Junts no iba de farol ni acabó cediendo a la presión del Gobierno, del resto de grupos políticos y de quienes se manifestaban en los alrededores del Congreso para exigir la convalidación de los reales decretos leyes sobre vivienda que el Consejo de Ministros aprobó el martes como reacción al impacto provocado por el desahucio de la anciana Maricarmen Abascal. Como anunció en un comunicado la dirección del partido en la noche del jueves y confirmó desde la tribuna del Congreso su portavoz, Míriam Nogueras, este viernes la formación catalana optó por la derogación de unos textos que ya habían entrado en vigor. Igual que el PP y Vox. Ni siquiera la sospecha de que Pedro Sánchez vaya a querer aprovechar el momento para convocar elecciones, como le sugieren ministros y dirigentes del PSOE, le hizo cambiar de opinión. "Nosotros vamos a defender la verdad, sea cual sea el precio de hacerlo", esgrimió la diputada y vicepresidenta de la formación.

Nogueras argumentó que el paquete de medidas aprobado por el Ejecutivo permitirá que los fondos buitre sigan comprando viviendas y que se siga desahuciando a gente, sostuvo que en sus apenas 48 horas de vida, ya ha provocado que más de 4.000 viviendas se retiren del mercado y que traslada el coste de la protección de las familias vulnerables a otras familias, es decir, a los pequeños propietarios. El Gobierno defiende que los textos contemplan precisamente a instancias de Junts que las Administraciones públicas tengan que compensar a los caseros que sean personas físicas cuando se suspenda un desahucio por falta de alternativa habitacional. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, aseguró incluso que incorporó el 90% de sus propuestas y ofreció tramitar los textos como proyectos de ley para poder enmendarlos. "Aún estamos a tiempo. Ustedes no se parecen a esta derecha y extrema derecha que saben que quieren acabar con ustedes", suplicó en balde.

La decisión final del partido de Carles Puigdemont abre ahora un nuevo escenario. Este no es uno más de sus golpes. Por primera vez en las filas del PSOE se habla ya de no agotar la legislatura. "No sé la fecha, pero que si caen los decretos vamos a elecciones, sin duda", afirmaba incluso en privado un ministro antes de que se consumara la votación. Otros miembros del Gobierno se mostraban más cautos, pero es un hecho que en las filas socialistas creen que lo ocurrido genera "una oportunidad" para situar el debate en un terreno que les puede ser propicio, después de dos meses de enorme desgaste por la gestión de la crisis fronteriza de Ceuta. Entienden que les abre alguna opción frente a un PP y Vox intratables en las encuestas, que en medio de un panorama político embarrado, con un horizonte judicial adverso, les ofrece, al menos, una causa que defender. "Y una causa justa", dice un alcalde de peso.

"El voto es posicional. Si lo que se vota es una cuestión social la izquierda tiene una baza movilizadora, si se vota en clave de soberanía, que es lo que puede provocar la crisis de Ceuta, la tiene la derecha", añade una persona del entorno del jefe del Ejecutivo. "Mejor bandera, desde luego no vamos a tener. Si se trata de hablar de bienes, mejor la vivienda que las joyas", ironiza a su vez un dirigente territorial que, sin embargo, admite sus dudas sobre cómo se pueden "repartir las cartas" entre el PSOE y el resto de la izquierda.

También expresó este viernes sus reservas, en su caso, en público, el crítico entre los críticos, Emiliano García- Page. El presidente de Castilla-La Mancha, defendió que la situación aboca sin duda a elecciones, pero por una cuestión institucional y democrática, no porque crea que eso ofrece a su partido ventaja electoral alguna . "Los pactos cuando se hacen orillando tus valores, tus principios y los haces con la extrema derecha que además quiere dinamitar España traen como mínimo dolores de cabeza. Y en este caso no creo que haya nadie que se sorprenda al pensar que Junts en realidad no era bloque progresista ni era mayoría progresista para nada", recriminó a Sánchez.

CAMBIO DE PARADIGMA

En Moncloa, sin embargo, ya la semana pasada se mostraban convencidos de que correr para aprobar el decreto que la ministra de Vivienda llevaba meses tratando de sacar adelante sin éxito y llevarlo al Consejo de Ministros del pasado martes era una operación ganadora, incluso en el supuesto de que acabara ocurriendo lo que finalmente ha ocurrido. Hasta que se produjeron las movilizaciones por Maricarmen, y tras dos revolcones parlamentarios previos, Isabel Rodríguez resistía las presiones de Sumar para volver a llevar al Congreso un texto que suspendiera desahucios y obligara a prorrogar contratos de alquiler sin tener los votos amarrados. Alegaba que suponía generar falsas esperanzas en la ciudadanía. Pero el paradigma cambió de la noche a la mañana cuando las imágenes de una anciana desvalida expulsada de su hogar inundaron las redes y las televisiones. "Esto nos permite decir al electorado: 'Oiga vóteme a mí porque yo sí hago estas políticas y necesito una mayoría parlamentaria para poder hacerlas'", apuntaban ya entonces fuentes del Ejecutivo.

Ahora, las mismas fuentes advierten aun así que no hay una decisión tomada y que "todas las opciones están abiertas". "Lo que ha ocurrido es muy grave Las próximas horas y los próximos días vamos a analizar sus consecuencias. Pero no descartamos ninguna opción", dicen tan solo. Nadie en el PSOE se arriesga a vaticinar cuándo lo comunicará Sánchez en caso de optar por el adelanto. Algunas fuentes apuntan a que dejará pasar el fin de semana para tomar el pulso a las calles y se pronunciará el lunes. Si firmara el decreto de disolución de las Cortes ese mismo día, las elecciones serían el 29 de noviembre. Pero incluso hay quien plantea la alternativa, por el momento poco secundada, de volver a dar antes otra oportunidad a Junts y aprobar de nuevo el principal de los dos textos votados hoy (el que solo incluye la conversión de los contratos de alquiler en indefinidos, empeño de Sumar, tampoco fue respaldado por el PNV ni Coalición Canaria) antes de pulsar el botón.

Es cierto que el propio presidente - que pasó la mañana en las dependencias que tiene el Gobierno reservadas a escasos pasos del Hemiciclo hablando con los suyos-en lugar de en el pleno dio alas a la idea de que ya se ha decidido cuando, por sorpresa y justo antes de que diera comienzo la votación, solicitó subir a la tribuna para hacer un último llamamiento a los grupos parlamentarios situados en el 'no', singularmente, al PP y Junts (nada dijo de Vox) y defender que entre las medidas tumbadas no hay "extremismos" sino "meses de análisis técnico y negociación" y el deseo de "poner orden y humanidad a un mercado que, si no controlamos, acabará destruyendo a nuestra sociedad". "Les pido que estén a la altura. La historia les juzgará antes de lo que creen y con más contundencia", advirtió. El suyo no fue, en todo caso, el único discurso con perfume de campaña. Fueron muchos. El portavoz económico del PP, Juan Bravo, llegó a apelar en su turno de manera directa "al treintañero que sigue durmiendo en la misma litera que hace diez años", a la "pareja que ha hablado si pagar el piso o tener un hjio" y a "los padres a los que les gustaría hacer el máximo esfuerzo para darles un piso a sus hijos". "Somos conscientes del sacrificio, de esta generación que está en pausa y no os vamos a engañar: No va a ser fácil ni rápido pero llegará el día y no está tan lejos en el que meteréis una llave en una cerradura y vais a decir ya estoy en casa. No os vamos a fallar", dijo.