Diario de Navarra

Pablo de Lora (Madrid, 1968) es catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid. Autor de numerosos libros y artículos, emplea sus colaboraciones en los medios ('The Objective' y 'El Mundo') para hacer llegar sus opiniones a un público más amplio. Profesor invitado en el Centro de Bioética de la Universidad de Harvard, sus investigaciones se han centrado en los desafíos éticos y jurídicos del avance de la biomedicina, el estatuto moral de los animales, los derechos humanos, la filosofía del derecho constitucional, las dimensiones ético-jurídicas del sexo y la teoría política feminista. De entre sus publicaciones destacan 'Justicia para los animales' (2003), 'Bioética. Principios, desafíos y debates' (2008) junto con Marina Gascón, 'Lo sexual es político (y jurídico)' (2019), 'El laberinto del género. Sexo, identidad y feminismo' (2021) y 'Los derechos en broma' (2023), ensayo este último del que habló en su reciente visita a la Escuela de Democracia de la UPNA. ¿Cuál es la tesis de su obra ‘Los derechos en broma’? El libro parte de la constatación de que la ley se ha pervertido de manera flagrante y demasiado frecuente. Basta con echar un vistazo a las exposiciones de motivos de muchos de nuestros textos legislativos para comprobar que se han convertido en manifiestos de propaganda política en los que volcar altisonantes compromisos ideológicos y partidistas. Los excesos retóricos de los preámbulos de las leyes apuntan a que el legislador ve a los destinatarios de esas normas más como párvulos necesitados de un refuerzo positivo que como agentes autónomos y racionales. ¿Pero qué pasa exactamente? Creo que hay cuatro patologías o cuatro tumores que afectan a nuestra democracia liberal y al Estado constitucional en general, a saber: la proliferación de derechos, la legislación santimonia, la burocracia del consuelo y el neoconstitucionalismo. Este libro trata de hacer la anatomía patológica de estos tumores, aunque también puede leerse como un cierto manifiesto de combate, un ejercicio de nostalgia combativa... ¿Qué consecuencias tienen estos tumores en nuestra democracia? Hoy cualquier reivindicación moral o política parece que deba canalizarse mediante la apelación a un derecho humano. Los derechos humanos son un ideal moral que ha triunfado en la filosofía política como criterio de legitimidad del poder político, pero en la medida que los incrementamos degradamos las propiedades que son esenciales y multiplicamos los conflictos entre ellos. El problema es que no tenemos un modo imparcial de resolver esos conflictos, sino que acudimos a la técnica de la ponderación o la proporcionalidad entre la afectación de un derecho por la conservación del otro, pero en realidad, como dijo el filósofo Juan Antonio García Amado, hacemos esto ‘a ojo de buen cubero’, de un modo nada refinado. Su otro gran inconveniente es que paraliza de una manera espuria y muy conveniente la discusión pública y la discusión moral. Ponga un ejemplo... Yo no creo que haya ningún derecho humano a la autoidentificación del género en el Registro Civil. El Registro Civil nunca registra el género sino el sexo biológico. Y el mejor argumento que tengo para sostener esto es que el Registro Civil podría no hacer mención al sexo de nadie, de la misma manera que no hace mención a nuestra raza o a nuestra estatura. ¿Y qué pasa con la legislación santimonia? El ensayista Daniel Gascón lo define algo así como que “lo importante no es combatir el mal, sino sentirse bien”, y yo recurro al siguiente símil: es como si el legislador se mirara y pusiera caritas para hacerse un selfi con la ley. Un ejemplo, la ley de Cultura de la Paz de Aragón. Uno se pregunta ‘qué tendría que hacer yo para incumplir esta ley’. Y la verdad es que es muy difícil saberlo, porque en el fondo no es ninguna ley, no es nada. Y la burocracia del consuelo, ¿en qué consiste? Tiene que ver con la desconfianza que se ha ido fomentando, incluso desde el propio poder público, hacia las formas tradicionales de resolución de conflictos, en los que el Estado mediante el ejercicio de su poder jurisdiccional, juzga con garantías suficientes y hace ejecutar lo juzgado. Y lo vemos, por ejemplo, en las oficinas que ha anunciado el Ministerio de Cultura para hacer aflorar la infradenuncia en los casos de violencia sexual. Pero si una víctima no se siente confiada para denunciar con los procedimientos y órganos tradicionales, ¿porque sí va a estarlo en las oficinas de denuncia ministeriales o municipales? Desvincular la denuncia de un proceso con todas las garantías, a mí me parece extraordinariamente problemático. ¿Y qué es eso del neoconstitucionalismo? Es un término que se ha venido usando en los últimos años para designar constituciones de última hornada, sobre todo las latinoamericanas que incorporan cantidades enormes de derechos fundamentales. Uno de los máximos exponentes es la de Venezuela, que incluye 77, y también hay varios ejemplos africanos. La proliferación de derechos fundamentales en una constitución no garantiza en absoluto que los ciudadanos de ese país disfruten de verdad de un ámbito de libertades o de protección social. Precisamente, las democracias más avanzadas tienen constituciones con muy poquitos derechos fundamentales. Pero, entonces ¿cómo nos tomamos los derechos en serio? Antes de nada, habría que aclarar algunos conceptos, entre ellos, el de garantías primarias y secundarias, una distinción que se debe al filósofo del derecho italiano Luigi Ferraglioli. Tradicionalmente, el pensamiento liberal ha creído que los derechos civiles y políticos (libertad de expresión, de asociación, de voto...) son casi gratis. Los económicos y sociales (como puede ser el derecho a la asistencia sanitaria), sin embargo, son derechos que cuestan mucho dinero y que además no tenemos claro que podamos satisfacer. Pero, ¿de qué sirve que se proclame el derecho a la vida o a la libertad sexual si luego no hay policía ni tribunales ni cárceles donde llevar a quienes han infringido ese derecho? Hay que tener en cuenta que el gasto en esas garantías secundarias equivale en general al 70% del PIB de la mayoría de los países. Así que tomarse los derechos en serio quiere decir que todos los ciudadanos debemos estar dispuestos a sufragar mucho más y a socializar más el sacrificio en pro de los intereses básicos indispensables en cualquier Estado de derecho. ¿Por qué entonces los partidos hablan tanto de bajar impuestos? Formaciones políticas de todo el espectro ideológico han visto que en esta sociedad, mediáticamente muy cargada, lo importante es la exhibición y convertir el Parlamento en una especie de puro teatro. Y eso es eficaz en términos de rentabilidad electoral. Probablemente hay factores intrínsecos a la naturaleza del ejercicio del poder político y de la competición electoral y por eso, como decía antes, mi libro es una reivindicación de tratar a los ciudadanos como adultos. Y vamos a peor... En los últimos tiempos esto se exacerbado con los movimientos populistas, es decir, con la política de masas a la captura del voto, incompatible en muchas ocasiones con hacer política para adultos, o sea, pisar callos. Y a lo mejor, muchos callos. Cite algún caso... La mejor ejemplificación de este problema es lo que se ha conocido como la lógica de Junker, aludiendo al momento en el que el expresidente de la Comisión Europea en plena vorágine por la crisis financiera de 2008, dijo algo así como: “Sabemos lo que tenemos que hacer. Pero no sabemos cómo hacerlo y ganar las próximas elecciones”. Y ahí estamos... En plena vorágine de la covid, en 2020, cuando ya estábamos confinados, el Gobierno decidió subir el sueldo a los funcionarios en los Presupuestos Generales del Estado. A mí me subieron el sueldo, cosa que me pareció completamente inaudita teniendo en cuenta el momento que estábamos atravesando con una caída del PIB del 9% o algo así. Entonces compareció el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, y bueno, con esa educación que le caracteriza, vino a decirle al Gobierno que no le parecía la mejor de las decisiones. Entonces, un diputado de Junts, Ferran Bel, en su turno de preguntas le dijo: “Es que eso que dice usted se lo puede permitir usted, pero yo no”. ¿Alguna otra cuestión que considerar? En el caso español hay además otro factor que opera y que lo hace de una manera muy perversa: esa suerte de competición, no virtuosa, sino viciosa, entre comunidades autónomas. Si por ejemplo Murcia tiene una ley de cultura de la paz, pues la Comunidad Foral de Navarra va a querer tener la suya propia y Madrid, va a querer tener tres, cuando en realidad muchas de esas normas tienen un contenido puramente o casi simbólico, porque no pueden tener otro, ya que no se ocupan de materias para las que tengan competencias. ¿Y qué opina de la ley de amnistía? Soy de los que cree que la Constitución española prohíbe implícitamente cualquier tipo de amnistía, aunque estoy dispuesto a escuchar razones. No obstante, incluso si la Constitución la permitirera, los ciudadanos pueden tener legítimamente objeciones que hacer. Al aplicarla, los presuntos autores de este ilícito gravísimo no van a ser investigados, ni procesados ni juzgados. Y esto afecta a un principio muy importante de nuestro Estado constitucional: el principio de igualdad. Porque claro, cuando un delicuente levante la mano y diga por qué él no es amnistiado, tenemos que tener una razón muy poderosa para hacer esa distinción. Creo en la reconciliación y el afán de pasar página, pero este caso no es así. La única razón es que el PSOE necesita 7 votos para gobernar y eso es para mí un acto de corrupción política, no penal. ¿Cómo cree que deberían ser elegidos los miembros del Consejo General del Poder Judicial? Bueno, primero hay que tener en cuenta que el Consejo General del Poder Judicial no es estrictamente el poder judicial, o sea, no son jueces poniendo sentencias, aunque sí tienen un evidente impacto en la conformación de los Tribunales Superiores de Justicia, el Tribunal Supremo, etc. O sea que es un órgano que cuando los partidos políticos los quieren dominar sus miembros no son completamente idiotas. Obvio. En puridad democrática, uno podría decir que el CGPJ debería reflejar las mayorías políticas del Estado en cada momento, pero a mí esa solución no me convence. Tampoco me convence que los jueces se elijan ellos mismos o sean las asociaciones de jueces las que los elijan porque ellos también tienen sus sesgos. Así que yo soy partidario de un sorteo, de que se elijan los 20 miembros por sorteo. Por pura insaculación, ahora bien con unos requisitos, quizás que fuesen magistrados y magistradas de los Tribunales Superiores para arriba y con no sé 20 años de ejército profesional. Creo que con eso resolveríamos el asunto. Y no es que sea yo un genio al que se le haya ocurrido esto, sino que lo ha propuesto más gente aunque, de momento, sin éxito. ¿Qué piensa de la decisión de la Asamblea francesa de introducir el aborto en la Constitución, como una manera de garantizar que no se restrinjan las libertades de las mujeres? Yo creo que no es una buena idea establecer en una constitución el aborto como un derecho fundamental. Esto me obligaría a extenderme mucho en lo que yo considero desde el punto de vista moral que es la interrupción voluntaria del embarazo. Me parece que hay razones para pensar que el aborto siempre un mal menor, pero un mal. O sea, que no es una decisión que podamos tomar nunca como algo moralmente irrelevante, ni siquiera en los estadios más iniciales del embarazo. Pero también creo en el conflicto que a una mujer le puede producir un embarazo no deseado. No digo ya si este es resultado de una violación. La mujer que decide abortar no debe ser castigada penalmente en ningún caso. ¿Debe haber un plazo determinado? ¿Cuál es ese plazo? También ahí hay un asunto problemático. Yo en esto estoy con Hillary Clinton, que dijo célebremente que “el aborto tiene que ser jurídicamente permitido e infrecuente”. Luego hay mil matices que tienen que ver con el estado del feto y demás, pero esta es mi posición básica. Lo diré mejor. Creo que el aborto es también un problema muy difícil moralmente y jurídicamente también, solo por el hecho de que afecta al cuerpo de la persona en desarrollo y que la persona en desarrollo está alojada en el cuerpo de una mujer. Si no fuera así, el aborto no sería moralmente problemático. Yo creo que no habría ninguna posibilidad de terminar con la vida de ese embrión feto en desarrollo, o sea, que la única razón por la cual el aborto es moralmente pragmático es porque genera un conflicto para la mujer gestante. Llegará el día en el que alguien decida desenchufar el útero artificial. Pero, ¿por qué no desconectamos gratuitamente a una persona en coma? En principio creo que todas esas actuaciones deberían ser prohibidas y esa es precisamente la razón por la cual no me parece bueno constitucionalizar el derecho al aborto. Imagino que en Francia eso no se va a hacer, entre otras cosas porque sería a costa de una división social enorme (ya que estoy seguro de que en Francia hay muchos objetos al aborto). Pero incluso si usted me dijera que la sociedad francesa lo apoya al 99,9% tampoco. Podemos decidir mañana volver a instaurar la pena de muerte y lo tendría que aceptar democráticamente, pero a mí me parecería mal. En su último libro, ‘Recordar es político (y jurídico): Una desmemoria democrática’ (Alianza, 2024) escribe de la legislación sobre la memoria. ¿Cómo ve este asunto? La obra es más un repaso a lo que en mi familia se vivió a propósito de un hecho muy terrible como el de cualquier otra familia española que vivió la guerra en un bando y en otro y cómo eso se metabolizó en el entorno familiar. Bueno, con sus peculiaridades y aspectos interesantes. Mi padre fue un antifranquista de primera hora, pero su padre, o sea, mi abuelo, había sido fusilado en Paracuellos. Y eso era un hecho incómodo. En la obra planteo cómo lo viví yo, que soy uno de esos que llaman ahora nietos de la Transición. ¿Y cuál es el resultado? Yo era un bicho raro y tenía cierta conciencia política a finales de los 70. Así que por un lado lo que he hecho ha sido un esfuerzo por recordar esa memoria de aquellos tiempos y, por otra también una labor documental, he leído muchísimo sobre cómo era el país de aquellos años y es muy interesante. Además, hay una reflexión sobre lo que a mi juicio es esencialmente un error político en la forma en la que se han canalizado algunas de las justas reivindicaciones de familiares de gente que todavía no han sido convenientemente enterradas, etc. Pero tampoco es un estudio jurídico muy detallado sobre esas leyes, sino que cuento un poco el proceso de aprobación de esas leyes. Y luego hay una reflexión de carácter general sobre una cuestión que a mí me inquieta mucho filosóficamente y que le debe inquietar a cualquiera: cuando hacemos retrospección del pasado, hay cosas que condenamos desde la atalaya del presente. Y hay una cosa tremenda y es pensar que todos esos horrores son tu condición existencial y eso no es fácil de digerir. Si de mi secuencia existencial, eliminase que un miliciano fusiló a mi abuelo yo no estaría aquí. Y pongo un ejemplo límite, que es el de la persona que vive producto de una violación. Por una parte reprocha lo que hizo su padre, pero por otra debe agradecerlo si su existencia es mínimamente feliz. Y esto es un rompecabezas, que a mí me lleva a decir, entre otras cosas, que no creo en absoluto que debamos desterrar los vestigios. Debemos, a lo mejor, cómo se dice ahora, contextualizarlos, no mantenerlos para celebrarlos. Pero creo que es un tremendo error borrar muchos nombres de calles, por saber un poco aquello de dónde venimos. Y saber que todos somos el producto también del horror de la sangre, de la guerra y de todo eso. Aunque pensemos que no se debería fusilar a quienes no han hecho nada para ser fusilados.

Diario de Navarra

Pablo de Lora: "Tomarse los derechos en serio es estar dispuestos a sufragarlos"

Catedrático de Filosofía del Derecho en la Universidad Autónoma de Madrid y autor de numerosos ensayos divulgativos, visitó recientemente Pamplona para hablar de su libro ‘Los derechos en broma’, en la Escuela de Democracia de la UPNA

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