Cinco años después del rescate público de 53 millones concedido a Plus Ultra, el dinero procedente de la aerolínea todavía goteaba hacia el entramado del confeso testaferro de José Luis Rodríguez Zapatero. Los pagos llegaron hasta este pasado mayo, el mismo mes en que los registros hicieron estallar públicamente el caso, y continuaron pese a que Julio Martínez Martínez, ‘Julito’, el presunto hombre de paja del expresidente del Gobierno, había sido detenido en diciembre de 2025. La operativa no se detuvo ni siquiera con la Policía en los talones.

Y tampoco después de que Zapatero negara cualquier vínculo con Plus Ultra. El 2 de marzo, durante su comparecencia ante la comisión de investigación del Senado, el exmandatario socialista fue categórico: "No he tenido ni tengo ninguna relación con Plus Ultra. No hice absolutamente nada ni me interesé por el rescate de Plus Ultra". Llegó a asegurar que su conocimiento de la compañía era "nada, cero" y que nunca había trabajado para ella.

La secuencia financiera reconstruida después por La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía (UDEF) coloca esa declaración en un escenario especialmente comprometedor: la deuda de Summer Wind con Affita seguía pagándose y los abonos se prolongaron hasta mayo de 2026, dos meses después de aquella comparecencia. El propio auto del instructor de la causa, José Luis Calama, recoge que Affita recibió indirectamente fondos procedentes de Plus Ultra a través de Summer Wind y sitúa el calendario de pagos entre julio de 2024 y mayo de este año.

La nueva ruta figura en los últimos anexos policiales remitidos al titular del Juzgado de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional y a los que ha tenido acceso Colpisa. La UDEF sostiene que Summer Wind, una mercantil a la que atribuye la condición de "mera sociedad interpuesta", fue pagando a plazos una deuda de 213.202 euros a Affita, una inmobiliaria controlada por ‘Julito’.

Zapatero está imputado por haber percibido una presunta mordida del 1% de esos 53 millones de auxilio estatal concedido a Plus Ultra en 2021. La tesis de la causa sostiene que el expresidente puso sus contactos al servicio de la compañía y que su retribución se cubrió mediante contratos y facturas de asesoramiento. Aquel porcentaje equivalía a 530.000 euros. Sumado el IVA, la cantidad pactada habría ascendido a 641.300 euros.

La secuencia del dinero dio varios rodeos, de acuerdo con los últimos dosieres remitidos a la Audiencia Nacional. Plus Ultra transfirió 3.979.182 euros a Summer Wind durante 2023. Ese mismo año, la sociedad contabilizó una obligación de 213.202 con Affita. La deuda quedó anotada durante el último trimestre de 2023, pero fue satisfecha a plazos durante casi dos años.

El último tramo resulta especialmente comprometedor. Cuando los pagos seguían su curso, la Policía ya había detenido a ‘Julito’ en diciembre de 2025 y había puesto bajo sospecha sus negocios. El 2 de marzo, Zapatero compareció durante horas en el Senado y negó de plano la relación con la aerolínea: "Yo con Plus Ultra no he hecho absolutamente nada", resumió en otro momento del interrogatorio. El flujo, sin embargo, todavía no había terminado. En mayo se practicaron los registros que sacaron a la luz la documentación interna de la trama y el dinero siguió llegando hasta ese mismo mes a una sociedad controlada por el empresario señalado como testaferro del expresidente.

Los agentes hablan de "indicios sólidos" sobre el empleo de Summer Wind como sociedad interpuesta para hacer llegar los fondos a Affita con el propósito de "ocultar su verdadero origen" en Plus Ultra. La empresa receptora, dedicada formalmente a la explotación y alquiler de inmuebles, había sido constituida con un capital de 10.000 euros.

‘Julito’, empresario alicantino, amigo del expresidente y administrador de varias consultoras, ocupa el centro de ese puente financiero. La Policía lo describe como una "persona de confianza" de Zapatero, interlocutor con los clientes y gestor del tejido empresarial utilizado para canalizar los cobros. El propio Martínez Martínez, que se ha mostrado dispuesto ya a colaborar con la justicia, se presentó ante el juez como el correveidile del expresidente y reconoció que sus mercantiles gestionaron las comisiones.

La conexión aparece además en un archivo Excel titulado “Detalle cobros”, localizado por la UDEF en uno de los ordenadores intervenidos a ‘Julito’. El documento llevaba una contabilidad de los pagos de Summer Wind a Affita. La inmobiliaria también recibió 97.595,21 euros de otras tres empresas del mismo entorno entre 2020 y 2025, mientras que los movimientos en sentido contrario apenas sumaron 5.374,21 euros. Para la UDEF, esa asimetría carece de una explicación coherente con el alquiler de inmuebles.

EN LA CÚSPIDE DEL ENTRAMADO

Los investigadores colocan a Zapatero en la cúspide del entramado. El expresidente recibió directamente 490.780 euros de Análisis Relevante, la consultora administrada por ‘Julito’, entre 2020 y 2025. La resolución sostiene que Plus Ultra era uno de los clientes de una organización dedicada al ejercicio ilícito de influencias y señala como beneficiarios finales de los pagos al propio Zapatero y a Whathefav, la empresa dirigida por sus hijas, Alba y Laura Rodríguez Espinosa.

El pacto del 1% se formalizó el 19 de enero de 2021. Plus Ultra, la aerolínea que pocas semanas después recibió el salvavidas estatal, contrató a Idella Consulenza Strategica, otra consultora de ‘Julito’, y fijó como remuneración ese "1% más IVA" de la ayuda que consiguiera. El contrato vinculó así la comisión al importe del rescate.

Cuatro implicados han reconocido ya el núcleo económico de la operación. ‘Julito’ admitió el porcentaje, la captación de clientes por Zapatero y la intervención de éste. Julio Martínez Sola, expresidente de Plus Ultra y sin parentesco con Martínez Martínez, reconoció la contratación y detalló 458.417 euros canalizados mediante tres empresas, además de 46 vuelos en clase ‘business’. Roberto Roselli Miele, antiguo consejero delegado de Plus Ultra, también reconoció los desembolsos. Todos sostienen que se trató de pagos legales por asesoramiento.

La aerolínea ha anunciado además su colaboración con la justicia. Calama ha reclamado ahora los extractos completos, los justificantes de cada transferencia y las comunicaciones bancarias desde enero de 2020. Esas diligencias deberán precisar el recorrido final del dinero, cuándo se ordenó el último abono a Affita y quién autorizó que el pago continuara hasta el pasado mayo.