El PP mantiene su ofensiva contra la ley de nietos y presenta un escrito ante la Secretaría de Estado de Justicia pidiendo la revisión de nulidad de la instrucción que desarrolla el objeto de la Ley de Memoria Histórica de 2022 siguiendo los pasos de Vox, quien registró la misma petición hace ya unas semanas. Los populares arguyen que esa instrucción de la entonces directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, Sofía Puente, hermana del ministro Óscar Puente "reinterpreta" la norma y amplió el alcance más allá de lo votado cinco días antes en el Congreso. "Es nula clarísimamente de pleno derecho", defendió la vicesecretaria de Coordinación Sectorial, Alma Ezcurra, tras la habitual rueda de prensa de los lunes en Génova.

En el primer partido de la oposición dudan de la transparencia y las garantías "tanto del proceso de concesión de las nacionalidades como del proceso del voto exterior" que denuncian ha elevado el censo en 2,5 millones. Arguyen que con la instrucción ministerial no solo se reconoce el derecho a la nacionalidad a hijos y nietos de españoles que tuvieron que exiliarse a causa de sus ideas políticas, religiosas o de su orientación sexual durante la Guerra Civil y el franquismo -como recoge la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática- sino que extiende ese derecho a todas las personas con un padre, un abuelo, un bisabuelo o incluso un tatarabuelo español emigrado.

El Gobierno tiene ahora tres meses para responder a la solicitud del PP y, si accede a esa revisión, será el Consejo de Estado quien deba emitir un informe vinculante. Los populares albergan pocas esperanzas a que eso suceda y apuestan por el silencio administrativo. "Vamos a hacer toda la presión política para que quede claro que el Gobierno puede responder pero no lo hace", insisten en la dirección nacional.

El PP exige además al Gobierno que paralice todas las nacionalizaciones y que no se produzcan nuevas incorporaciones al censo después de que el pasado jueves la Junta Electoral Central pidiese aclaraciones al Instituto Nacional de Estadística sobre los empadronamientos. "La resolución ha sido bastante esclarecedora", señaló Ezcurra, quien detalló cómo la JEC "duda del proceso de concesión" de estas nacionalidades, reconoce que no es el órgano competente para revocar leyes y entiende que "la instrucción se extralimita". Además de reclamar a la oficina del censo que "aclare con criterios homogéneos cómo va a ser el proceso de adscripción a la circunscripción". "Esperamos que el Gobierno paralice la inscripción hasta que se aclaren estos criterios homogéneos", zanjó.