La gerente del PSOE, Ana María Fuentes, ha descargado en el exsecretario de Organización Santos Cerdán la responsabilidad de contratar a dos abogados investigados en el caso de la exmilitante Leire Díez, a quien ha dicho no conocer, y que está imputada por presuntas maniobras contra causas judiciales que afectasen al partido.

Según informan fuentes jurídicas, en su declaración como investigada ante el juez Santiago Pedraz, Fuentes ha explicado que autorizó el pago de facturas a esos dos letrados -Jacobo Teijelo e Ismael Oliver- después de que Cerdán, quien dimitió en junio de 2025 al estar implicado en el caso Koldo, validase la prestación de sus servicios.

La gerente socialista, único cargo orgánico en activo del partido imputada en este caso, está investigada por presunta falsedad en documento mercantil al haber emitido notas de encargo que justificaban los pagos a los dos letrados, que el juez considera "mendaces", pues sospecha que ésta era una fórmula para retribuir a Leire Díez y a terceros.

Tras ella, ha declarado uno de esos abogados investigados, Ismael Oliver, quien ha señalado que fue Leire Díez quien le contrató en nombre del PSOE en concepto de asesoría jurídica sobre la comisión parlamentaria sobre la operación Cataluña, según las fuentes.

La gerente ha explicado que en el PSOE existen contrataciones verbales, como ocurre en este caso, pero que a la hora de abonar las facturas debe existir una hoja de encargo.

En la de los dos letrados, esta hoja la habría elaborado la asesoría jurídica incluyendo una firma digitalizada de la gerente, de la que tenían copia. Según ha declarado, no habló con el director de la asesoría jurídica sobre estas contrataciones.

El rol de la gerente se limitaba, según su relato, a validar que las contrataciones tenían encaje en los presupuestos y a confirmar con quien había hecho el encargo, en este caso Santos Cerdán, que el servicio se había prestado y las facturas se podían abonar.

Así, Fuentes se ha desvinculado del destino de estos pagos, descargando la responsabilidad en Cerdán, que según los investigadores habría puesto los recursos del PSOE a disposición de una "estructura criminal" dirigida a boicotear causas y coordinada por Leire Díez, quien habría recibido al menos 43.225 euros del partido a través de intermediarios como el exvicepresidente andaluz Gaspar Zarrías o el abogado Ismael Oliver.

El juez sospecha que el dinero que el PSOE pagó a Ismael Oliver en realidad acabó en manos de Leire Díez y terceros, si bien este abogado ha desechado esta idea.

Según las fuentes, Oliver ha relatado que, de la mano de Díez, el PSOE le contrató para investigar las comparecencias parlamentarias de la comisión de la operación Cataluña y le pagó 22.500 euros.

Esa es la misma cantidad que después este abogado abonó a Leire Díez. Pero, según su versión, este pago respondía a otro servicio: la oferta de la exmilitante para borrar la huella digital del exviceministro venezolano Nervis Villalobos, a quien Oliver representaba.

Como Díez pedía mucho dinero, convinieron que fuese la misma cantidad que él recibió del PSOE y se la abonó él porque Villalobos tenía las cuentas bloqueadas. El servicio, sin embargo, no se hizo y tampoco se reclamó la cantidad, según las fuentes.

El abogado ha calificado a la exmilitante como una persona que hablaba mucho y ha dicho que fue ella quien le ofreció llevar la defensa del exasesor ministerial Koldo García, que, según le insinuó, sería costeada por el PSOE.

Koldo García, en prisión por corrupción en contratos de mascarillas, le dijo que le pagaría él, pero nadie lo hizo y dejó la defensa, añaden las fuentes.

Oliver también ha negado que interviniese de ningún modo para que la empresaria Carmen Pano, investigada por fraude en hidrocarburos, cambiase su versión sobre si llevó o no 90.000 euros a la sede del PSOE, y ha calificado de desafortunados algunos mensajes de la presunta trama que constan en la causa en relación a ella, tales como: "Ésta se vende".