Tribunales

El Supremo reconoce que podría haber suspendido también el voto de los 'bisnietos' si se lo hubieran pedido antes

El Alto Tribunal vuelve a censurar a la Administración, que tardó más de mes y medio en entregar correctamente los datos

Fachada del Tribunal Supremo, en la plaza de las Salesas
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Fachada del Tribunal SupremoJaime García
Fachada del Tribunal Supremo, en la plaza de las Salesas

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Agencia Colpisa

Publicado el 19/11/2026 a las 05:00

El Tribunal Supremo admite que podría haber suspendido también el voto de los hijos mayores de edad de los beneficiarios de la ley de nietos si Vox lo hubiera pedido antes. El calendario electoral ha cerrado una puerta que los magistrados reconocen que pudieron abrir.

"La Sala es consciente de que si las medidas ahora pretendidas se hubiesen planteado al comienzo de esta pieza cautelar la respuesta podría haber sido distinta", afirma la Sección Cuarta de lo Contencioso-Administrativo en un auto fechado este miércoles. Una resolución que, de facto, certifica ya definitivamente que los hijos de los nacionalizados podrán acudir a las urnas el próximo 29-N.

El auto desestima el recurso de Vox contra la negativa del 9 de noviembre a ampliar la suspensión a determinados descendientes. Con las elecciones generales del 29 de noviembre a once días -entiende el alto tribunal- otra revisión censal comprometería la seguridad jurídica y las garantías de los afectados.

"Fue el obstáculo temporal lo que motivó la denegación de la medida provisional solicitada", explica la Sala, que reconoce la apariencia de buen derecho y el riesgo de pérdida de la finalidad del recurso, pero da prioridad a la estabilidad electoral.

La Sala cuestiona también la estrategia procesal de Vox, cuyo recurso dirigió el eurodiputado y abogado Jorge Buxadé. El partido asegura que incluyó a los descendientes desde el principio, pero el Supremo replica: "Lo cierto es que su solicitud fue muy genérica".

Vox pidió suspender la inscripción electoral de todos los beneficiarios de la ley "sin matizar", incluidos quienes habían adquirido la nacionalidad sin el posible defecto jurídico cuestionado en el procedimiento.

Los jueces consideran que debió concretar a quién pretendía privar provisionalmente del voto y justificar los motivos. Sostienen que la ampliación podía haberse solicitado antes.

FUERA DE ESPAÑA

La ley permite optar a la nacionalidad española a personas nacidas fuera de España de padres o abuelos originariamente españoles que perdieron o renunciaron a la nacionalidad por el exilio. También contempla a los hijos mayores de edad de quienes obtuvieron la nacionalidad de origen mediante esta norma o la ley de 2007.

Por ejemplo, un nieto de un exiliado recibe la nacionalidad y, después, su hijo adulto puede adquirirla por esa segunda vía. De ahí que parte de los afectados potenciales puedan ser bisnietos de exiliados.

La suspensión del 10 de septiembre se centró en inscripciones electorales vinculadas a la interpretación administrativa del requisito de exilio. Vox quiso extenderla a los hijos mayores de edad de los afectados.

El Supremo ha suspendido provisionalmente efectos electorales en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), sin anular nacionalidades. La Abogacía del Estado y las asociaciones personadas defienden, además, que los hijos poseen un título jurídico propio.

El último informe de la Oficina del Censo Electoral, del 11 de noviembre, fija en 113.326 los electores sometidos a la suspensión original. Partía de un listado de Exteriores de 163.355 registros, de los que solo 901 tenían certificación consular de exilio. De estos últimos, 729 aparecían en el CERA.

La cifra final resulta de excluir, entre otros, a menores de edad, nacionalizaciones posteriores al cierre censal, duplicidades y personas inscritas antes de la ley de 2022. El último ajuste permitió recuperar el voto de 190 electores cuya inscripción era anterior a esa norma.

En paralelo figuran 189.678 personas del anexo III, relativo a hijos mayores de edad. Es una cifra estadística que incluye distintas vías de nacionalización, algunas ajenas a la controversia. No son 189.678 votos irregulares acreditados ni electores cuya exclusión se haya acordado.

Vox proponía cruzar esos datos con los 901 progenitores que habían obtenido certificaciones consulares de exilio y separar los sobres de los demás. La mayoría responde que sería necesario revisar expedientes, filiaciones y vías de nacionalización, y escuchar a los interesados.

Las copias del censo se entregaron a las candidaturas desde el 2 de noviembre y el voto en urna en los consulados comienza el 21. La Sala considera imposible resolver a tiempo las reclamaciones.

El Supremo vuelve a censurar a la Administración, que tardó más de mes y medio en entregar correctamente los datos, hasta provocar "apercibimientos explícitos a los ministros afectados". Reconoce que "no actuó con la diligencia exigible", aunque la suspensión inicial se ejecutó a tiempo.

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