El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz interrogará el 9 de septiembre como investigada a la gerente del PSOE, Ana María Fuentes Pacheco, por su presunta intervención en la financiación de las supuestas 'cloacas' de Ferraz. Según los informes de la Unidad Central Operativa (UCO), la trama de la exmilitante socialista Leire Díez habría tratado de desestabilizar procedimientos que afectaban al partido, al Gobierno y al entorno familiar del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez. Deberá comparecer a las 10.00 horas. Treinta minutos después, comparecerá ante la sala el abogado Ismael Oliver Romero, una de las personas que la Guardia Civil sitúa como cabecilla de la red.

Fuentes deberá responder por las notas de encargo utilizadas para justificar pagos del PSOE a Oliver y Jacobo Teijelo, el otro letrado vinculado a la 'cloaca', según los investigadores. Oliver endrá que explicar el circuito económico que llevó dinero a Leire Díez, la 'fontanera' y su participación en las actuaciones contra la Guardia Civil.

La UCO atribuyó inicialmente a Fuentes posibles delitos de organización criminal y falsedad en documento mercantil. Los investigadores sostienen que, como directora gerente, habría elaborado, con la intermediación de Leire y bajo las directrices de Santos Cerdán, dos notas destinadas a dar cobertura formal a servicios que no se habrían prestado en los términos reflejados. Una correspondía a Estudio Jurídico I. Oliver & Partners, el despacho de Ismael Oliver, y la otra a Teijelo.

Pedraz matizó después el alcance provisional de los indicios. En el auto del 10 de julio, en el que rechazó clonar el móvil de la gerente como solicitaba la Guardia Civil, señaló que su actuación conocida se concentraba en unas "posibles mendaces notas de encargo". El juez la sitúa, por ahora, en una intervención "concreta y auxiliar", compatible con una falsedad mercantil y más próxima a la coautoría o complicidad que a una responsabilidad principal en la organización. Ana María Fuentes, no obstante, se ha mantenido en el procedimiento como investigada.

El pago que conecta a la gerente de 'Ferraz' con Oliver asciende hasta los 27.225 euros, 22.500 más IVA. La nota de encargo, fechada a 2 de septiembre de 2024 y rubricada por Fuentes, contrataba al despacho para asesoramiento, análisis jurídico, reuniones e informes. Establecía un máximo de 4.500 euros mensuales, por lo que la factura hallada equivalía en realidad a cinco mensualidades.

LEIRE DÍEZ COMO DESTINATARIA DEL PAGO

 La Guardia Civil considera que esa relación comercial fue simulada y que la destinataria final era Leire Díez. El 15 de enero de 2025, la conocida como 'fontanera del PSOE' indicó a Oliver la base imponible, el IVA y el total. Cuando el abogado preguntó si sería una sola factura, ella respondió: "Sí, luego ya las hago mensuales". También acordaron emplear como conceptos "consultoría legal y mercantil" y "consultoría en comunicación".

Leire facturó a Oliver Gruppe el mismo importe y recibió los 27.225 euros en su cuenta el 28 de enero. Antes escribió al abogado: "Te llevo la factura en mano mejor. Cuanto menos correo, casi mejor". El 3 de febrero, Oliver comunicó que el PSOE aún no había pagado. Díez respondió que acababa de preguntar al "jefe", identificado por la UCO como Cerdán, y le remitió la nota: "Esta es la nota de encargo que me manda jefe. Ya han ordenado pago, pero la necesitan".

IMPUTACIÓN A OLIVER

La imputación de Oliver va más allá del dinero. La UCO sitúa su entrada en la organización en noviembre de 2024, cuando Cerdán y Leire habrían modificado la "estrategia jurídica del partido" tras la salida de prisión de Víctor de Aldama y su confesión. Según los mensajes, Oliver asumió la defensa de Koldo García después de una reunión con Cerdán. Leire relató a Vicente Fernández: "Se queda con Ismael" y "hoy se ha reunido con S y le ha dicho que tiene que ser Ismael y que yo dirijo toda la estrategia".

Los agentes sostienen que aquella defensa fue utilizada para presentar denuncias contra la UCO. En abril de 2025, Oliver comunicó a Leire que ya habían presentado cinco denuncias ante el fiscal general, una contra la unidad investigadora. En otro mensaje afirmó que la UCO participaba en un "golpe de Estado blando" y reclamó investigaciones internas en la Guardia Civil y Transportes.

La UCO también le atribuye participación en el supuesto ofrecimiento económico para modificar o impedir el testimonio de la empresaria Carmen Pano, que asegura que llevó 90.000 euros en bolsas de papel a la sede de Ferraz por orden de Víctor de Aldama.