PolémicaLa UPNA ha abierto un expediente de información a Humberto Bustince por la firma de un contrato por 65.000 euros con la Universidad Rey Abdulaziz
Investigan si un científico navarro prestó su nombre a una universidad saudí
La UPNA ha abierto un expediente de información a Humberto Bustince por la firma de un contrato por 65.000 euros con la Universidad Rey Abdulaziz
- Diario de Navarra
Uno de los más notables investigadores de Navarra, Humberto Bustince Sola (Ujué, 1958 ) se ha visto salpicado por una sospecha: el rector de la Universidad Pública de Navarra, donde es catedrático, ha ordenado la apertura de un expediente informativo para aclarar las declaraciones que hizo al periódico El País el científico, experto en Inteligencia Artificial. En ellas reconocía que declaró en 2018 que su lugar de trabajo principal era la Universidad Rey Abdulaziz, pese a que nunca pisó Arabia Saudí. Según afirmó al periódico se trató de un “error”.
En abril El País desveló que universidades de Arabia Saudí habían pagado a científicos de prestigio de distintas nacionalidades para que hicieran constar que su lugar de trabajo principal es alguna universidad de Arabia Saudí, aunque fuera completamente falso. Lo que pretendían es ascender en los ránkings que miden el prestigio de las universidades, fundamentalmente el de Shanghai. Uno de los factores importantes para trepar en esos listados es contar en el seno de la universidad con investigadores de relevancia, que aparezcan en los High Rated Researchers, un listado que elabora la empresa inglesa Clarivate con los 7.000 científicos más citados por sus colegas. Según las informaciones de El País, once investigadores españoles se situaron en un centro de Arabia Saudí sin estarlo.
Uno de ellos es Humberto Bustince, que en marzo fue presentado como director científico del Centro de Investigación de Inteligencia Artificial de Navarra, que acaba de ponerse en marcha, y que está entre los científicos más influyentes del mundo en su especialidad. Bustince afirmó al periódico madrileño que gestionó un contrato de 72.000 dólares (65.000 euros) a través de la Oficina de Transferencia de Investigación de la UPNA y que la universidad Rey Abdulaziz puso la condición de que mintiera en la base de datos. “En aquel momento lo exigieron y no le di mayor importancia, porque entendí que era algo interno de Clarivate y que era necesario para firmar el contrato”, argumentó a El País, al que declaró que ignoraba que podría perjudicar a su universidad en los rankings académicos. “Fue un error”, reitera en el artículo.
CONTRATOS DE AYUDA
Cada año se firman decenas de contratos completamente legales a través de esa Oficina de Transferencia de la Investigación, un instrumento que se utiliza cuando un grupo de investigación necesita la ayuda de un tercero. Por poner un ejemplo ficticio, si un grupo de investigadores en transmisiones necesitadearrollar unas antenas en las que es experto un grupo de otra universidad firmaría con ése uno de estos contratos.
En el caso que atañe a Bustince, el contrato se firmó en 2018 para dos años, y se tituló Theoretical Analysis of information fusion functions (Análisis teórico de funciones de fusión de información). El contrato tenía una cuantía de 72.000 dólares, de los que la UPNA se queda con un 17% por los gastos indirectos como el uso de instalaciones, mientras que el resto lo gestiona el investigador principal, que es precisamente Humberto Bustince. A raíz de ese contrato, han ido apareciendo en revistas científicas 15 artículos en los que Bustince aparece relacionado con la Universidad Rey Abdulaziz.
La apertura del expediente de información reservada, del que es instructor el vicerrector de Investigación de la UPNA, Francisco Javier Arregui, tratará de determinar los detalles del caso y hasta qué punto se ha podido perjudicar a la institución. En tal caso, podría dar lugar a un expediente disciplinario, que a su vez podría derivar, o no, en algún tipo de sanción. Por una causa similar, firmar estudios como investigador a nombre de otras universidades, la Universidad de Córdoba ha sancionado con 13 años de empleo y sueldo a uno de sus investigadores más conocidos, el químico Rafael Luque.
