El Parlamento de Navarra ha aprobado, con los votos a favor de PSN, EH Bildu, Geroa Bai, PP y Contigo-Zurekin y en contra de UPN y Vox, una modificación de la Ley Foral de Derechos Culturales de Navarra por la cual se introduce la obligación de destinar al menos el 1,5 % del Presupuesto a financiar la cultura a partir del 2030 e introduce parámetros de control al uso de la inteligencia artificial (IA).

Esta ley foral, impulsada por PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, plantea un incremento anual y “de manera progresiva” de los recursos presupuestarios destinados a las actividades y servicios culturales ya la función cultural por parte del Gobierno de forma que “a partir del año 2030 no puedan ser inferiores al 1,5 % del presupuesto general de la Comunidad Foral”.

De la misma manera, y atendiendo a la disponibilidad presupuestaria, establece que “será necesaria la revisión periódica de los incentivos fiscales y mecenazgo con el objetivo de mantener la competitividad del sistema cultural navarro y contribuir al objetivo presupuestario señalado”.

En el ámbito tecnológico se reconoce la posibilidad de emplear sistemas innovadores como la inteligencia artificial en los procesos de creación artística, siempre que sea como “herramienta de apoyo” pero “no de manera sustitutiva”.

La citada caución, que incluye el “respeto a la propiedad intelectual,” se hará constar en los pliegos de prescripciones técnicas o en los encargos a medios propios de actividades o servicios, así como en las actividades subvencionables, para lo cual “se procurará incorporar una cláusula expresa que obligue a detallar el nivel de intervención y, en su caso, el papel revisor de las personas que desarrollen el proyecto”.

Hasta la concreción de una regulación propia habrá de garantizarse el respeto a la normativa en vigor en materia de inteligencia y propiedad intelectual, así como la transparencia en el dataset.

UPN ha presentado dos enmiendas de modificación, ambas rechazadas con los votos en contra de los grupos proponentes y el apoyo de PP y Vox, en las que instaba a de adelantar a 2027 la implantación del suelo presupuestario mínimo del 1,5%.

En el turno de defensa el portavoz de EH Bildu, Mikel Zabaleta, ha explicado que con esta modificación tratan de “ofrecer recursos públicos suficientes a la cultura y crear medios para adaptarse a las necesidades de cada época”.

Para ello convierten en deber jurídico el compromiso político de financiación mínima del 1,5% para “proteger a la cultura ante posibles recortes futuros, una cifra basada en la media de la Unión Europea y que “garantizaría una financiación digna”.

Ha hecho referencia también a la evolución constante de la cultura y la importancia que está adquiriendo la IA en este ámbito defendiendo que “la existencia de las herramientas digitales hay que recogerla amparando los derechos de los creadores”.

Javier Trigo, de UPN, ha dejado claro que no van a apoyar “que se dilate injustificadamente un compromiso con los ciudadanos” considerando además que la norma excede de su competencia legislativa ya que “traslada a un nuevo Ejecutivo el cumplimiento de un objetivo propuesto por este Gobierno” pareciendo esta más bien “una manera de exonerar” de su cumplimiento.

Para Ibai Crespo, del PSN, “hoy avanzamos en derechos culturales y de la ciudadanía” con una modificación que “nace de la sensibilidad por seguir consolidando el futuro de la cultura, el diálogo y de la voluntad entre diferentes de anteponer lo que nos une” sentando además las bases para que el uso de la IA se introduzca "de manera respetuosa con la propiedad creativa”.

Desde Geroa Bai Itxaso Soto ha valorado el establecimiento del 1,5% de financiación de forma gradual considerándolo “una forma realista de ir trabajando poco a poco para llegar a este objetivo” así como la introducción de la IA en la norma ante la “necesidad de crear un marco normativo que vele y respete la convivencia artística”.

A juicio de Irene Royo, del PP, esta modificación “parece una tomadura de pelo” y muestra una falta de compromiso con la cultura y con su propio compromiso electoral ya que “se aplaza” la dedicación del 1,5% del presupuesto hasta 2030, lo que “sirve de excusa para decir que se está cumpliendo cuando no se está cumpliendo”.

Desde Contigo Zurekin Daniel López ha defendido que la efectividad de la ley “va a depender de los recursos que se destine a implementarla” y también que, dada la rápida evolución de las tecnologías y las formas de expresión cultural, esta “debe de ser lo suficientemente flexible para adaptarse a los cambios futuros” a través de una “revisión periódica”.

Desde Vox Emilio Jiménez ha criticado que los socios del Gobierno no sean capaces de cumplir sus propios compromisos y ha cuestionado que se alargue el plazo hasta 2030 al tiempo que ha rechazado la práctica de la subvención apostando por “medidas destinadas a aliviar la carga fiscal a la creación de contenidos culturales”.