Llegó a Adif para apagar una crisis y ahora se encuentra en el centro de otra mucho más grave. Luis Pedro Marco de la Peña (Santander, 1969), el ingeniero elegido por Óscar Puente para sustituir a un presidente salpicado por el caso Koldo, puede convertirse en la primera cabeza de turco que deje caer el Gobierno para calmar la oleada de peticiones de dimisión por un nuevo accidente ferroviario.

En apenas dos años como máximo responsable de la infraestructura ferroviaria, ha visto cómo su mandato está marcado ya por tres tragedias: Adamuz, Gelida y Urda. La última, con 69 muertos, ha vuelto a poner bajo sospecha la seguridad de la red y le ha situado ante el momento más delicado de su carrera. De los dos primeros siguen sin saberse las causas casi un año después.

Marco de la Peña preside Adif desde septiembre de 2024 y, durante este tiempo, numerosas voces denuncian su mala gestión para hacer frente a un sistema ferroviario que se estaba quedando obsoleto y para ejecutar los miles de millones de ayudas procedentes de los fondos europeos. A su vez, exigen su cese por ignorar los múltiples informes que ya advertían de las deficiencias en la red ferroviaria.

El Consejo de Ministros aprobó su nombramiento a propuesta de Puente, que acababa de destituir a Ángel Contreras tras apenas diez meses en el puesto. Su antecesor había aparecido en las conversaciones investigadas en el caso Koldo, la trama de presunta corrupción que salpicó al Ministerio de Transportes durante la etapa de José Luis Ábalos. El Gobierno recurrió entonces a un ingeniero con experiencia ferroviaria y una trayectoria ligada a los socialistas vascos.

Con una retribución anual superior a los 170.000 euros, Marco de la Peña figura entre los altos cargos mejor pagados del sector público. Hasta su llegada a Madrid había desarrollado buena parte de su carrera lejos de los focos. Estudió Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos en la Universidad de Cantabria y comenzó a trabajar en constructoras como Ferrovial y Amenabar.

En 2009 dio el salto a la Administración. El Gobierno del socialista Patxi López lo nombró director general de Euskal Trenbide Sarea (ETS), el organismo encargado de gestionar las infraestructuras ferroviarias vascas. Al frente de Transportes estaba Iñaki Arriola, dirigente del PSE y figura clave en su trayectoria. Ambos volvieron a coincidir años después.

Tras abandonar ETS en 2013, regresó al sector privado. En 2020, el Ejecutivo de coalición entre el PNV y el PSE, presidido por Íñigo Urkullu, lo nombró viceconsejero de Infraestructuras y Transportes. Arriola, nuevamente consejero, volvió a contar con él. En octubre de 2024, apenas un mes después de su llegada a Adif, Arriola fue nombrado consejero de Renfe Mercancías.

BAJO SOSPECHA

Su discreción también ha marcado su etapa en Adif. Tras los accidentes de enero, fue Puente quien asumió buena parte de las explicaciones públicas. Fuentes internas atribuyen a Marco de la Peña un perfil "muy político".

El accidente de Adamuz, el 18 de enero de 2026, con 46 fallecidos, abrió una crisis que se agravó días después con el siniestro de Gelida. Las tragedias dispararon las críticas sobre el mantenimiento ferroviario. Los sindicatos reclamaron más personal e inversiones, mientras los maquinistas denunciaban deficiencias en distintos tramos.

Marco de la Peña defendió la actuación de Adif. En abril aseguró que Adamuz no respondía a un problema de mantenimiento, sino, en todo caso, de inspección. El PP exigió su dimisión durante una comparecencia en el Senado, pero rechazó abandonar el puesto.

Nueve meses después, Urda ha vuelto a sacudir la compañía. La investigación del accidente del 28 de octubre, con 69 muertos, examina una cadena de fallos técnicos y operativos relacionados con el sistema de seguridad LZB y las instrucciones del centro de control de Adif.

El ingeniero que llegó a Adif para cerrar una crisis de gestión se encamina ahora hacia su salida en medio de otra mucho más grave. Tras resistir las peticiones de dimisión por Adamuz, la tragedia de Urda amenaza con poner fin a sus poco más de dos años al frente del administrador ferroviario. Su posible cese se perfila como una de las primeras consecuencias políticas del accidente.