Los empresarios han dicho basta al 'boom' de absentismo en España. Las bajas laborales han crecido cuatro veces más en España que los países del entorno, con una factura que previsiblemente alcanzará este año un nuevo récord: las mutuas prevén que el coste de la incapacidad temporal supere en 2026 los 36.000 millones de euros para la Seguridad Social y las empresas, un incremento del 8,6% respecto a 2025. Ante esta "pandemia silenciosa", la patronal urge al Gobierno a actuar de inmediato, aunque por el momento sin éxito. Las negociaciones entre el Ministerio de Seguridad Social y los agentes sociales para establecer mejoras que reduzcan los niveles de incapacidad temporal se mantienen sin avances y el diálogo con los sindicatos para abordarlo dentro del nuevo acuerdo para el empleo y la negociación colectiva se encuentra encallado.

Por ello, los sectores se están lanzando a tomar medidas para afrontar la ausencia diaria de 1,6 millones de trabajadores a sus puestos. El sector del metal está sustituyendo el tradicional blindaje del 100% del salario desde el primer día de baja por un sistema con mayores límites y penalizaciones económicas ante un absentismo que se ha disparado un 95% desde el año 2021. De hecho, la medida más extendida en sus convenios provinciales es el retraso paulatino en el día a partir del cual las empresas empiezan a complementar la prestación.

La Seguridad Social no paga durante los primeros tres días las bajas por enfermedad común; entre el cuarto y el vigésimo abona el 60% de la base reguladora, y, a partir del día 21 de la baja, el empleado percibe el 75%. Sin embargo, la mayor parte de empresas y convenios recogen mejoras para que el trabajador cobre incluso hasta el 100% del salario y no sufra ninguna penalización mientras esté enfermo, aunque esto se pactaba en un escenario muy diferente, ya que antes de la pandemia el absentismo era prácticamente residual. En la actualidad, estos complementos salariales han disparado la factura empresarial por encima de los 17.000 millones de euros anuales, lo que ha levantado ampollas entre las patronales, que se cuestionan cuál es la motivación de un empleado para reincorporarse si cobra lo mismo que quedándose en su casa.

En medio de este debate, el sector del metal en Tenerife ha limitado a un máximo de 200 días la mejora del 100% de la prestación por enfermedad común a partir del día 21, en lugar de los 365 que recogían antes. Aunque las bajas cortas son las más comunes, las de más de un año se han disparado un 95% desde el año 2018. En Valladolid, también se complementará la prestación a partir del día 21, pero con un máximo de cuatro meses. Mientras tanto, en Valencia el suplemento se establece a partir del día 75. Otra vía que están usando las empresas en los convenios es la reducción del porcentaje de mejora, así como de los procedimientos que se benefician de este complemento: en Burgos la primera baja se cubre 20 días al 100%, la segunda se reduce a 10 días y la tercera queda sin complemento alguno, mientras que en provincias como Alicante, Castellón o Tenerife se recorta al 50% o al 60% el salario cobrado durante los tres primeros días a partir de la segunda ausencia.

La peor parte se la llevan los convenios provinciales de Madrid, Zaragoza o Lérida, donde no se contemplan complementos específicos para las situaciones de incapacidad temporal por enfermedad común, por lo que se aplica la regulación general de la Seguridad Social. Barcelona es otro de los territorios que tiene una cobertura más baja, ya que la empresa abona únicamente un complemento del 50% del salario, con un límite máximo de tan solo cuatro días en todo el año natural y, una vez agotados, el trabajador no vuelve a percibir ninguna mejora durante el resto del año.

Pero estos recortes no son la única respuesta por parte de las patronales ante la oleada de bajas. Cada vez más voces dentro de la CEOE reclaman la restitución del despido objetivo por bajas reiteradas ante unos procesos que son cada vez más cortos y se concentran en los menores de 35 años. El último en exigirlo fue, esta pasada semana, el vicepresidente primero y líder de la patronal madrileña CEIM, Miguel Garrido, un mensaje que se suma al verbalizado por otros representantes de las empresas, como el de la catalana Foment del Treball y el de la limpieza Aspel, que han pedido también restaurar este instrumento que eliminó el Gobierno en el año 2020.

El cambio normativo introducido bajo el liderazgo de Yolanda Díaz puso fin a los despidos por falta de asistencia continuada con justificación médica que estuvieron vigentes en España durante décadas, pero que se endurecieron con la reforma laboral de 2012 de Mariano Rajoy. Hasta 2020, una empresa podía despedir a un trabajador por ausencias reiteradas, aunque fueran justificadas, si las faltas de asistencia alcanzaban los nueve días durante dos meses consecutivos y siempre que representaran el 5% de las jornadas hábiles en los doce meses anteriores.

Con la reforma del Gobierno de coalición, se pretendía que los trabajadores que tienen una discapacidad, que padecen enfermedades crónicas y de larga duración o se dedican al cuidado de personas dependientes dejaran de tener miedo a perder el trabajo al acumular muchas ausencias. Sin embargo, se generó un efecto colateral para las empresas, ya que se las dejó "sin instrumentos" suficientes para combatir el absentismo no justificado, según denuncian.

Las bajas médicas tiran del absentismo Desde entonces, el absentismo laboral se ha disparado y en el segundo trimestre del año alcanzó el 7,2% de las horas pactadas, mientras que las ausencias por incapacidad temporal representaron el 5,6%, lo que equivale al 78% del absentismo total, según cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE). De hecho, el problema del absentismo se concentra en las bajas médicas, que provocan que 1,2 millones de personas falten al trabajo de forma diaria.

Otras de las medidas que defiende la CEOE para hacer frente a este absentismo disparado son permitir que las mutuas den el alta médica en procedimientos de bajas por contingencias común o que el Estado cubra los primeros 15 días de baja laboral.