El PSOE se niega, al menos por el momento, a entregar al juez Santiago Pedraz la relación de abogados, despachos y consultoras contratados por la formación entre 2021 y 2025. Pese a recibir dos requerimientos de la Audiencia Nacional, el partido sostiene que buena parte de la documentación está protegida por el secreto profesional y que la campaña electoral dificulta recopilarla. Ha acudido al Consejo General de la Abogacía Española y reclama una ampliación del plazo hasta que ese organismo se pronuncie.

La respuesta consta en un escrito presentado el miércoles, al que ha tenido acceso este periódico. Pedraz reclama contratos, notas de encargo y justificantes de los servicios prestados tanto en la estructura federal como en las organizaciones territoriales del PSOE.

La petición se enmarca en las pesquisas sobre los abogados Ismael Oliver y Jacobo Teijelo, investigados por su presunta participación en las maniobras de la trama de Leire Díez para interferir en procedimientos judiciales sensibles para el PSOE. El magistrado pretende rastrear las contrataciones jurídicas de Ferraz y sus federaciones, comprobar los servicios encargados, quién autorizó los pagos y qué documentación acredita los trabajos, para esclarecer posibles conexiones económicas con la organización investigada.

El primer requerimiento se acordó el 6 de octubre, tras la declaración como imputada de Ana María Fuentes Pacheco, gerente del partido. La orden pedía una "relación completa de letrados o despachos profesionales de abogacía y/o consultoría" contratados durante cinco años, además de los expedientes de autorización y justificación de sus trabajos. Advertía de que debía respetarse el secreto profesional y el derecho a no aportar información autoincriminatoria.

Quince días después, sin respuesta formal, el juzgado cursó el 21 de octubre una segunda reclamación, con un plazo de dos días. Señalaba que había transcurrido tiempo "sin que hasta la fecha este órgano judicial haya recibido contestación alguna". Entonces, la Asesoría Jurídica socialista remitió sus explicaciones y pidió aplazar la entrega.

"Plena disposición" 

Su coordinador, Alberto Cachinero Capitán, sostiene que el PSOE mantiene "plena disposición a prestar la colaboración que le sea requerida", pero reconoce que "en esta ocasión no se ha podido responder hasta ahora a aquel primer requerimiento". Aduce tres motivos: la dispersión territorial de los contratos, la campaña electoral y la protección de terceros.

Explica que "toda la información y documentación solicitada no está centralizada" y debe recabarse "de muy distintos interlocutores", porque las federaciones contratan profesionales para atender sus procedimientos.

También invoca las elecciones. "Estando en periodo electoral, y concentrada la actividad del Partido en el desarrollo de la campaña en curso, la capacidad de respuesta inmediata se ve obviamente mermada", argumenta. Cachinero recuerda que recibió el primer requerimiento el 7 de octubre mediante un correo de la UCO y que el día 19 comunicó las dificultades para recopilar los documentos. Añade que la orden inicial carecía de plazo y que habían transcurrido únicamente "7 días hábiles", tiempo "absolutamente insuficiente".

El grueso de su argumentación descansa sobre la confidencialidad. El PSOE afirma que "una parte sustancial de la información requerida se encuentra sometida al deber de secreto profesional". Identificar a los abogados, alega, puede revelar los asuntos encomendados, mientras que los contratos y hojas de encargo permiten conocer estrategias de defensa.

Advierte, además, de que algunos servicios jurídicos contratados se destinaron a asesorar o defender a "cargos públicos, representantes orgánicos o militantes" por cuestiones relacionadas con su actividad política. Revelar sus identidades y asuntos, sostiene, afectaría a la intimidad y permitiría conocer datos ideológicos especialmente protegidos.

También invoca los derechos de abogados externos, que podrían exigir responsabilidades por vulnerar la confidencialidad, y los intereses de procedimientos judiciales pendientes. Por ello, afirma que sus servicios jurídicos no pueden entregar determinados documentos "sin un pronunciamiento previo".

La iniciativa más singular figura en el burofax remitido el martes al Consejo General de la Abogacía. Cachinero solicita una intervención urgente para delimitar el secreto profesional. Propone facilitar inicialmente información económica "agregada o anonimizada", con importes, periodos y órganos contratantes, pero sin identificar abogados ni encargos. Para acceder a contratos concretos plantea resoluciones individualizadas y garantías adicionales.

También reclama que se reconozca que "ningún profesional de la Abogacía puede proceder a su entrega sin la autorización previa e individualizada de cada uno de los Abogados afectados", incluidos, cuando corresponda, sus clientes.

El PSOE insiste ante Pedraz en que la consulta "no persigue ni dilatar ni eludir el cumplimiento de lo acordado por ese Tribunal". Pide que su retraso no se interprete como falta de colaboración y solicita un nuevo plazo desde que responda el Consejo General de la Abogacía.