La presión social por la vivienda recuperó este domingo algunas imágenes asociadas al 15-M: decenas de tiendas de campaña instaladas en la Puerta del Sol a dos días del Consejo de Ministros que debe abordar el nuevo decreto de vivienda. "O cae el rentismo o cae el Gobierno", es el mensaje. 

La protesta, bautizada como ‘decreto Maricarmen’, reclama que la norma que negocia el Ejecutivo con sus socios incorpore contratos de alquiler indefinidos o renovaciones automáticas que impidan que los inquilinos pierdan su vivienda por la finalización del contrato.

Bajo el paraguas del Sindicato de Inquilinas y en un movimiento que recuerda a la protesta que convirtió esta plaza en 2011 en uno de los símbolos de la movilización social de los indignados tras la dolorosa crisis de 2008, el movimiento echa un pulso a Moncloa . "Le decimos a Sánchez que esto tiene que aprobarse el martes", pidió la portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid, Alicia del Río.

La protesta llega después de que unas 25.000 personas, según la Delegación del Gobierno, recorrieran el sábado las calles de la capital española tras el desahucio de Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años que se ha convertido en uno de los rostros de la crisis de acceso a la vivienda. Horas después, parte de aquella multitud regresó a Sol para pasar la noche en una acampada de unas quinientas personas.

En esta ocasión, sin embargo, los convocantes sitúan sobre la mesa objetivos concretos, los contratos indefinidos en el centro de las reivindicaciones y un plazo inmediato. La organización exige que la norma garantice la estabilidad de los alquileres y evite que los propietarios puedan poner fin a los contratos simplemente cuando llegue su vencimiento. "Si no se meten los contratos indefinidos, en este país gobiernan los buitres y este Gobierno progresista ya no tiene ningún sentido", explicó Del Río.

A su juicio, la solución pasa por "contratos indefinidos, contratos indefinidos y contratos indefinidos", pero también plantea la renovación automática de los contratos como mecanismo para evitar que los inquilinos puedan ser expulsados de sus viviendas. El sindicato vincula esta medida con la posibilidad de mantener una vida estable en los barrios y con cuestiones como la continuidad de los niños en los colegios o la permanencia de las familias y las personas mayores en sus viviendas.

VIDA ESTABLE EN LOS BARRIOS

Más allá de esta cuestión, el sindicato apunta a medidas para frenar los desahucios y la congelación de las actualizaciones del IPC en los alquileres. Su propuesta incluye también una reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos para regular los contratos de temporada y por habitaciones y garantizar prórrogas efectivas de los contratos en vigor. Del Río exhortó al Gobierno a atender estas demandas y dirigió una pregunta directa al presidente: "¿Qué problema tiene su partido con que haya vidas estables en este país para un 30% de la población?", inquirió ante los medios.

La protesta en Sol busca además ampliar su dimensión hacia otros ámbitos afectados por la inestabilidad residencial. La organización sostiene que la movilidad forzada de las familias también repercute en la continuidad escolar y quiere extender esta herramienta a más centros. Por eso, a la concentración se unieron ayer a mediodía miles de personas que también se manifestaron este domingo por la educación pública.

Los organizadores evitan por ahora fijar una fecha para levantar el campamento. Del Río avanzó que la movilización podría extenderse a otras ciudades a través de la Confederación Estatal de Sindicatos de Inquilinos, aunque no concretó fechas. "Seguiremos escalando, seguiremos desobedeciendo hasta conseguir los contratos indefinidos y los siguientes pasos que hagan falta para que no haya ninguna Maricarmen más en nuestro país", aseguró.

La propia afectada pidió este sábado en un vídeo difundido en redes sociales que su caso sirva para impulsar cambios legales: "Quiero que lo que me ha pasado a mí sirva para que la gente luche y se cambien las leyes injustas".