual modo, subraya que en demandas psicológicas el personal funcionario aparece en “riesgo muy elevado” frente al interino en “riesgo elevado”, y concluye que “los resultados no se pueden extrapolar”.

Respecto a las medidas preventivas, Lorenzo de Reizábal sostiene que las evaluadoras “han elevado a categoría de actuaciones de mejora las reivindicaciones sindicales y políticas” expresadas por un grupo de docentes. Además, critica que el informe haga responsable al personal del centro de ejecutar medidas en el ámbito psicológico, cuando considera que “lo deseable es que fuera el personal de Riesgos Laborales quienes se responsabilizaran” de su implementación.

La directora se detiene en el dato más difundido en los medios y remarca que el informe no afirma violencia constatada, sino que “un 42,4% percibe exposición frecuente o constante” a situaciones de violencia psicológica. “No es lo mismo ‘percibir violencia’ que ‘estar sometido a violencia’”, advierte, y añade que el cuestionario “no pregunta, en ningún momento, si esas situaciones” se producen sobre la persona encuestada.

Pese a las críticas, Lorenzo de Reizábal defiende que la evaluación psicosocial “es muy importante y necesaria” para mejorar el bienestar del profesorado, pero insiste en que, para ser útil, el cuestionario debe estar adaptado a la realidad del centro y “el tratamiento de los datos” debe ser “impecable”, algo que, según recuerda, ya fue cuestionado en evaluaciones anteriores.