La Fiscalía Europea (EPPO) ha abierto una investigación sobre un posible fraude que "afecta fondos europeos destinados a la renovación y la mejora de la seguridad, la señalización y los sistemas de comunicaciones" en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, en la cual se produjo el accidente mortal cerca de Urda (Toledo) el pasado el 28 de octubre, y ha llevado a cabo diligencias en la sede de Adif. 

Según ha informado la EPPO este viernes, la oficina de Madrid "está llevando a cabo medidas de investigación en la sede de Adif, en la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) y en el Tribunal de Cuentas en España".

Ha sido la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil la que ha acudido a estos centros para realizar las labores de investigación por orden de la Fiscalía Europea, entre ellas, recoger expedientes en Adif, según fuentes del caso.

"Esta medida tiene lugar tras la apertura de una investigación sobre un posible fraude que afecta fondos europeos destinados a la renovación y la mejora de la seguridad, la señalización y los sistemas de comunicaciones en la línea de tren de alta velocidad entre Madrid-Sevilla, en la cual se produjo el trágico accidente", explica la EPPO.

El Tribunal de Cuentas también ha confirmado que agentes de la UCO "se encuentran en sus dependencias a petición de la Fiscalía Europea en Madrid".

SEGUNDA INVESTIGACIÓN TRAS LA DE ADAMUZ

Se trata de la segunda investigación abierta sobre el presunto uso fraudulento de los fondos europeos en esa misma línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, después de que el pasado marzo, la institución comunitaria lanzara otra tras el siniestro en Adamuz (Córdoba) que se produjo el 18 de enero y dejó 46 muertos. El pasado viernes, fuentes de la EPPO contaron a Europa Press que esperaban avances de calado pronto.

A raíz del accidente de Adamuz, la Fiscalía Europea pidió a Adif "todos los contratos suscritos y los correspondientes número de expedientes en relación con el tramo de red ferroviaria donde tuvo lugar el siniestro ferroviario", según un oficio judicial que compartió en redes sociales el exministro de Transportes Óscar Puente.

Puente indicó que "la Fiscalía Europea investiga el accidente de Adamuz desde nada más producirse". "En todos los casos en los que hay involucrados fondos europeos sucede así. Por la razón que sea se cuenta hoy como una novedad importante. No lo es", agregó.

La Fiscalía Europea es un órgano independiente de la Unión Europea que se encarga de investigar, enjuiciar y juzgar los delitos contra los intereses financiero comunitarios.

EL TRIBUNAL DE CUENTAS DENUNCIÓ FALTA DE RIGOR DE ADIF

El Tribunal de Cuentas ha indicado que aprobó el pasado diciembre un informe de fiscalización en el que denunció falta de rigor de Adif en la investigación de dos denuncias sobre la alteración irregular de puntuaciones en los informes de valoración en procedimientos de contratación.

Este apunte viene reflejado en un informe de 2025 sobre fiscalización de los procedimientos de gestión y control implantados por Adif y Adif-Alta Velocidad para la ejecución de las actuaciones financiadas con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia a 31 de diciembre de 2024.

En el texto, el Tribunal de Cuentas apunta que Adif ha llevado a cabo dos investigaciones por la presentación de sendas denuncias sobre la alteración irregular de puntuaciones en los informes de valoración de los criterios sometidos a un juicio de valor, en expedientes de contratación adjudicados por Adif y Adif Alta Velocidad.

Ya en diciembre de 2022, Adif emitió un informe en el que daba cuenta de que había procedido a revisar los expedientes implicados y concluyó que "no existían indicios de que se hubiera vulnerado la normativa de aplicación". A su vez, la empresa realizó una pericial externa sobre la valoración técnica de los tres expedientes afectados por la denuncia.

Sin embargo, del resultado del análisis realizado por el Tribunal de Cuentas del expediente incluido en el Plan de Recuperación se deriva que el contenido del informe de valoración de los criterios sometidos a un juicio de valor "adolece de falta de transparencia y de motivación en la asignación de puntuación", pudiendo amparar su asignación "injustificada y arbitraria".