Diario de Navarra

Un asesinato terrorista cada 2,7 días. Una cifra sobrecogedora pero que da cuenta de la violencia de carácter político que asoló España en 1980 y se cobró seis víctimas en Navarra. “En el discurso institucional, no tanto el académico, se ha sobrevalorado la parte luminosa de la Transición y se ha dulcificado la parte más oscura. Se ha dado una imagen modélica, pacífica y totalmente incruenta, y los datos nos dicen que no fue así”, señala Gaizka Fernández Soldevilla, doctor en Historia y responsable del Área de Archivo, Investigación y Documentación del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo. Junto a María Jiménez Ramos, doctora en Comunicación por la Universidad de Navarra y docente, ha coordinado 1980. El terrorismo contra la Transición. Frente al mito de una Transición pacífica, la obra arroja luz sobre un fenómeno que, indica Fernández Soldevilla, “estuvo a punto de mandar” la democracia “al borde del abismo”. Escrita de forma coral, reúne a 15 expertos en terrorismo -periodistas, historiadores y politólogos-, entre ellos los navarros Florencio Domínguez, Javier Marrodán y Carmen Lacarra. 132 VÍCTIMAS DEL TERRORISMO En 1980, los distintos grupos terroristas asesinaron a 132 personas, el culmen de unos años de incremento de atentados -a pesar de la Ley de Amnistía de 1977-, que no se superó hasta el 2004, con el 11M. “Se produce una especie de tormenta perfecta entre, por un lado, terroristas muy potentes, con medios, con voluntad y diferentes siglas atentando y, por otro, un Estado de derecho que es incapaz de parar los atentados”, explica Gaizka Fernández. Ese año la violencia estaba a la orden del día, con una media de cuatro atentados por semana. Y las dos ramas de ETA y su escisión, los Comandos Autónomos Anticapitalistas (CAA), se cobraron la vida de 95 personas. Aún no había transcurrido la primera quincena de 1980 cuando ETA militar asesinó a Sebastián Arroyo Fernández en el segundo atentado mortal de la banda. Tras retirarse de la Guardia Civil, Arroyo, de 53 años, había empezado a trabajar en la fábrica Igartex de Alsasua. Hasta el 8 de enero, día en que un comando etarra lo acribilló a tiros desde un vehículo. Dejó una viuda y cuatro hijos. A lo largo de los meses siguientes, las portadas de los periódicos se llenaron con noticias similares. El grupo terrorista se ensañó con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y militares -52 víctimas mortales- con cierta complicidad social que no les permitía hacer vida normal. NADIE VIO NADA EN GOIZUETA Por aquel entonces, los agentes de la Guardia Civil Francisco Ruiz Fernández y Francisco Puig Mestre estaban destinados en Goizueta. El 16 de mayo, cuando cenaban en un bar, dos etarras se acercaron a ellos y les descerrajaron más de media docena de tiros. “El día del atentado lo que se pone en marcha es una espiral de persecución local, porque hay alguien que reconoce a dos guardias civiles y avisa a un comando formado por varias personas para que se organicen en ese momento y los maten, y lo hacen a plena luz del día y con testigos”, ilustra Jiménez, autora del capítulo en el que se detalla el episodio. Los testigos, añade, luego no colaboraron con la Guardia Civil para aclarar los hechos: “Nadie había visto nada y, de hecho, la mayoría de los implicados en ese atentado nunca fueron condenados”. El permanente estado de alerta y la displicencia del trato vecinal pasó factura tanto a los uniformados, muchos desarrollaron el conocido como síndrome del norte, como a sus familias. “Vivir con una diana colgada en la espalda “, indica María Jiménez, es una circunstancia “que solo se vivió en el País Vasco y en parte en Navarra” y que marcaba la “vida cotidiana” de los señalados. Cuando la alsasuarra Conchi Fernández Galán se casó con el agente de la Benemérita Aurelio Prieto Prieto, algunos familiares le retiraron la palabra. Y cuando poco después los CAA mataron a su marido, de 23 años, en Tolosa, no solo no pudo regresar a su pueblo, sino que un hermano de Fernández recibió una carta amenazante de ETA. INCOMPRENSIÓN Y SOLEDAD Jiménez detalla que los familiares de las víctimas de aquella época se enfrentaron a una situación “especialmente dura”: “Tiene que ver con la cadencia brutal de atentados que había en esos años, con la falta de atención pública e institucional, la falta de comprensión de la sociedad y con la soledad”. Cinco años después de la muerte de Franco, ETA batió el récord, pero no fue el único grupo armado; tres de cada 10 muertes violentas fueron asesinatos terroristas, con lo aumentó la tensión en las calles españolas en plena reforma democrática. “La Transición tuvo bastantes problemas, económicos, políticos y luego amenazas como el golpismo pero, de todas, la más potente fue el terrorismo”, afirma Gaizka Fernández. LA ULTRADERECHA EN 1980 El camino hacia la democracia se vio atenazado por ataques de la ultraderecha, aunque en realidad esta categoría, aclara el historiador del Centro Memorial, incluye dos tipos: “El de extrema derecha agrupa un terrorismo neofascista o neofranquista, que intenta volver a un franquismo sin Franco, y el terrorismo parapolicial, aquel que lucha contra ETA con sus propias armas; un terrorismo vigilante, para acabar con los terroristas”. Estas dos variantes asesinaron a 28 personas, muertes que reivindicaron bajo el nombre de la Triple A, Grupos Armados Españoles (GAE) o el Batallón Vasco Español (BVE) de forma indistinta, según Fernández: “Por lo que sabemos, parecen franquicias; alguien comete un atentado y luego lo reivindica utilizando unas siglas, pero puede utilizar las de al lado perfectamente. No existe un grupo como ETA”. EL CASO YOLANDA GONZÁLEZ El 1 de febrero de 1980, el autodenominado Grupo 41 irrumpió en la casa de Yolanda González Martín, de 19 años, en Madrid. Esa noche la secuestraron, la interrogaron y luego la asesinaron. Reivindicaron la muerte en nombre del BVE. Los autores del crimen eran miembros de Fuerza Nueva y, dos colaboradores habituales, un guardia civil y un policía nacional. “Hay determinados funcionarios que por lo menos ayudan, colaboran o miran hacia otro lado cuando hay atentados parapoliciales”, apunta Gaizka Fernández, que matiza que “tienen una responsabilidad individual y no a nivel de Estado, entre otras cosas, porque en el Ministerio del Interior había todavía bastante caos y había inercias heredadas del pasado; muchos agentes y mandos venían del franquismo”. Según el historiador, esta situación provocó una impunidad policial generalizada: “Casi no había investigaciones policiales, no había indagaciones judiciales o se cerraban muy pronto”. Y no se dio en exclusiva en el terrorismo de ultraderecha. “El caso paradigmático sería el del Capitán de la Policía Nacional Basilio Altuna , en el que la Audiencia Nacional cierra el caso en 24 horas, y es un policía nacional asesinado por ETA. Ahí ninguna sospecha de connivencia política”, argumenta Fernández. Aunque con varios atentados de extrema derecha o parapoliciales “hay algunos jueces concretos se muestran especialmente favorables” y “hay huidas muy llamativas como la de la masacre de los abogados de Atocha”. Además de los asesinados, hubo un centenar de heridos y 20 secuestros. Pero, aclara María Jiménez, no es lo mismo subrayar las víctimas que hubo durante este período que “cuestionar la validez de la Transición”. “La historia que reflejamos en el libro desde distintas perspectivas es que, en el momento en el que la democracia estuvo más amenazada, resistió”, apostilla Jiménez. A partir de 1981, tras el intento de golpe de Estado, sostiene Fernández, es cuando “la democracia se refuerza” y hay “una relegitimización de las instituciones democráticas”: “Una vez que el estado de derecho se fortalece, el terrorismo se reduce”. El director de Diario de Navarra, acribillado Durante los años de plomo, no solo las fuerzas y cuerpos de seguridad eran profesiones de riesgo. En 1980, ETA asesinó a seis personas en Navarra; un tercio del total de víctimas. Pero además, los grupos terroristas cometieron decenas de atentados que se saldaron sin muertos. La tarde del 22 de agosto, el entonces director de Diario de Navarra, José Javier Uranga, cogió el coche para acercarse a la sede del periódico, en Cordovilla. Cuando se apeó del vehículo y echó a andar hacia la puerta, un hombre y una mujer, miembros de ETA, lo interceptaron. El varón le disparó una ráfaga con un subfusil y, una vez Uranga se cayó al suelo, la terrorista alzó su pistola y abrió fuego contra él. La última vez que apretó el gatillo, apuntó a la cabeza del herido. El periodista -según relataron los redactores que corrieron hacia él al oir los disparos, y reproduce Javier Marrodán en su capítulo de 1980. El Terrorismo contra la Transición-, exclamaba: “Por favor, ayudadme, que me han matado”. Cuando llegó al hospital, los médicos contaron un total de 26 balazos en su cuerpo. El atentado evidenciaba el peligro que corrían quienes se opusieran a ETA desde la libertad de expresión. El ataque despertó el rechazo de buena parte de la sociedad navarra, que se echó a las calles en Pamplona en la primera manifestación multitudinaria. Entre 50 y 100 personas acudieron para increpar a los asistentes.

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Cuando los atentados pusieron la democracia al borde del abismo

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