Diario de Navarra

El Consejo Real fue el máximo órgano de gobierno del rey de Navarra, además de tribunal supremo, desde los orígenes del reino hasta su desaparición en el siglo XIX. Desempeñó amplias competencias en el ámbito judicial, gubernativo y normativo. Los numerosos estudios de que ha sido objeto por prestigiosos historiadores lo convierten en una de las instituciones mejor conocidas de nuestra historia. NACIMIENTO DEL CONSEJO REAL Los reyes de Pamplona ejercían algunas de sus funciones de gobierno acompañados de personajes destacados de la sociedad de su entera confianza, a quienes convocaban para recibir su consejo. Así lo declaraba en el siglo XIII el Fuero Antiguo en su primer capítulo, cuando establecía que ningún rey debía declarar guerra, firmar la paz o hacer treguas ni otro hecho granado sin “conseyllo de XII ricoshombres o de XII de los más ancianos sabios de la tierra”. Junto al monarca, en “la Curia regia”, las personalidades más distinguidas de la sociedad, magnates de la nobleza y dignidades de la Iglesia, prestaban su asesoramiento en el ámbito gubernativo y judicial junto con otros oficiales expertos en la tramitación de los asuntos económicos y jurídicos. A ese selecto grupo se incorporarían a partir del siglo XIII miembros de las elites urbanas procedentes de las principales buenas villas del reino. Durante los siglos XIII y XIV, la Curia regia evolucionó hasta dar lugar a organismos especializados en distintas funciones administrativas. La evolución natural de la Curia fue el Consejo real, formado por consejeros convocados para prestar labores consultivas y gubernativas, además de las prerrogativas judiciales que ostentaba en tanto instancia suprema del reino. Aunque para entonces ya se había constituido un tribunal de justicia específico, la Corte Mayor, el monarca continuó dispensando justicia con el asesoramiento de los personajes más importantes de la escena social. Y esa realidad tuvo que adaptarse a las nuevas circunstancias administrativas y políticas. Por ese motivo el Consejo Real no tuvo una fecha concreta de nacimiento. En ese proceso evolutivo de especialización administrativa, es posible identificar a un Consejo Real de una forma más o menos definida para la segunda mitad del siglo XIV. En concreto durante el reinado de Carlos II de Evreux, cuando se presenta como una asamblea personal y de confianza del monarca. Para entonces estaba compuesto por algunos de los oficiales más importantes de los cuadros de gobierno, como el canciller -custodio de los sellos regios y que dirigía la cancillería donde se redactaban y validaban los documentos- el procurador real -que velaba por la salvaguarda de los derechos e intereses de la corona en todos los pleitos o negocios civiles y criminales- el tesorero -responsable de la hacienda regia- y varios alcaldes o jueces de la Corte Mayor. Todos estos oficiales de alto rango y perfil técnico continuaron compartiendo responsabilidades con los agentes sociales más destacados del reino. EVOLUCIÓN POSTERIOR El Consejo Real se institucionalizó en el siglo XIV pero no fue hasta finales del siglo XV cuando se emprendieron varias reformas de calado que consiguieron perfeccionar su estructuración orgánica y consolidar sus competencias. Estas reformas se acometieron tras la Guerra Civil que dividió al reino en dos parcialidades y que arrastraron a la sociedad navarra a un conflicto que afectó a la paz y a la convivencia, pero también al correcto funcionamiento de las instituciones. Algunos documentos posteriores mencionan que durante esos años en Navarra había “cesado la administración de la justicia”. De hecho durante el enfrentamiento entre Juan II y su hijo Carlos el Príncipe de Viana llegaron a existir dos consejos. Por eso a finales del siglo XV, durante el reinado de Juan III y Catalina I, se verificó un deseo de profesionalizar el Consejo Real priorizando los integrantes técnicos y disminuyendo el papel que la belicosa nobleza tenía en su seno. Se creó un presidente a imitación del modelo castellano y un consejo reducido. Después de varios reajustes este consejo reducido pervivió y fue el germen del Consejo Real posterior, entendido ya como un organismo técnico integrado por juristas y competente en los recursos procedentes de la Corte Mayor y de la Cámara de Comptos. Se confirmó así su condición de tribunal supremo del reino y última instancia de apelación para todas las causas judiciales. Los hechos desencadenados tras la conquista del reino en 1512 y su incorporación a la Corona de Castilla tras las Cortes de Burgos de 1515 tuvieron hondas consecuencias en la dinámica y posteriores vicisitudes del Consejo Real. Pero no porque la nueva situación supusiera un menoscabo en sus atribuciones, sino muy al contrario, por el impulso organizativo y competencial que recibió, al igual que el conjunto de los Tribunales Reales, especialmente a raíz de las Ordenanzas de visita de Valdés de 1525 y las Ordenanzas de visita de Anaya de 1542. Gracias a ello el Consejo Real se comportó de una manera perfectamente estructurada y delimitada en cuanto a su organización, composición y competencias. Su funcionamiento se perfeccionó durante los siglos modernos a través de sus ordenanzas, sistematizadas en 1557 en las “Ordenanzas Viejas” de los licenciados Balanza y Pasquier y en las “Ordenanças del Consejo Real del Reyno de Navarra” recopiladas por el licenciado Martín de Eusa que imprimió Nicolás de Asiain en Pamplona en 1622. El de Navarra fue el único de los consejos del llamado sistema polisinodial de la monarquía española que no tuvo sede en la corte. Pero eso no significó que el Consejo Real desdibujara sus vínculos con la figura regia, de quien dependía. Precisamente una de las novedades que deparó esa nueva situación fue el mejor control de las instituciones para asegurar el adecuado funcionamiento de la administración. Durante los siglos XVI y XVII los Tribunales Reales fueron objeto de varios juicios de visita en los que su actuación se sometía a inspección, tras la cual se publicaban las ordenanzas que recogían con detalle los procedimientos administrativos aprobados. La estructura definitiva del Consejo Real quedó fijada en 1525, tras la visita de Valdés. Estaba compuesto por seis consejeros oidores y un regente -denominado así por el regente de la chancillería que en 1513 había pasado a presidir el Consejo en lugar del presidente el chanciller- y contaba con cuatro secretarías. Durante los siglos modernos, tanto el regente como dos de los oidores del Consejo Real no fueron regnícolas sino castellanos, en virtud del privilegio de los “cinco en bailía” por el que no más de cinco oficiales podían ser designados por el rey de entre súbditos no naturales del reino. Estos cinco cargos se concretaron en el mencionado regente y dos oidores del Consejo Real, en uno de los cuatro alcaldes de la Corte Mayor y en un oidor de la Cámara de Comptos, garantizando por tanto la mayoría de naturales en cada uno de estos órganos. Esta intervención castellana provocó airadas protestas por parte de los jefes beaumonteses y agramonteses en las Cortes de 1523-1524 ante un sorprendido Carlos V, titulado ya por entonces emperador. Los estudios sociológicos realizados sobre los miembros del Consejo Real demuestran que la mayoría de los consejeros fueron miembros de familias nobiliarias navarras con asiento en Cortes, con formación de juristas tras haberse licenciado en leyes o incluso en cánones. FUNCIONES JUDICIALES Pero si por algo se conoce e identifica al Consejo Real es por las funciones judiciales que ejerció, a pesar de desempeñar otras de carácter gubernativo, consultivo o normativo de singular importancia. Su condición de tribunal supremo se había forjado desde sus inicios al abrigo de la figura regia, cuando las principales personalidades del reino eran convocadas para juzgar y asesorar al monarca en el dictamen de determinados asuntos de gran envergadura. Estos asuntos, llamados los “fechos granados”, solían ser pleitos sobre desafíos nobiliarios, de treguas quebrantadas o asuntos de gravedad en la quiebra de la paz social como fue, por ejemplo, el asalto a las juderías del reino de 1328. Desde mediados del siglo XIV, una vez perfilado como un organismo reconocible, el Consejo Real contó entre sus miembros con un alcalde de la Corte Mayor, generalmente el más prestigioso, aunque también es posible observar dos alcaldes simultáneos, que asesoraban en dicho Consejo en cuanto tribunal supremo del reino. Esto ocasionó no pocos problemas que pronto fueron objeto de regulación, para evitar que las sentencias apeladas al rey desde la Corte Mayor fueran vistas ante su Consejo Real por los mismos alcaldes que habían emitido la sentencia objeto de recurso. En cuanto a sus competencias jurisdiccionales, el Consejo Real actuaba en última instancia sobre las apelaciones recibidas de la Corte Mayor, para asuntos civiles y criminales, y de la Cámara de Comptos, para asuntos patrimoniales, así como de otros tribunales militares y eclesiásticos, si bien excepcionalmente podía instruir directamente, en primera instancia. Esto significa que en el Consejo Real concluían todas las causas entre navarros, pues de sus sentencias dictadas en grado de revista no cabía apelación a otros tribunales de la monarquía española, tal y como quedó confirmado por las Ordenanzas de visita de Valdés de 1525. Por ese motivo hay quien ha llegado a definirlo como un consejo supremo y con jurisdicción omnímoda. De su actividad procesal se conservan hoy en día en el Archivo Real y General de Navarra unos 105.000 procesos judiciales datados entre los siglos XV y XIX que hacen las delicias de los investigadores. A pesar de esta diferencia jurisdiccional y competencial respecto a otros consejos de la monarquía española, durante los siglos modernos, época de perfeccionamiento de las instituciones del reino, las similitudes del Consejo Real con otros órganos de justicia castellanos coetáneos, como las chancillerías o las reales audiencias, son múltiples en aspectos de organización interna, funcionamiento, personal, proyección de competencias o tipologías documentales. El Consejo Real de Navarra actuaba de tres maneras: “por juicio” para el examen de los pleitos, ya fuera en pleno o, para las causas de menor importancia, en dos salas de justicia; “por acuerdo” de los oidores y el regente para votar en privado los pleitos, dictar sentencias y resolver asuntos administrativos; y “por consulta” para despachar con el virrey cuestiones gubernativas del reino. FUNCIONES GUBERNATIVAS Y CONSULTIVAS El Consejo Real, responsable del sistema judicial y penitenciario del reino, fue también el órgano superior de la administración real en Navarra y responsable de su correcto funcionamiento. Desde el siglo XVI desarrolló una intensa labor de control sobre las entidades locales, primero a través del envío de jueces de residencia y más tarde mediante el examen de las cuentas presentadas por las localidades. En concreto en 1536, con la visita de Fonseca, se encomendó al Consejo Real la realización de juicios de residencia sobre los cargos municipales con objeto de examinar sus actuaciones administrativas, judiciales y hacendísticas. Este sistema, muy cuestionado por las Cortes, convivió un tiempo con el procedimiento de envío de las cuentas municipales al Consejo Real para su aprobación. Este exhaustivo control fiscal garantizó la adecuada gestión de los propios y rentas de los regimientos navarros durante siglos. Hoy en día, el Archivo Real y General de Navarra conserva esta serie documental del Consejo Real con miles de expedientes de confirmación de cuentas de los pueblos entre los siglos XVII y XIX, que permiten profundizar en el estudio de los recursos económicos de las haciendas locales de Navarra. Es muy conocida la estrecha colaboración que mantuvo el Consejo Real con el virrey, delegado del rey en el reino de Navarra. En sus actuaciones, el virrey podía recabar asesoramiento del Consejo Real, de la misma manera que llegaban peticiones de información desde la corte. El Consejo Real también acordó medidas de gobierno y administración a través de la aprobación de ordenanzas o la emisión de autos acordados, y mediante el llamado derecho de sobrecarta refrendó las disposiciones reales para su aplicación en el reino. Otras de sus competencias fueron autorizar la impresión de libros, otorgar licencia para la fundación de conventos, recaudar las penas fiscales o informar sobre la elección de cargos públicos. SUPRESIÓN La supresión del Consejo Real, como la del resto de Tribunales Reales y otras instituciones privativas, vino a significar el fin de una época, la de Navarra como reino. A lo largo del primer tercio del siglo XIX, el Consejo Real sufrió los embates del constitucionalismo en tres momentos determinantes. Primero, en 1813 al término de la Guerra de la Independencia, tras la expulsión de los franceses del reino. Segundo, en 1820 al inicio del Trienio Liberal, con motivo de la proclamación de la Constitución de Cádiz. Y tercero, en 1836 a raíz de la Sargentada de La Granja y el restablecimiento una vez más de la Constitución de Cádiz. En las tres ocasiones fue sustituido por una Audiencia Territorial. Pero así como en las dos primeras el Consejo Real pudo ser rehabilitado -1814 y 1823- la última supresión, la de 1836, fue la definitiva. La Audiencia Territorial de Pamplona que lo reemplazó se instaló el 27 de agosto de 1836. En realidad, tanto el Reglamento Provisional para la Administración de Justicia como las Ordenanzas para las Audiencias de 1835, aun refiriéndose al tribunal navarro todavía como Consejo Real, le habían aplicado la misma estructura, funciones y competencias que a las demás audiencias territoriales españolas: jurisdicción para todas las causas civiles y criminales en segunda o tercera instancia, y una composición formada por un regente, un fiscal y nueve ministros que actuarían en dos salas. Poco después, la Ley de Modificación de Fueros de 1841 sancionó la equiparación de la organización judicial de Navarra y de sus leyes procesales a la del reino de España, otorgando al Tribunal Supremo de Justicia las mismas atribuciones y jurisdicción que ejercía sobre los demás tribunales españoles. Lo mismo ocurrió con las facultades gubernativas del Consejo Real, que quedaron encomendadas a la nueva Diputación Provincial. En el ámbito judicial, por tanto, Navarra estrenó una estructura completamente nueva y conoció la implantación de todas y cada una de las reformas judiciales aprobadas en la España de los siglos XIX y XX, al igual que el resto de las provincias. Felix Segura Urra es el director del Archivo Real y General de Navarra

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Los tribunales históricos navarros: El Consejo Real de Navarra

El Consejo Real fue tribunal supremo, desde los orígenes del reino hasta su desaparición en el siglo XIX. Es una de las instituciones mejor conocidas de la historia de Navarra

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