El Gobierno ha pasado semanas defendiendo que la grave situación derivada del asalto masivo a nado de unos 80.000 migrantes el pasado mes de julio exigía respuestas puramente operativas sin alterar el marco normativo. Sin embargo, en el primer Consejo de Ministros tras el parón estival, ha aprobado los anteproyectos de una nueva Ley de Asilo y la reforma de la Ley de Extranjería. La versión oficial encuadra estas medidas en una actualización obligada para adaptar el ordenamiento español al Pacto Europeo de Migración y Asilo, pero la gravedad de lo acaecido en la ciudad autónoma hace imposible desligar ambos acontecimientos. El núcleo de la futura Ley de Asilo se centrará en reforzar la frontera como primer filtro del sistema mediante un procedimiento exprés. Esta tramitación específica en frontera tendrá un plazo máximo de 12 semanas en las que el solicitante deberá permanecer bajo el control directo de las autoridades españolas. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, argumentó que se busca ganar efectividad frente a la nueva realidad migratoria y evitar la "utilización indebida" del sistema, asegurando que el proceso mantendrá las garantías jurídicas y el respeto estricto a los derechos humanos. 

Por su parte, la modificación de la Ley de Extranjería habilitará un protocolo específico para la identificación inmediata de quienes accedan a territorio nacional fuera de los pasos habituales. Este procedimiento contemplará reconocimiento médico, filiación y la toma de datos biométricos para clasificar con rapidez a los migrantes. El objetivo de este cribado inicial es diferenciar a las personas susceptibles de recibir protección internacional de aquellas a las que no les corresponda, acelerando con ello los trámites de retorno a sus países de origen.

Un cambio de actitud que expone la urgencia por dotarse de un marco legal con mayores capacidades de control ante escenarios de alta presión en las fronteras. "Llevamos tiempo trabajando en estos dos anteproyectos liderados por el Ministerio del Interior, que suponen la elaboración de una Ley de Asilo y la reforma de la Ley Orgánica sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social", anunció Elma Saiz, portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Moncloa quiere evitar a toda costa cualquier alarmismo, pero el cambio de rumbo en su gestión de la crisis es evidente. Este primer Consejo de Ministros del curso político también ha declarado la "situación de interés para la seguridad nacional" en Ceuta -una fórmula regulada en la Ley de Seguridad Nacional de 2015 aprobada en la etapa de Mariano Rajoy que permite establecer un mando único para reforzar la coordinación entre las administraciones en caso de emergencia o crisis- y formalizado la creación de un mando único para abordar la grave situación, una medida inédita hasta la fecha acordada tras la celebración de una reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad Nacional. La responsabilidad de ese mando único -que se mantendrá, en principio, hasta el próximo 31 de diciembre- con el que el Gobierno pretende ofrecer "una respuesta integral" a la emergencia casi un mes después de la entrada masiva recaerá en el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. El también expresidente canario, que compareció tras el Consejo de Ministros junto a la portavoz Elma Saiz y Marlaska, explicó que dirigirá un comité especializado integrado por la Presidencia de Ceuta, la Delegación del Gobierno, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), el Departamento de Seguridad Nacional y todos los ministerios implicados -hasta once-, con el objetivo de unificar las capacidades operativas y de atención humanitaria de todas las administraciones.

Torres subrayó que, aunque las competencias sobre los adultos en situación irregular corresponden al Estado y la atención a los menores es competencia autonómica, el Ejecutivo ha habilitado mecanismos de coordinación, habilitación de espacios y modificaciones legislativas para facilitar el reparto solidario de menores no acompañados entre las distintas comunidades autónomas. Además, el titular de Política Territorial -que se desplazó a Ceuta nada más terminar la rueda de prensa- anunció que también él comparecerá en el Congreso, "si es posible, el próximo jueves", para dar cuenta de su nombramiento como responsable del mando único. 

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SIN FECHA PARA QUE SÁNCHEZ ACUDA AL CONGRESO

Su comparecencia se suma así a las ocho ya previstas, elevando a nueve el número de ministros que rendirán cuentas ante la Cámara Baja por la gestión de la crisis migratoria en Ceuta. Preguntada sobre si también Sánchez acudirá a sede parlamentaria, Saiz respondió que "por supuesto" que lo hará, aunque sin detallar ninguna fecha. "No manejo la agenda del presidente del Gobierno, pero que a nadie le extrañe, porque es lo que viene siendo habitual. Es el presidente el que más ha comparecido en las Cortes Generales", aseguró.

Según las cifras ofrecidas tras el Consejo de Ministros, entre el 90% y el 95% de las personas que accedieron a la ciudad autónoma -un volumen que el Ejecutivo cifra en decenas de miles- ya han vuelto al país vecino mediante las actuaciones de control iniciales. Sin embargo, entre el 5% y el 10% del total de las personas llegadas continúa en la ciudad autónoma. Para gestionar la atención de este grupo remanente, el Consejo de Ministros ha dado el visto bueno a una partida de 25 millones de euros a propuesta del Ministerio de Infancia, destinada prioritariamente a la atención de menores, la localización de espacios y la habilitación de infraestructuras de acogida.

La portavoz del Gobierno quiso subrayar nada más comenzar la rueda de prensa que Ceuta "es hoy el corazón de España" y recalcar que una "situación extraordinaria" como la que atraviesa requiere "una respuesta extraordinaria" como la acordada por el Ejecutivo, cuyo discurso sigue defendiendo la continuidad de la presencia institucional en la zona, recordando las sucesivas visitas de ministros desde el inicio de la crisis y justificando el paso a esta nueva estructura de coordinación interministerial y autonómica para gestionar la situación a medio plazo.