La jueza de Badajoz Beatriz Biedma, que investigó a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, ha pedido imputar al exjuez Luis Sáenz de Tejada, a quien la Guardia Civil vincula con la presunta trama del 'caso Leire Díez', y quien supuestamente contactó con un clan relacionado con el narcotráfico para "eliminar" a la magistrada.

Biedma ha solicitado la declaración como investigado de Saénz de Tejada, según un escrito, dirigido al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que investiga una presunta trama para obstaculizar causas judiciales que afectan al PSOE y que habría estado liderada por el exdirigente socialista Santos Cerdán y coordinada por la exmilitante socialista Leire Díez.

Para Biedma, la declaración del exjuez "resulta nuclear para esclarecer su rol, sus contactos, la finalidad de sus actuaciones y su participación en la presunta organización criminal".

La defensa de Biedma, personada como perjudicada, argumenta que la enemistad previa de Sáenz de Tejada contra ella fue "el motivo por el que Díez lo reclutó, y desde el inicio del procedimiento contra David Sánchez su actuación se centró de manera directa y sostenida en la magistrada instructora, reproduciendo exactamente los objetivos fijados por el grupo y las anotaciones manuscritas intervenidas".

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil situó en un informe el punto de partida de las presuntas acciones contra Biedma en un contacto de agosto de 2024 mantenido entre los empresarios Joaquín Parra y Javier Pérez Dolset, en el que el segundo le habría preguntado al primero "si disponía de algún contacto en Badajoz, concretándose dicha solicitud en relación con el exmagistrado Sáenz de Tejada", para los agentes.

'VACACIONES Y VIAJES'

En agosto de 2024, se creó un grupo de WhatsApp denominado 'Vacaciones y viajes', del que formarían parte Dolset, Díez, Parra y Sáenz de Tejada, que a la postre habría sido "la principal vía de comunicación empleada en lo que respecta a esta línea de actuación", según los investigadores.

Asimismo, la UCO plasmó en un informe una declaración testifical de una mujer identificada como Cintia Rocho, supuestamente vinculada a un clan de Badajoz dedicado al narcotráfico. En ella, Rocho aseguró que Sáenz de Tejada le indicó que Biedma "era un puto grano en el culo y había que eliminarla".

Biedma señala ahora en su escrito que "la gravedad de las proposiciones para que se cometieran actos de violencia física", "exige su declaración inmediata como investigado, por evidenciar una voluntad de daño que transciende cualquier actuación procesal y se integra plenamente en la operativa delictiva descrita por la UCO".

La magistrada también solicita a Pedraz las declaraciones como testigos de Rocho y de Ángel Martín, conocido como 'El Gitano'. Además, Biedma también pide de las testificales de Parra y de Juan José Collado, abogado de la familia Rocho.

Para la jueza estas declaraciones son "imprescindibles para ratificar sus manifestaciones y aclarar extremos relevantes sobre las reuniones" de la trama, "la coordinación del grupo, la utilización de perfiles falsos, los seguimientos, las proposiciones de violencia física y la finalidad de las actuaciones dirigidas contra la perjudicada".

Por otro lado, la jueza ha solicitado la remisión íntegra "de todas las denuncias, quejas y escritos promovidos por Sáenz de Tejada contra la perjudicada ante Fiscalía, Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y cualquier organismo entre mayo de 2024 y octubre de 2025", así como "de todas las quejas formuladas contra la magistrada Biedma ante el CGPJ, o por ciudadanos, al parecer más de 30, como consecuencia de la concentración promovida por Sáenz de Tejada el 7 de abril de 2025 ante la sede de dicho órgano".

SÁENZ DE TEJADA NIEGA HABER CONTACTADO CON UN CLAN DE BADAJOZ

Por su parte, Sáenz de Tejada ha acusado a los investigadores de la UCO de mentir, señalando que le han realizado una "imputación falsa de hechos sin investigación alguna", y negando, en consecuencia, haber acosado a la magistrada.

En un escrito remitido al juez, el exjuez señala que los agentes "imputan falsamente unos hechos que pueden revestir el carácter de delito cometido" contra Biedma "sin realizar la más mínima investigación".

Lo hacen "a pesar de que los verdaderos autores de los hechos están identificados tanto por la Policía Nacional como por la autoridad judicial", subraya el exmagistrado, que también acusa a Rocho y otros testigos cuyas declaraciones constan en el informe de faltar "gravemente a la verdad".

Sáenz de Tejada afirma que es "rotundamente falso" que contactara con Rocho después de que ella mostrara disconformidad con algunas resoluciones judiciales de Badajoz en una página de Facebook llamada 'Independencia Judicial en Badajoz', que, según los investigadores, habría sido el punto de partida de su interacción con la testigo.

"No tengo nada que ver con la página de Facebook. Nunca, a través de ningún medio, contacté ni hablé con Cintia Rocho. La página y sus responsables, creadores y administradores están perfectamente identificados por la Policía Nacional como por la autoridad judicial. Por lo tanto, Rocho no contactó ni mantuvo comunicación conmigo a través de dicha página de Facebook ni de ningún otro modo", indica.

El exmagistrado niega, al mismo tiempo, estar detrás del perfil de Facebook 'José García Fernández', el avatar con el que, según la UCO, se habría hecho llegar a Rocho la voluntad de llevar a cabo acciones contra Biedma.

"Los agentes no han realizado comprobación alguna de la persona que está detrás de dicho perfil. El perfil 'José García Fernández' también está perfectamente identificado por la Policía Nacional como por la autoridad judicial. No soy yo la persona que está detrás de dicho perfil", asevera.

Sáenz de Tejada acusa a los agentes de la UCO de haber cometido presuntamente un delito de falsedad en documento público, y a los testigos de falsedad en documento público en concurso con un delito de calumnias e injurias.

Por ello, pide que se ponga en marcha una investigación, que los juzgados de Badajoz informen sobre la "identidad" de los creadores y administradores de la página de Facebook y dejar fuera de la instrucción el informe, "a la vista de su presunta falsedad" y por "versar acerca de bulos periodísticos que no han sido denunciados".