Tribunales

Condenado a cinco años de cárcel el actor Luis Lorenzo por detención ilegal y trato degradante a la tía de su exmujer

Considera probado que participó en el aislamiento e incomunicación de la mujer, de 85 años, a la que impidieron regresar a Asturias

Fotografía de archivo del actor Luis Lorenzo a su llegada a la Audiencia de Madrid el pasado 1 de junio de 2026
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Fotografía de archivo del actor Luis Lorenzo a su llegada a la Audiencia de Madrid el pasado 1 de junio de 2026EFE/Mariscal
Fotografía de archivo del actor Luis Lorenzo a su llegada a la Audiencia de Madrid el pasado 1 de junio de 2026

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Europa Press

Publicado el 16/11/2026 a las 17:13

La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado al actor Luis Lorenzo a cinco años y tres meses de prisión por un delito de detención ilegal y un delito de trato degradante por su participación en el aislamiento e incomunicación de la tía de su exmujer, una mujer de 85 años a la que impidieron regresar a su domicilio en Asturias. 

En una resolución, a la que tuvo acceso Europa Press, el tribunal condena además a nueve años de cárcel a Aránzazu Suárez Palomino por los delitos de trato degradante, estafa agravada continuada y detención ilegal cometidos contra su tía Isabel.

La resolución absuelve a Aránzazu del delito de maltrato habitual y de administración desleal continuada. Luis Lorenzo queda absuelto también de los delitos de maltrato habitual, estafa agravada y administración desleal. Asimismo, la Audiencia absuelve a Ana Elizabeth V., cuidadora de Isabel, de todos los delitos por los que estaba acusada.

El abogado de la familia, el letrado Jaime Sanz de Bremond, ha expresado a Europa Press su satisfacción por las condenas impuestas a los acusados.

En el juicio, la fiscal modificó su acusación respecto al actor después de considerar que no tuvo una participación directa en los cuidados ni en la gestión económica de la tía Isabel, sino como cooperador necesario en los delitos de los que acusa a su exmujer Arancha Palomino.

La fiscal solicitaba seis años de cárcel por un delito contra la integridad moral por el presunto trato vejatorio y por otro de administración desleal por la supuesta gestión irregular de su patrimonio y dinero.

En su declaración, Lorenzo aseguró que no se había ocupado de la atención médica de Isabel ni de la gestión de su dinero, que atribuyó a Palomino. "Todo el tema económico de Isabel lo llevaba Arancha. Las transferencias las hacía ella", manifestó. También señaló que era la cuidadora contratada quien le administraba la medicación.

HECHOS PROBADOS

Los hechos probados recogidos en la sentencia sitúan el inicio de los acontecimientos el 10 de marzo de 2021, cuando Aránzazu y Luis acudieron al domicilio de Isabel, de 85 años, en Grado (Asturias), y la convencieron para que les acompañara a su residencia de Rivas-Vaciamadrid.

La mujer entendía que se trataba de una estancia temporal, como había sucedido en otras ocasiones, y que regresaría a su casa unos días después. Sin embargo, permaneció en Madrid hasta su fallecimiento, alejada de su entorno y de sus familiares.

Según declara probado la resolución, los acusados actuaron de común acuerdo para aislarla e incomunicarla de sus hermanos, cuñadas, sobrinas y amigos, dificultando sus contactos telefónicos y evitando que pudiera regresar a Asturias, pese a que ese era su deseo. La mujer, que antes del traslado llevaba una vida autónoma, fue perdiendo progresivamente movilidad y facultades cognitivas, hasta encontrarse en una situación de gran dependencia y vulnerabilidad.

Durante su estancia en la vivienda, los acusados dificultaron los contactos telefónicos con sus familiares en Asturias y le impidieron utilizar los cuartos de baño de la casa, obligándola a bajar a los aseos comunes del garaje.

La sentencia también considera acreditado que no recibió la atención y los cuidados que precisaba, que no se le administraba correctamente la medicación prescrita y que dormía en una cama inadecuada para sus necesidades.

Uno de los episodios destacados por la resolución tuvo lugar el 17 de abril de 2021. Ese día, los acusados acudieron al parque Warner para celebrar el cumpleaños de uno de sus hijos y dejaron a Isabel sola en un restaurante de un centro comercial de Rivas-Vaciamadrid, desde aproximadamente las 13.00 hasta las 21.00 horas.

Lo hicieron pese a conocer las limitaciones cognitivas que ya presentaba y, según recoge la sentencia, desoyendo las llamadas de los trabajadores del establecimiento y de los agentes de la Policía Municipal.

La resolución también considera probado que Aránzazu aprovechó el deterioro cognitivo de su tía para obtener el control de su patrimonio. El 7 de mayo de 2021, después de que Isabel hubiera permanecido ingresada en urgencias en el Hospital Ramón y Cajal, la acusada la acompañó a una notaría de Madrid, donde la mujer otorgó un nuevo testamento a su favor, revocando el anterior.

En ese documento le legaba la vivienda que poseía en Grado y las cantidades depositadas en sus cuentas bancarias. La Audiencia declara que Isabel carecía entonces de libertad de testar y de conocimiento suficiente para otorgar válidamente esa disposición.

ATAQUE CONTRA LA INTEGRIDAD MORAL Y SU DIGNIDAD COMO PERSONA

La Sala considera que la conducta de Aránzazu y Luis constituyó un ataque a la integridad moral de Isabel y a su dignidad como persona. Los magistrados destacan que la víctima tenía 85 años, se encontraba fuera de su entorno habitual, aislada de sus seres queridos y padecía un deterioro físico y cognitivo progresivo que la hacía especialmente vulnerable.

La falta de atención y cuidados, las condiciones en las que vivía y las restricciones impuestas a su vida cotidiana permiten al tribunal concluir que fue sometida a un trato vejatorio, humillante y degradante.

La Audiencia subraya que Isabel había llevado hasta su traslado a Madrid una vida independiente. Sus familiares y amigos relataron que se desplazaba sola en tren, acudía al mercado y realizaba tareas cotidianas sin necesitar ayuda. Para el tribunal, este dato resulta relevante a la hora de valorar el cambio experimentado durante los meses que permaneció en el domicilio de los acusados y la situación de dependencia en la que llegó a encontrarse.

Respecto al delito de detención ilegal, la sentencia explica que la privación de libertad no requiere necesariamente que la víctima permanezca encerrada bajo llave o tras una puerta cerrada. Lo determinante es que se anule su libertad de movimientos y su capacidad real para decidir dónde ir.

En este caso, el deterioro cognitivo, la desorientación y las limitaciones físicas de Isabel le impedían salir por sus propios medios y regresar a Grado. La Sala considera que los acusados conocían esa situación y que, pese a ello, impidieron que volviera a su domicilio, manteniéndola en Madrid.

NO ERA UNA ESTANCIA TEMPORAL

Los magistrados hacen especial referencia a que nunca se llegó a organizar de nuevo el regreso de Isabel a Asturias, pese a que inicialmente se había previsto una estancia temporal y se había adquirido un billete de tren.

La explicación ofrecida por los acusados sobre los motivos por los que la mujer no volvió a utilizarlo no convenció al tribunal. La resolución señala que, si el viaje no pudo realizarse en la fecha prevista, nada impedía adquirir otro billete, y considera que la ausencia de cualquier nuevo intento de regreso resulta coherente con la voluntad de mantenerla en Madrid.

En cuanto a la estafa agravada, por la que únicamente ha sido condenada Aránzazu Suárez, la Sala aprecia que la acusada se aprovechó de la situación de deterioro cognitivo y dependencia de su tía para obtener un beneficio económico.

El tribunal relaciona el otorgamiento del testamento, la escritura de poder y las disposiciones de dinero realizadas desde las cuentas de Isabel, así como el intento de ampliar las facultades conferidas, y considera que estas actuaciones respondieron a un mismo propósito. La sentencia declara nulo el testamento otorgado el 7 de mayo de 2021 y acuerda que Aránzazu Suárez reintegre a la masa hereditaria 15.097,50 euros, más los intereses legales correspondientes.

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