Con la presión de la oposición y la crisis migratoria de Ceuta marcando su agenda, el Gobierno busca cambiar el foco de atención hacia la gestión económica. Moncloa dio luz verde este martes a un real decreto-ley de medidas urgentes que moviliza en solo cuatro meses más de 309 millones de euros en 2026, lo que equivale al 16% del PIB de la ciudad autónoma. Entre las principales medidas que se incluyen en el paquete destacan las ayudas directas a autónomos y empresas, los ERTE con una exención del 100% de las cotizaciones sociales, la reducción del impuesto sobre sociedades o las mejoras en el IRPF para trabajadores por cuenta propia.

Desde el Ejecutivo sostienen que de esta forma "atienden a las peticiones de los agentes sociales y del Gobierno de la ciudad autónoma". "El objetivo principal del decreto es dar confianza tanto a empresas como a trabajadores", señaló Carlos Cuerpo, vicepresidente primero y ministro de Economía, que se encargó de desglosar las medidas en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. La propuesta estrella de este plan de choque es la bonificación del 75% en las cotizaciones a la Seguridad Social por contratar trabajadores en ambas ciudades autónomas (Ceuta y Melilla).

Para justificar la efectividad del plan de choque, Cuerpo comenzó reivindicando el buen punto de partida de Ceuta antes de que se produjera el salto masivo de migrantes, haciendo hincapié en los indicadores cosechados desde 2018. En el plano del estímulo comercial y empresarial, el real decreto-ley reserva 14 millones de euros para reactivar el consumo local y atraer visitantes mediante bonos turísticos y campañas institucionales. A ello se suman dos millones destinados a la proyección exterior de la ciudad autónoma -un millón gestionado por el ICEX para el Plan Ceuta Exporta y otro millón para promoción turística internacional-, una línea de avales del ICO de hasta 50 millones de euros y dos millones para la implantación de una Sociedad de Garantía Recíproca que facilite el acceso a financiación.

Asimismo, la norma introduce un alivio fiscal de carácter permanente cuantificado en 12 millones de euros al año. Este bloque incluye un incremento en la bonificación del Impuesto sobre Sociedades -que pasa del 50% al 60% para las entidades residentes que mantengan sus plantillas en Ceuta y Melilla-, así como mejoras específicas en la tributación por IRPF dirigidas a los trabajadores por cuenta propia.

El capítulo de apoyo al empleo, por su parte, incorpora una partida de 650.000 euros gestionada por el SEPE para la cualificación de los trabajadores y una prestación extraordinaria por cese de actividad para autónomos. Y en el ámbito de los incentivos laborales, la subida de la bonificación en la cuota empresarial a la Seguridad Social (del 50% al 75% para contratos indefinidos con formación) supondrá un desembolso de 12,2 millones en los cuatro meses restantes de 2026.

El paquete también completa un mecanismo de blindaje laboral a través de un esquema reforzado de Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) diseñado por el Ministerio de Trabajo. Las empresas que se acojan a este instrumento dispondrán de una exención del 100% de las cotizaciones empresariales, mientras que los trabajadores contarán con protección máxima al garantizarse el cobro de la prestación por desempleo sin que suponga consumo de sus periodos cotizados.

Dentro de este montante, Cuerpo detalló la creación de un fondo específico dotado con 36,6 millones de euros destinado a cubrir directamente el quebranto económico de los negocios locales. Un instrumento financiero que, según explicó el titular de Economía, utiliza una arquitectura similar a la desplegada tras la dana de Valencia. Este mecanismo de auxilio directo beneficiará de forma inmediata a los 2.500 autónomos y 1.500 empresas censados en Ceuta que se han visto afectados por los acontecimientos de finales de julio. "La ciudad autónoma, al igual que los agentes sociales, verán reflejadas sus demandas y no cabe ninguna duda respecto a la presencia del Estado a través de este apoyo", señaló.

Asimismo, el decreto incluye una partida para la acogida de menores migrantes de 118 millones de euros, de los cuales 60 irán dirigidos a Ceuta y el resto para el Ministerio de Inclusión Social y Migraciones, que desarrolla una actividad de asistencia en la ciudad. Y en el plano de la seguridad, se incluye un incentivo de 7,1 millones para la Policía Nacional y 8 millones para la Guardia Civil, a los que se añaden 74 millones de euros destinados al Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas para cubrir costes de personal, medios, logística, transporte y mantenimiento de material desplegado en la zona.

El plan reserva 21 millones de euros a la garantía de los servicios esenciales en la ciudad. Este presupuesto permitirá enviar 100 profesionales del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) a la sanidad local (3,5 millones), reforzar con 3,2 millones la seguridad y atención psicosocial en escuelas, inyectar 4,5 millones para agilizar expedientes judiciales con refuerzo de personal e informática, y conceder ayudas directas a la ciudad autónoma.

Las colas de migrantes junto al campamento de acogida de la Loma Colmenar, en Ceuta, obligan a mantener un despliegue policial permanente para contener las avalanchas de cientos de personas que intentan acceder al recinto, pese a que está al completo. 

La situación ha obligado a desplegar un amplio dispositivo policial, que también este martes tuvo que realizar cargas y disparos al aire disuasorios con el objetivo de controlar la situación. 

Además comenzó el traslado de mujeres y niñas al Centro Ecuestre de Ceuta, donde tendrán mayor protección. Los primeros traslados se realizaron en autobuses desde loa asentamientos levantados por entidades vecinales en el barrio de El Príncipe, donde permanecían alrededor de 400 mujeres y menores. Los desplazamientos se llevaron a cabo de forma escalonada con el objetivo de liberar progresivamente este espacio. efe